Las grandes eléctricas han insistido en la necesidad de ampliar o quitar el límite de inversión actualmente existente a las actividades de distribución con el objetivo de permitir al sector la aceleración de las inversiones a acometer para la recuperación económica y la transición energética.
En un encuentro digital, la presidenta de la patronal de las ‘grandes’ eléctricas (Aelec), Marina Serrano, consideró que para que sea posible llevar a cabo el esfuerzo inversor previsto por el sector «es necesario que el límite de inversión de la distribución eléctrica se amplíe, adaptándose a la nueva realidad del PIB previsto».
En concreto, Serrano destacó que se debería aumentar o flexibilizar en los tres siguientes años ese límite para que las inversiones en digitalización o protección del medioambiente puedan llevarse a cabo.
Existía la obligación de que las inversiones en redes de distribución no podían superar el 0,13% del PIB nacional. No obstante, ante la caída prevista para este año en la economía por la crisis del coronavirus, el Gobierno incluyó el pasado mes de junio en un real decreto ley de medidas urgentes la flexibilización del porcentaje del PIB por el que se rige la inversión máxima que se dedica a redes de transporte y distribución eléctrica en el trienio 2020-2022, con ese fin de permitir mantener el ritmo inversor previsto antes de la pandemia.
A este respecto, el responsable de Regulación de i-DE (Grupo Iberdrola), Álvaro Ryan, indicó que las necesidades de inversión de las empresas no deberían estar ligadas al PIB, y defendió un modelo distinto por el que el regulador, tras un periodo de consultas y análisis, dictamina «cuáles son las inversiones que aprueba para cada distribuidor para cumplir los objetivos de política energética con sus necesidades y obligaciones.
IBERDROLA PIDE INCREMENTAR AL 0,18% O 0,20%
No obstante, ante la realidad de que implantar un modelo diferente «no es fácil» a corto plazo, el directivo de Iberdrola estimó que el límite de inversión se debería incrementar del en torno al 14% del PIB actual a un 0,18% o 0,20% «para poder permitir esta aceleración de inversiones».
Además, Ryan apuntó el valor que puede representar ese incremento del 35% en las inversiones en distribución a 2023, ya que cada millón de euros genera 16 empleos de «calidad y mayoritariamente local, con un fomento de la industria nacional», así como los beneficios referentes a alcanzar el cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC).
PERSEVERAR EN COMPLETAR EL MARCO REGULATORIO
Por su parte, el director de Regulación de Endesa, Juan José Alba, subrayó que existe «un amplio consenso tanto en España como a nivel europeo en que la transición energética no sólo es necesaria, sino que puede contribuir a la reactivación económica», por lo que subrayó que «ahora lo que toca es mantener o acelerar las inversiones».
En este sentido, pidió «perseverar» en completar el marco regulatorio que lo permita, lo que incluye la normativa de acceso y conexión, el régimen retributivo de las renovables, el mecanismo de capacidad, los incentivos a la eficiencia energética, etc.
«Con un marco adecuado las empresas pueden movilizar recursos. Además, los fondos del ‘Recovery Fund’ europeo pueden llegar a donde no llegue la regulación y el mercado eléctrico, en temas como la eficiencia energética o la electrificación», dijo.
Por otra parte, Alba consideró que el nuevo mecanismo de respaldo al sistema eléctrico para sustituir a la interrumpibilidad -el denominado servicio de reserva estratégica de respuesta rápida- «no está muy bien planteado».
Así, destacó que los propios grandes clientes, que son los destinatarios principales de este mecanismo, tampoco están «muy satisfechos», por lo que consideró que se «mejorará y llegará algo que tenga más sentido», descartando, no obstante, que pueda afectar al volumen de inversiones que se deben llevar a cabo por el sector.
CAPACIDAD PARA INCREMENTAR NIVEL DE INVERSIONES
Mientras, el director de Servicios Jurídicos, Regulación y Gestión Ingresos de UFD (Grupo Naturgy), Manuel Delgado, destacó que durante el estado de alarma y la desescalada, las empresas de distribución han garantizado el servicio y han mantenido la actividad operativa prevista para el año 2020 en situación pre-Covid.
Asimismo, aseguró que las empresas distribuidoras tienen «capacidad financiera y operativa para incrementar su nivel de inversiones y convertirse en tractores de la economía en el periodo post-Covid».
Por su parte, el director de Proyectos de EDP España, Marcos Antuña, destacó la necesidad de las empresas de implantar un plan de regreso a los centros de trabajo acorde a la propia evolución de la pandemia, «con una organización de espacios y del trabajo que permitan garantizar la salud y seguridad de las personas».
«Un modelo de trabajo híbrido, que facilite el trabajo presencial y a distancia, acompañado de una legislación que contribuya a su implantación en óptimas condiciones, puede ser válido para las empresas», señaló.
Finalmente, el director de IT de Viesgo, Gonzalo Olaso, remarcó que la respuesta del grupo ante la pandemia «ha puesto de manifiesto la importancia que la tecnología y la digitalización, para afrontar desafíos de cualquier clase, tienen para nuestra compañía.
Así, valoró que ello ha permitido ser «capaces de mantener la prestación de un servicio esencial para la sociedad como es el suministro eléctrico».