El Gobierno salió al rescate de más de dos millones de españoles afectados por las tarjetas revolving el pasado 27 de julio. Ese día, el Ministerio de Economía presentó una nueva normativa enfocada tanto a aumentar la transparencia hacia el consumidor que quiera contratar este producto, como a reforzar los análisis de solvencia de los clientes por parte de las entidades.
La norma, que entrará en vigor el 2 de enero de 2021, obliga a las entidades financieras a ofrecer más información precontractual para que el usuario sepa qué es lo que está firmando, y lo que va a pagar, visualizando su coste o rendimiento en términos TAE. Además, la entidad debe remitir al cliente cada tres meses la información sobre su crédito y la fecha estimada de finalización del pago. Y en todo caso, el prestatario tendrá la posibilidad de solicitar en cualquier momento esta información.
Asimismo, se establece la obligación de la entidad de informar previamente al prestatario de cada ampliación del límite de crédito no solicitado por el cliente, incluyendo la nueva cuota y la deuda acumulada. Y todo, después de que el pasado 4 de marzo, el Tribunal Supremo se pronunciara también sobre los intereses de estas tarjetas, señalando que son usura cuando superen el 20%. Y de superarse, el contrato debe ser anulado.
EL BANCO DE ESPAÑA AVISA
En plena cuenta atrás para que la norma entre en vigor, el Banco de España avisa de que al menos hay 24 entidades que de momento no están cumpliendo con lo que dentro de tres meses será obligatorio, así que durante el verano les remitió escritos con varios requerimientos y recomendaciones en relación a la comercialización y contratación de tarjetas revolving.
Además, continúa profundizando su estudio sobre otras dos entidades financieras. Es decir, prácticamente ninguna de las entidades activas en este mercado está adaptándose de momento la normativa de transparencia de las tarjetas, ya que el análisis se realizó sobre 26 compañías supervisadas.
El Banco de España pretende mejorar las condiciones en la comercialización de las revolving, ya sea desde la información publicitaria y la obligación de las entidades de proporcionar explicaciones adecuadas a los clientes, hasta la información precontractual que han de facilitar o la relación que han de mantener con los clientes una vez se contrata la tarjeta.
¿QUÉ DICE LA BANCA?
Toda los bancos tienen exposición a este producto financiero, pero WiZink, Bankinter, CaixaBank o Santander son los que más denuncias acumulan. Estas tarjetas también las comercializan Carrefour, Cepsa, Alcampo, Decathlon o Iberia (aunque siempre van asociadas a una entidad financiera) de manera que hay millones de afectados.
Tras la advertencia del Supremo y del BdE, todos los bancos defendieron durante la última presentación de resultados que han reducido su exposición, y que además, su peso es minúsculo. Por ejemplo, en Bankinter ha pasado de un 1,15% a un 0,94% entre diciembre de 2019 y junio de 2020. En Bankia su peso es del 0,4% y en CaixaBank, Sabadell, Santander o BBVA del 0,3%.
Todos reconocen que la cifra es muy marginal, pero no pueden desprenderse del producto, más que nada, porque los clientes que la quieren pueden entonces optar por sustitutivos. Y al final, es peor el remedio que la enfermedad. Por ello quieren seguir ofreciéndolas a los clientes pero con los criterios que marca la ley, es decir, con total transparencia.
Será a finales de este mes de octubre, durante la presentación de resultados del tercer trimestre, cuando se vea si el peso ha seguido bajando, cuánto ocupa en su cartera y si ha aumentado o no el interés en tiempos de pandemia.
