Todo lo que tenga que ver con Abertis, anótenlo, porque va a ser la gran operación del 2018 en España. Y será una carrera de fondo donde el ganador, si algo tiene que demostrar, será resistencia y resilencia.
Hay actos fallidos dirigidos por el subconsciente, heridas que nunca cierran y hasta venganzas que se toman en frío. El problema llega cuando son dirigentes que gestionan la Administración Pública los que se dejan llevar por las bajas pasiones, y al final son las instituciones y su credibilidad lo que está en juego. La sorda lucha subterránea desde el ejecutivo por la OPA de Abertis está a punto de llevar a los tribunales al Gobierno contra la institución que gestiona los mercados de valores, la CNMV. Paradójicamente esta institución está controlada por el propio Gobierno español. Y, en medio de esto, el dilucidar quién y cómo va a gestionar las autopistas españolas, los satélites y otras minucias, para algunos parece lo menos importante.
El Consejo de la Comisión Nacional de Mercado de Valores (CNMV) se tuvo que reunir casi clandestinamente antes de Reyes para conseguir consenso frente al desafío que planteaba el propio Gobierno. De esa tensa reunión, en la que un informe interno de la asesoría jurídica pesó como una losa encima la mesa, salió otro Consejo la semana pasada, en la que la CNMV desairaba al Gobierno y decidía seguir tramitando la oferta de la italiana Atlantis. ¿Pero que se está jugando debajo del tablero, qué mueve semejante contradicción interna?
La historia se remonta a los primeros años 2000 y tiene como protagonistas a Manuel Pizarro, José Luis Rodríguez Zapatero, Pedro Solbes y Miguel Sebastián. La OPA de Enel por Endesa. Una propuesta italiana frente a otra alemana, la de Eon. ¿Les suena? Choque de trenes entre el PP –proalemán, y dirigido por Pizarro– y el PSOE, proitaliano. Ganó Italia, tras una guerra de desgaste que dejó tocada internamente a la CNMV, cuyos informes técnicos se veían arrasados al servicio de los intereses de la marejada política. Pues de aquellos barros, estos lodos. Y curiosamente otra vez Italia vs. Alemania.
Un informe jurídico interno de la CNMV desaconsejó a los consejeros por razones legales, plegarse al capricho político
Porque no hay que engañarse. La OPA alternativa a Atlantia no la lidera ACS, sino Hochtief, el gigante alemán de las infraestructuras. Un gigante que hoy controla accionarialmente la compañía de Florentino Pérez, pero que si cristaliza la OPA el capital español quedará diluido en el accionariado pasando a a perder la mayoría accionarial. Así lo dice la propia documentación que ACS ha hecho llegar a los inversores, en la que se especifica que en la “nueva Hochtief”, ACS nunca tendría el 50% de la nueva compañía.
Florentino Pérez, seguramente por sentido de la responsabilidad, está encargándose de ser el mascarón de proa de la propuesta alemana por Abertis. Pero como un mascarón de galeón español, va en la proa, visible, atemorizando, pero es madera, y no el hierro de los cañones alemanes. La clave está en que para pagar la factura de esta oferta de acciones (unos 18.000 millones de euros), ni siquiera Hochtief tiene fondos propios suficientes, y por ello va a tener que ampliar capital además de negociar un astronómico crédito de 15.000 millones. Y a esa ampliación de capital, ACS no podrá acudir, por varias razones. La fundamental, es la deuda reconocida de 2.300 millones en junio de 2017, pero además hay un crédito sindicado que maniata al gran grupo constructor y de servicios que dirige Florentino Pérez. Ese crédito, de 2.350 millones (1.400 directos y 950 en una línea de liquidez) se usó, en parte, para pagar la compra de acciones de Hochtief. Estamos ante una pescadilla que se muerde la cola.
Otro punto que no ayuda a clarificar el asunto es el folleto que presentan los alemanes ante la CNMV, ya que no es totalmente claro en el punto de la financiación, y ha generado algunas reticencias y dudas por parte de los técnicos del organismo.
