Justo en la víspera de las movilizaciones convocadas por el sector aeronáutico para este 22 de septiembre, el Ministerio de Industria liderado por Reyes Maroto reaccionaba con un primer paso: se ha comprometido a tramitar la convocatoria de la mesa sectorial esta misma semana, tal y como demandaba el sector. Los despidos en juego en Airbus, Indra, ITP, Aciturri -matriz de Alestis- y Aernnova han abocado al sector a la huelga. Los sindicatos critican con dureza las contradicciones en las que incurre el Gobierno con las empresas participadas por el Estado, como Airbus y Alestis.
En cualquier caso, y pese al gesto mostrado desde el Ministerio, las movilizaciones siguen en pie mientras sigan también su curso las mesas de negociación de EREs de empresas como Alestis, Aciturri e ITP, además de la amenaza de Airbus de iniciar el mismo proceso de Expediente de Regulación de Empleo, en los próximos días. Los trabajadores exigen un movimiento contundente del Gobierno, con especial atención a las empresas en las que la propia Administración es accionista.
A través de una carta interna a los empleados, que trascendía la semana pasada, el consejero delegado de Airbus, Guillaume Faury, anunciaba que era “poco probable” que las salidas voluntarias acordadas fueran “suficientes” y remarcaba la necesidad de realizar ajustes en la plantilla teniendo en cuenta el descenso de los ingresos provocados por la pandemia, una medida que supondría el despido de unos 15.000 empleados.
En resumen, Airbus plantea más despidos de los programados en España pese a las ayudas comprometidas por el Gobierno, en acuerdo suscrito con Airbus, en el que se reafirmaba el “carácter estratégico” del sector de la aeronáutica y la defensa, que concentra el 7,3% del PIB industrial, factura unos 13.040 millones de euros y genera más de 150.000 empleos, de los cuales 57.618 son directos en más de 696 centros productivos.
El nuevo ajuste anunciado por Airbus, se plantea por la insuficiencia de los despedidos previstos para afrontar un escenario productivo de “no reactivación del largo radio”. En concreto, la misiva del directivo francés refleja que la compañía sigue necesitando medidas acondicionadas al contexto actual para recuperar el equilibrio industrial y financiero, por lo que está adaptando la producción, las adquisiciones, los proyectos, las inversiones y, “lamentablemente, la plantilla”.
El pasado mes de marzo se empezó a hablar de los primeros ajustes en la División de Defensa a consecuencia de la decisión del Ejecutivo español de optar por Indra para coordinar el Programa Europeo de Defensa FCAS (Future Combat Air System). Mas tarde, la irrupción del coronavirus y su demoledor impacto en la aviación comercial aceleró el proceso de ajustes anunciado en Airbus y arrastró en cascada a la industria aeronáutica.
El pasado junio, la compañía anunció un recorte de 15.000 empleos en todo el mundo antes del verano de 2021, de los que al menos 900 serían de las bases españolas, puesto que la producción había caído un 40% como consecuencia de la pandemia de coronavirus. A esto se suma el plan de recortes anunciado anteriormente para el segmento de Defensa y Espacio, donde planea recortar 2.664 empleos, 772 en España. En total, las plantas españolas verían recortada su plantilla en 1.600 puestos de trabajo.
Ni el principio de acuerdo entre el Gobierno de España y el fabricante francés sellado en julio, ni las ayudas previstas de Europa a un sector considerado “estratégico” parecen haber frenado los procesos de ERE iniciados en la industria.
HUELGA PARA EXIGIR MEDIDAS URGENTES
Precisamente la huelga general del sector aeroespacial programada para este martes 22 de septiembre se convoca para reclamar a la Administración medidas “urgentes” que protejan este sector en España y sus empleos, rechazando la implantación de los expedientes de regulación de empleo (ERE).
Las organizaciones sindicales argumentan que el dinero de los contribuyentes debe utilizarse para apoyar al sector, las empresas y el mantenimiento de los empleos, en lugar de ir a parar a los accionistas. “Esto es aún más perentorio en compañías como Alestis o Airbus, donde a través de SEPI, la propia Administración es accionista”, han manifestado fuentes sindicales.
Por eso, “los trabajadores se movilizan contra el Gobierno y no contra las empresas” asegura a MERCA2 el responsable federal del sector aeronáutico en FICA-UGT, Juan Antonio Vázquez. “No puede haber cientos de millones para incentivar empresas semipúblicas, en las que el propio Estado tiene acciones en su capital, y que luego sirvan para desmantelar tejido industrial“, ha explicado el también delegado en el comité de empresa de Airbus Tablada.
Vázquez tacha de “contradicción” que el Gobierno trabaje para prolongar los ERTEs más allá del 30 de septiembre en la empresa privada y, por otra parte, como accionista a través de la empresa pública SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) permita la aplicación de los expedientes de empleo en empresas participadas por el Estado como Airbus y Alestis.
En otras palabras, Vázquez exige al ejecutivo de Sánchez que promueva acuerdos entre la administración y entre las empresas y los sindicatos para no perder empleo e insiste en que se trata de empresas en las que el Estado es accionista. Alestis, proveedor de Airbus y Boeing, tiene a la SEPI como socio con el 24% y en el caso de Airbus el porcentaje de participación supera el 4%.
No se entiende que desde el Gobierno no se frenen los recortes o se permita que estas empresas semipúblicas con capital público, “acometan procesos de EREs con la destrucción de empleo que conllevan” y, sin embargo, “se destine dinero público a empresas privadas para aplicar medidas de mantenimiento del empleo”. Para los representantes de los trabajadores resulta incoherente “que precisamente en las empresas participadas por el Gobierno, con parte de capital, se apliquen medidas que ponen en riesgo la viabilidad de las empresas”, concluyen.
COMPROMISOS DEL GOBIERNO
Entre las medidas acordadas, el Gobierno se comprometió a impulsar un Plan Tecnológico Aeronáutico (PTA), ligado a los Fondos de Recuperación de la Unión Europea, que será gestionado por la Agencia Española de Innovación (CDTI), dotado con una asignación presupuestaria de 25 millones en 2020, 40 millones en 2021, 80 millones en 2022 y 40 millones en 2023. En total, 185 millones en cuatro años.
Estas cantidades, junto a otras medidas y a las ayudas parcialmente Reembolsables (APRs), cuyo volumen disponible puede superar los 50 millones de euros anuales, “permiten financiar el mantenimiento y el refuerzo de las actuales capacidades del sector aeronáutico y de defensa en España y preparar la próxima generación de tecnologías de energías sostenibles y cero emisiones”. En su conjunto, se estima que estas ayudas movilizaran proyectos por un importe superior a los 150 millones de euros anuales.
