El PSOE ha defendido este miércoles en el Congreso de los Diputados la necesidad de reformar el Estatuto Básico del Empleado Público para disminuir la temporalidad, con una mejora de la regulación de la figura del interino, así como regular el trabajo a distancia o teletrabajo.
Así, esta formación ha registrado una proposición no de ley para debatir en la Comisión de Política Territorial y Función Pública, recogida por Europa Press, en la que pide cambiar la regulación de los interinos con el fin de «eliminar el abuso en el uso de esta figura» y «evitar que pueda haber personas que estén durante años y décadas en situación de interinidad».
Con estas mejoras, además, el PSOE espera también «contribuir a la reducción de la temporalidad» en la Administración, pero también «de la conflictividad» al respecto, en alusión a las diferentes sentencias judiciales que censuran estos abusos, y favorecer la estabilidad en el empleo.
Por otro lado, también pide regular el trabajo no presencial «tanto para continuar en la modernización de las administraciones como para mejorar la conciliación del desarrollo profesional con la vida personal y familiar».
El portavoz socialista de Función Pública, el diputado segoviano José Luis Aceves, ha recordado, a raíz de esta iniciativa, la sentencia de marzo del Tribunal de Justicia de la UE que recriminó a España por el abuso de la temporalidad en el sector público.
Desde el PSOE plantean que este cambio legal planteado «se hace sobre la base de la búsqueda de acuerdos con los agentes sociales», por lo que esperan encontrar «el más amplio consenso» en el Congreso para proponer estos cambios al Ejecutivo.
Esta formación espera que la regulación del trabajo no presencial «sirva como una mejora para la conciliación del desarrollo profesional con la vida personal y familiar, respetando los principios de igualdad de trato entre hombres y mujeres y la corresponsabilidad; y posibilite la regulación de la desconexión en esta modalidad de teletrabajo».
En lo referente a la temporalidad, inciden en que, de los 2,6 millones de empleados públicos, un 7,14 % de la Administración General del Estado, un 36,19 % de los pertenecientes a la Administración de las comunidades autónomas, un 28 % de los que prestan su servicio en las corporaciones locales y un 44 % de los trabajadores públicos en las Universidades son temporales.