Las presiones políticas a la CNMV para parar la OPA de Atlantia han sido indisimuladas. Un informe técnico desaconseja hacerlo al seno de la CNMV
La CNMV, que preside Sebastián Albella, debería ser por definición, un árbitro en toda esta lucha. Su papel, oficialmente, debe ser velar por los derechos de los accionistas. Albella es un profesional sobradamente contrastado y considerado como un personaje de perfil institucional y “poco político”. Junto a él, otra técnica, Ana María Martínez-Pina, vicepresidenta. El resto de miembros del consejo son Juan Manuel Santos-Suarez Márquez (un veterano nombrado por el PP que fue presidente en funciones), Beatriz Viana (origen en la Agencia Tributaria, influencia Montoro), Ángel Benito Benito (un veterano técnico de la casa), Emma Navarro Aguilera (secretaria General del Tesoro y Política Financiera, del equipo de Guindos), Javier Alonso Ruiz-Ojeda (Subgobernador del Banco de España). Hace de secretario José Miguel Martínez Gimeno, abogado del Estado y jefe de la asesoría jurídica de la CNMV. No por estar listado este último es el menos importante, ya que precisamente su informe sobre la reclamación del Gobierno contra la tramitación de la OPA de Atlantia, ha sido clave. Fundamental tanto para atemorizar a algunos miembros del Consejo, tentados a obedecer ciegamente a su patrón político, como para permitir que se siga adelante en la tramitación.
La paradoja, por tanto, es que en un Consejo que domina el PP –con la confluencia de fuerzas de Guindos y Montoro–, lleno de altos cargos del Gobierno, lleve la contraria a los designios del Gobierno del PP. En todo este entuerto, la preparación técnica de Abella emerge como una de las claves que puede poner a salvo esta operación. Abella se ha mantenido firme hasta la fecha frente a la guerra subterránea de los ministros Nadal y De la Serna contra los italianos.
En el paquete de Abertis hay un regalo que ha complicado todo desde el principio, y se llama Hispasat. La compañía de satélites es la responsable no solo de la difusión de contenidos de entretenimiento, sino muy especialmente de comunicaciones satelitales de diferentes bandas, lo que incluyen las comunicaciones de seguridad, necesarias para el Gobierno y la OTAN. Hispasat es presidida por Elena Pisonero, ex jefa de Gabinete de Rato y antigua secretaria de Estado de Comercio. Por cierto, es la misma que protagonizó una surrealista historia, en la que fue nombrada de facto ministra de Agricultura para sustituir a Loyola de Palacio en tiempos de Aznar, pero solo durante unas horas y en la prensa, el nombramiento se perdió camino del BOE por la enérgica decisión del ex presidente; así quedó compuesta y sin cartera, aunque con el abrazo fraternal de la fallecida Loyola.
Hoy Abertis controla Hispasat con el 57% de las acciones, en las que también esta representado el operador de satélites Eutelsat, el Estado, por medio del CDTI (Centro para el desarrollo Técnico e Industrial) y también la SEPI. Se trata de una compañía estratégica que no puede ser controlada por una empresa extranjera, así como así. Ya adelantó Merca2 los planes para que Hispasat sea adquirida por Red Eléctrica Española y luego lo refrendó días después Abertis publicando un hecho relevante ante la CNMV. La solución de compromiso tras los sudores de Agustín Conde –secretario de Estado de Defensa–, es venderla a Red Eléctrica Española, pero eso no es tan sencillo. Entre otras cosas porque esta venta está sometida a control, ya que puede interferir en el precio final de la energía a los consumidores. El Estado –la SEPI– está valorando esta operación de compra en unos 1.000 millones.
Pero hay una complicación técnica más para este posible “happy end”. La venta de este importante activo –que los italianos realmente no quieren, y saben que no se les permitirá obtener–, podría cambiar el valor de Abertis y altera la regla de neutralidad que debe mantener un Consejo de Administración de una compañía que está siendo “opada”. Y ese detalle podría abrir la puerta a años de litigios posteriores a la operación.
Abertis es un caramelo que gestiona cerca de 8.000 kilómetros de autopistas en el mundo. Y curiosamente solo 1.600 de ellos están en España, aunque unas pocas decenas de ellos, los de la AP-6 y su borrasca de nieve hayan sido los más noticiosos estos días.
Entre enero y septiembre del año pasado la compañía registró un beneficio neto de 735 millones de euros. Pero por encima de las razones económicas, quedan factores mucho más prosaicos. La italianofobia, la germanofilia, los actos fallidos, y las cuentas pendientes.
La venganza se sirve bien fría.
