La representación legal de la multinacional Alcoa ha apelado a la existencia de «pérdidas severas y recurrentes» para rechazar las medidas cautelares planteadas por los sindicatos CIG, CC.OO. y UGT, junto al comité de empresa de la fábrica de Cervo (Lugo), para paralizar temporalmente el expediente de regulación de empleo (ERE) para 524 trabajadores.
La cautelar pide, en concreto, la intervención o administración judicial de la planta de aluminio por parte de la SEPI (sociedad estatal de participaciones industriales) y «subsidiariamente que se ordene a Alcoa no comenzar con la paralización de las cubas y en consecuencia no ejecutar los despidos individuales en tanto no exista sentencia firme».
En su exposición ante los magistrados del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), el abogado de la parte demandada — Aluminio Español S.A. y Alcoa Inespal Coruña S.L– ha cifrado en 170 millones las pérdidas en los últimos tres años, incluidas las del actual ejercicio, que ha cifrado en 58 millones. «En las que no está incluido el impacto de la huelga», ha precisado sobre las protestas de los trabajadores.
«Hay una causa estructural», ha dicho para justificar el despido colectivo, del que ha rechazado que obedezca a un «capricho». «No se puede obligar a Alcoa a vender sí o sí», ha añadido sobre el interés de Liberty House, cuyas exigencias para la compra ha cuestionado.
Otro de los argumentos a los que ha aludido ha sido el coste energético y la falta de un estatuto electrointensivo. «El 40% de los costes total de la planta, entre 10 y 17 millones de euros cada mes», ha cuantificado.
INTERVENCIÓN DE LA PLANTA
A la cuestión de la intervención o administración judicial de la planta por parte de la SEPI, se ha referido el abogado del Estado, que representa al Ministerio de Industria. En su intervención, no ha considerado «adecuado» plantear una medida «de este calibre» por no estar en el procedimiento representada la SEPI, de la que ha dicho que es «una entidad con personalidad jurídica propia y diferenciada de la Administracion General del Estado»
«No es la más adecuada y la que mejor se ajusta al caso», ha dicho en base a este argumento. Con todo, ha trasladado el ofrecimiento del Ministerio de Indutria para buscar una solución «pactada» al conflicto entre las partes en su condición de «mediador cualificado».
Y es que, sobre la intervención, el letrado ha precisado que es un término que «puede ser utilizado en otros contextos como sinónimo o de expropiación o de nacionalización», pero ha apuntado que son «opciones» que «no son objeto de este procedimiento». «No parece adecuado que se adopte una medida de este calibre sin oirla previamente», ha dicho sobre la SEPI.
SITUACIÓN DE LAS CUBAS
La situación de las cubas y el precio de la energía han centrado parte de las intervenciones de las partes y de las testificales. El representante de la multinacional ha manifestado que son «el foco fundamental de las pérdidas». «Pérdidas de más de un millón de euros por semana», ha expuesto sobre unas cifras respaldadas por los peritos aportados por esta parte y cuestionadas por los de los sindicatos.
La «mala fe», planteada por los demandantes, ha sido otra de las cuestiones tratadas. A ella, se ha referido, en su declaración como testigo, el presidente del comité de empresa de la fábrica, José Antonio Zan, quien acusó a la multinacional de «mentir desde el primer momento».
«Ocultación», ha resumido, a su vez, el secretario xeral de la CIG, Paulo Carril, sobre el procedimiento de la empresa en las negociaciones y al ser preguntado por la información facilitada cuando Liberty House se interesó en comprar la fábrica y hacerlo con las cubas en funcionamiento.
«Hubo un entorpecimiento al proceso», ha expuesto en línea con lo manifestado por el presidente del comité de empresa, quien, como otro trabajador que ha declarado, ha cuestionado que pueda retomarse la actividad de las cubas con normalidad una vez que se paralice las mismas, aludiendo a cuestiones como la falta de inversiones en 20 años.
ESTADO Y XUNTA
A ello, se ha referido también el abogado del Estado quien ha cuestionado que el rearranque de las mismas pueda producirse «con la misma calidad o el mismo nivel productivo». «Un simple trágala por parte de la empresa a los representantes de los trabajadores», ha añadido el letrado de la Xunta sobre las negociaciones.
VALORACIÓN DEL COMITÉ
Tras la sesión celebrada en la jornada de mañana, el presidente del comité de empresa de San Cibrao ha considerado un «fracaso como país» que se haya tenido que recurrir a los tribunales.
Así, ha denunciado la «inacción de dos gobiernos –en referencia a Xunta y Gobierno central– que son los que tienen que intervenir la empresa», ha vuelto a pedir. «Y decir basta ya a Alcoa», ha argumentado convencido de que les concederán las medidas cautelares planteadas. «No se puede tirar al cubo de la basura todas las propuestas», ha dicho sobre las opciones de venta.
