La sala de lo social del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) celebrará el próximo miércoles 28 de octubre, a las 9,30 horas, una vista para sustanciar la petición de medidas cautelares para paralizar el expediente de regulación de empleo (ERE) a 524 trabajadores de Alcoa en la fábrica de Cervo (Lugo).
De ello informan las centrales sindicales CIG, CC.OO. y UGT, que, junto al comité de empresa de la factoría de A Mariña, pretenden impedir con estas medidas cautelares que la multinacional inicie el proceso de parada de las cubas de electrólisis.
Por su parte, el TSXG concreta que en el procedimiento figuran como demandantes estos tres sindicatos y como demandados Aluminio Español S.A. y Alcoa Inespal Coruña S.L. Además, la Consellería de Economía, Empresa e Innovación y el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo intervienen como «partes interesadas.
Para evitar los desplazamientos innecesarios a la sede judicial debido a la crisis sanitaria de la covid-19, indica que la audiencia se podrá seguir en directo a través de ‘streaming’.
«DAÑO IRREVERSIBLE»
«Permitir que Alcoa comience con el apagado de las cubas supondría un daño irreversible en las capacidades productivas de la fábrica de San Cibrao y lastraría cualquier posible salida para garantizar la continuidad de los empleos y de la producción», advierten las organizaciones.
Por eso, «más allá de la decisión que adopte el alto tribunal gallego», ven «preciso una actuación firme, decidida e inmediata» por parte de las administraciones públicas, para «intervenir la fábrica y para apartar a la dirección de Alcoa de la toma de decisiones, teniendo en cuenta que ya confirmó su intención de ejecutar el ERE y desmantelar el complejo industrial».
MESA MULTILATERAL
En este contexto, los sindicatos van a solicitar también «reunión urgente» de la mesa multilateral con Xunta y Gobierno central, para «poner en común las acciones a seguir.
Al respecto, quieren conocer «qué trabajos concretos» hicieron el Ministerio de Industria y el Ejecutivo autonómico desde el último encuentro para «efectivizar la intervención» y «cómo tienen previsto afrontar esta intervención si el TSXG asume las medidas cautelares y qué alternativa baraja en caso contrario».
«A estas alturas, no valen las medidas tintas ni más declaraciones de intenciones, las actuaciones tienen que ser firmes y tienen que realizarse ya. Ni el Gobierno español ni el Gobierno gallego pueden permitir que el futuro de toda una comarca y de un sector industrial estratégico como el aluminio quede al arbitrio de las decisiones de una empresa privada», finalizan.
La cautelar, en concreto, pide la intervención o administración judicial de la planta de aluminio por parte de la SEPI (sociedad estatal de participaciones industriales) y «subsidiariamente que se ordene a Alcoa no comenzar con la paralización de las cubas y en consecuencia no ejecutar los despidos individuales en tanto no exista sentencia firme».
VENTA FALLIDA
El ERE al que se oponen los trabajadores, en huelga indefinida desde hace días, llega después de un proceso de negociación fallido para la venta de la fábrica de A Mariña de Lugo a Liberty House.
En un último momento fue el Gobierno, a través de la SEPI, el que intentó adquirirla, pero la empresa también rechazó la oferta, entre acusaciones de ambas administraciones (la central y la gallega) de actuar «con mala fe» y para evitar tener un competidor en el mercado del aluminio.
