El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha afirmado este jueves que el Gobierno está estudiando la posibilidad de implantar medidas alternativas a los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) en distintos sectores para hacer frente a los problemas provocados por la pandemia.
Así lo ha señalado en Los Desayunos de Europa Press, donde ha resaltado también que es en el ámbito de las comunidades autónomas donde se tiene la posibilidad de diseñar estas políticas, ya que «tienen herramientas y financiación para hacerlo».
Escrivá ha subrayado que es verdad que la hostelería está siendo «muy golpeada» por la pandemia y que lo lleva haciendo desde el principio de la crisis, pero ha dejado claro que no ha sido así en toda la geografía española, ya que «la demanda nacional ha sido muy importante y sigue pujante».
UN AÑO MUY MALO
No obstante, ha reconocido que es un año «muy malo» de caída de empleo en el sector de la hostelería, pero ha pedido tener en cuenta la estacionalidad del mes de octubre por el fin de la campaña de verano.
«Es verdad que a partir de ahora estamos teniendo restricciones, pero tenemos la opción de los ERTE de impedimento«, ha señalado, tras afirmar que la próxima semana se sabrá cuántas empresas se adhieren a esta ayuda.
El titular del Ministerio de Seguridad Social ha insistido también en que se va a seguir dando protección al tejido productivo afectado «el tiempo que haga falta» mientras se normaliza la situación. La idea de los ERTE de impedimento, según Escrivá, ha sido la de mantener a los que no han podido volver y dar a las empresas y actividades económicas que se vean afectadas un sistema de protección «muy importante».
«En enero habrá que ver en qué punto estamos de la pandemia y las expectativas. Hay que seguir manteniendo la política que ha dado sus frutos el tiempo que haga falta hasta que se recupere completamente la actividad y vuelva la demanda perdida transitoriamente», ha apostillado.
MENOS DE 60.000 PERSONAS EN ERTE
Sobre los ERTE, cuyo coste desde marzo ha cifrado en 23.000 millones de euros, Escrivá ha dicho que se ha recuperado ya al 85% de los trabajadores que estaban acogidos a esta prestación. Hoy quedan en ERTE algo menos de 600.000 personas y, de ellas, «una parte significativa está trabajando parcialmente». Según Escrivá, los inactivos son un porcentaje «relativamente pequeño» que está concentrado en los sectores que todavía siguen parados: hoteles, determinadas áreas del transporte, agencias de viaje u ocio nocturno, entre otros.
«Ahí está concentrada la parte que tenemos que seguir protegiendo y manteniendo para que cuando llegue la vacuna puedan retornar a la actividad de forma plena», ha resaltado, tras indicar que del millón de empleos que se destruyó, se han perdido 400.000 y se han recuperado 600.000 empleos netos.
El ministro también ha aprovechado para afirmar que en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) no están contemplados fondos adicionales para las medidas puestas en marcha para hacer frente a la pandemia, pero que «esto no quiere decir que no se vayan a preparar partidas adicionales si hace falta».
«Ningún país de nuestro entorno tiene reglas fiscales y si no las hay es porque es extraordinariamente difícil hacer previsiones sobre las necesidades fiscales. La prioridad tiene que ser apoyar y proteger al tejido productivo con políticas específicas, hay que tener flexibilidad para movernos», ha incidido.
INCENTIVOS PARA LA JUBILACIÓN
Por otro lado, en materia de pensiones, ha remarcado que el Ministerio ha hecho encuestas, en las que se ha puesto de manifiesto que las personas que están a punto de jubilarse estarían dispuestas a prolongar su edad de jubilación si obtienen un pago de una sola vez al principio en vez de recibir un incremento gradual de la pensión.
«Esto les puede resultar más gratificante que un incremento adicional de pensión», según ha trasladado Escrivá, quien ha asegurado que se tiene que sentar con los agentes sociales e ir trabajando, durante las próximas semanas, en ello. Desde su punto de vista, el sistema de jubilaciones anticipadas está «mal diseñado y es muy regresivo».
Asimismo, ha dejado claro que España es un país que dedica «pocos recursos» a la jubilación demorada y que hay personas que estarían dispuestas a demorar su jubilación si se dan incentivos para trabajar más allá de la edad legal de jubilación y esto «ayuda a la sostenibilidad del sistema».
VARIAS OPCIONES
«Tendremos muy pronto varias opciones«, según ha señalado, tras apuntar que «existen fórmulas en estos momentos que son claramente desconocidas». También aboga por publicitar mejor las que ya existen y considera que el margen que hay para crear incentivos apropiados a demorar la edad de jubilación es «muy amplio» en el caso español.
Sobre la fórmula de revalorización de las pensiones, ha asegurado que estará ligado al índice de precios al consumo (IPC) y que se está dando vueltas a una fórmula que estará en la Ley General de Seguridad Social.
Por último, ha valorado que la reforma de las pensiones de 2011 ha dado sostenibilidad al sistema y ha señalado que la idea es diseñar el factor de sostenibilidad, que tiene en cuenta la esperanza de vida, sobre lo establecido en dicha reforma.
