Las compañías españolas de infraestructuras han contratado concesiones internacionales por valor de 61.066 millones de euros en todo el mundo durante los últimos cinco años, de los que solo 1.577 millones, es decir, el 2,5% del total, pertenecen a proyectos surgidos de la colaboración público-privada en España.
Según datos de la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan), la actividad concesionaria en el país realizada por empresas españolas es hasta seis veces inferior a la desempeñada en otros países como Australia, Canadá o Estados Unidos.
En concreto, de los 38 países que canalizan esos 61.066 millones de euros a través del modelo concesional con compañías españolas, estos tres países concentran más de la mitad del importe (31.248 millones), seguido del grupo formado por Colombia, México, Reino Unido y Chile, con 9.830 millones de euros.
La patronal ofrece tres razones que explicarían por qué en España no se fomenta este modelo, frente a otros países. En primer lugar, cree que hay una regulación «inadecuada«, tras la entrada en vigor de una ley de desindexación de 2015 que «desincentiva la captación de inversión privada.
Asimismo, cree que existen interpretaciones jurídicas «restrictivas» como, por ejemplo, no considerar cualquier canon concesional inicial en el epígrafe de inversión para la obtención del plazo de la concesión, y alude a la «falta de voluntad política» como la inactividad de la Oficina Nacional de Evaluación, creada en 2018, cuyos informes son preceptivos para confirmar la viabilidad de cualquier concesión que precise de fondos públicos.
Por todo ello, Seopan advierte de que no resolver este «grave problema» implica no seguir las recomendaciones de la Comisión Europea para impulsar la financiación privada en España y no maximizar los objetivos en la presentación de proyectos a la línea de préstamos del fondo europeo.
En este sentido, el presidente de la patronal, Julián Núñez, asegura que la colaboración público-privada «constituye una eficaz herramienta para presentar proyectos que puedan beneficiarse del Fondo de Reconstrucción Europeo». Este fondo incluye más de 53.000 millones de euros en préstamos para apoyar financieramente la ejecución de planes de recuperación y resiliencia, como las reformas e inversiones, que deberán solicitarse antes de agosto de 2024.
Según un estudio de la Universidad Politécnica de Madrid coordinado por el catedrático José Manuel Vassallo sobre los beneficios sociales del modelo de concesión en la gestión de carreteras, la colaboración público-privada aporta mayores beneficios que la financiación de proyectos por la vía del presupuesto público.
Por ejemplo, tienen una menor dependencia de restricciones presupuestarias, los proyectos los desarrolla una única empresa con el incentivo de ser eficiente al estar en juego la inversión privada y de cumplir con los plazos par recibir incentivos, así como la vinculación existente de los ingresos futuros con la calidad del servicio.
Por último, el estudio también aborda el supuesto de una eventual implantación de pago por uso de las carreteras gestionado por una entidad pública, concluyendo que los problemas frente a un modelo concesional serían «muy similares», aunque las inversiones llevadas a cabo por las entidades públicas podrían conllevar «importantes sobrecostes y retrasos frente a otros procedimientos de contratación».
