La Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo inicia este miércoles la recta final hacia la renovación definitiva de sus recomendaciones, con el inicio de las negociaciones para acordar cambios en el borrador alcanzado en la última legislatura efectiva.
Así, según han informado fuentes parlamentarias, la presidenta de la Comisión, la exministra Magdalena Valerio, ha dado hasta el martes a los grupos para enviar sus propuestas con cambios a este borrador, con la previsión de celebrar reuniones el miércoles y el jueves.
Será la primera vez, desde el inicio de la actividad parlamentaria en la legislatura, que la Comisión comience a especificar los cambios que quiere respecto al borrador que los grupos decidieron respetar para no perder todos los avances de la pasada legislatura.
Pese a la resistencia de muchos portavoces, especialmente entre las personas más veteranas de la comisión, a marcar tiempos, varios representantes de los grupos anticipan la inevitabilidad de un acuerdo cercano para cerrar las recomendaciones. Máxime cuando existe cierta sensación de consenso respecto a los objetivos destacados en el resumen ejecutivo de estas recomendaciones, que los grupos solicitaron al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Mes, mes y medio» o «dos o tres semanas» son algunos de los plazos que dan portavoces en conversaciones informales, y en los que comentan que el Gobierno, además de estar interesado en presentar un acuerdo, también busca acometer reformas en el sistema público de pensiones en sus próximos Presupuestos, con las primeras medidas.
Es el caso, por ejemplo, de la operación para sacar de las cuentas de la Seguridad Social los identificados como gastos impropios, que deben pasar a financiarse vía Presupuestos y que rondan los 20.000 millones de euros –el ministro José Luis Escrivá cifró en cerca de 23.000 millones gastos «indiscutiblemente impropios» ante la propia Comisión–.
El titular de Seguridad Social además cifró en 2023 la fecha para llegar a una situación equilibrada al respecto de estos gastos, acelerando un proceso para el que las recomendaciones otorgaban un mayor margen.
En todo caso, hay grupos que no ven incompatible adoptar medidas a la espera de un acuerdo, recordando que la separación de fuentes de financiación ya se prevé en las recomendaciones que están en vigor, correspondientes al año 2011.
«No tiene excusa para meter en sus Presupuestos gastos impropios, independientemente de se aprueben antes o después las recomendaciones», señalan desde el PP, donde creen, de hecho, que iniciar esta medida «sería un buen gesto».
Durante estos meses, los grupos sí han planteado e introducido cambios puntuales, como para reconocer un tratamiento diferente a las prestaciones por discapacidades, o el reconocimiento a parejas de hecho o las pensiones de viudedad, al igual que para atender reivindicaciones a la asociación Asjubi 40, que pelea contra las penalizaciones a jubilaciones anticipada, en muchas ocasiones de manera forzada, pese a largas carreras de cotización.
Entre las cuestiones que faltan por definir está cómo afectará la gestión de las pensiones de las clases pasivas, cuyo traspaso aprobó el Gobierno en uno de sus decretos leyes aprobados durante la emergencia de la pandemia y que, si acaban entrando en el Pacto de Toledo, se asegurará que no implique ninguna merma de derechos adquiridos.
En el caso de las penalizaciones por jubilación anticipada, también está en el aire si se plasma un mayor compromiso contra estos recortes en la pensión, ya que el borrador se queda en solicitar un estudio y la posibilidad de determinar fórmulas que distingan entre jubilaciones forzadas por la crisis o voluntarias.
