UGT ha advertido de que la política de reversión de las actuales concesiones de autopistas por parte del Gobierno supondrá la eliminación de hasta 1.000 puestos de trabajo y un coste de 500 millones de euros.
El sindicato recuerda que, desde 2018, se han revertido al Estado 467,6 kilómetros de autopistas a través de los tramos de la AP-1 y AP-7 que unen Burgos y Armiñón y Tarragona y Alicante, respectivamente, y la AP-4 (Sevilla-Cádiz).
En agosto de 2021 el Gobierno revertirá también el tramo de la AP-7 que une Tarragona con la frontera de Francia y el de la AP-2 que une Zaragoza con la Costa Dorada, es decir otros 474,5 kilómetros en total, a los que se suma el fin de concesión de la C-31 y la C-32 –66,5 kilómetros–.
Actualmente, solo el 8% de la red del Estado se financia con cargo al usuario de la vía, una cifra que tenderá a bajar con ocasión del fin del plazo concesional de varias autopistas. Por lo tanto, el sindicato recuerda que en el 92% de la red de carreteras del Estado «es imposible asegurar el cumplimiento del principio de quien contamina paga».
«Creemos que esta no es la dirección correcta, este país necesita debatir y consensuar la necesidad de internalizar los costes del transporte por carretera y establecer un modelo alternativo para la financiación de la conservación y mantenimiento de la red viaria; un modelo que esté en línea con la estrategia de movilidad segura, sostenible y conectada y, especialmente, con la prioridad del gasto social», asegura UGT.
Para el sindicato, el plan correcto pasa por establecer garantías de subrogación frente a procesos «de ida y vuelta» del sector privado al sector público y viceversa, así como planes de formación para que los profesionales del sector se puedan adaptar a los nuevos requerimientos de servicio al ciudadano.
