Más de dos millones de españoles afectados por las tarjetas revolving tratan de salir (por vía judicial) de una espiral de deuda que procede de los intereses abusivos de este producto financiero. Este no es el único problema de la banca en los tribunales, también están los procesos por las cláusulas suelo que suponen un coste de más de 2.200 millones de euros. O el de las hipotecas IRPH, donde se estima un impacto de más de 44.000 millones.
No hay cifras que reflejen el impacto económico de las revolving, primero, porque la deuda de cada persona es distinta y segundo, porque la información sobre su legalidad sigue dejando muchas dudas sin aclarar a pesar de todo lo que se ha avanzado este año en la materia. El pasado 4 de marzo, el Tribunal Supremo se pronunció sobre los intereses de estas tarjetas, señalando que son usura cuando superen el 20%. Y de superarse, el contrato debe ser anulado.
Automáticamente, las demandas contra las entidades bancarias empezaron a crecer, pues los dos millones de afectados que habían iniciado reclamaciones a través de plataformas o despachos de abogados, estaban a la espera del Alto Tribunal. En ese momento había muchos bancos denunciados, pero WiZink era más afectado. De hecho, el Supremo dictó sentencia tras juzgar un caso concreto de esta entidad que además sirvió para aclarar la doctrina de 2015, pero dejaba en el aire uno de los temas más polémicos: la falta de transparencia.
TRANSPARENCIA
En general, todos los bancos tienen exposición a este producto financiero, pero Bankinter Consumer Finance, CaixaBank o Santander son los que más denuncias acumulan. Tras la sentencia de marzo, empezaron a contactar con sus clientes ofreciéndoles todo tipo de acuerdos para que no acudieran a la vía judicial. Las propuestas se encaminaban a rebajar el tipo de interés por debajo del 20% o, directamente a reducir un 50% la deuda.
Pero tampoco en esta negociación había transparencia y los abogados insistían en la necesidad de que el cliente entendiera el mecanismo de amortización de estas tarjetas. De manera que el Gobierno salió al rescate el pasado 27 de julio. Ese día, el Ministerio de Economía presentó una nueva normativa enfocada tanto a aumentar la transparencia hacia el consumidor, como a reforzar los análisis de solvencia de los clientes por parte de las entidades.
La norma, que entrará en vigor el 2 de enero de 2021, obliga a las entidades financieras a ofrecer más información precontractual para que el usuario sepa qué es lo que está firmando, y lo que va a pagar, visualizando su coste o rendimiento en términos TAE. Además, la entidad debe remitir al cliente cada tres meses la información sobre su crédito y la fecha estimada de finalización del pago. Y en todo caso, el prestatario tendrá la posibilidad de solicitar en cualquier momento información.
SOBREENDEUDAMIENTO
Con el objetivo de acabar con el sobreendeudamiento, la nueva orden también implica que aumente la información que aporta la banca a la Central de Información de Riesgos del Banco de España (CIRBE), modificando los límites de información. Ahora, las entidades financieras tendrán que comunicar las deudas de 1.000 euros cada 20 días.
A su vez, se pide a las entidades que el importe anual de las cuotas a pagar tenga por objeto amortizar una cuantía mínima del 25% del crédito concedido, aunque “esto queda en una mera recomendación”, explican desde ASUFIN. También esta asociación explica que desde el 25,2% TAE que cobraban de media los bancos a cierre 2019, el interés ya era del 22,86% a cierre de junio. Y que hasta cinco entidades de las 13 más representativas del sector han bajado los precios en seis meses.
Con la ley de parte del consumidor, la banca ha echado el freno y donde más se ha notado es en Bankinter, que se ha desprendido de 100 millones de euros en seis meses. A cierre de 2019, la cartera en tarjetas revolving era de 700 millones de lo más de 2.400 millones de euros de inversión de Bankinter Consumer Finance (BCF). A cierre de junio de 2020, la cartera ya era de 600 millones de euros, para una inversión de 2.800 millones de euros en esta división.
A nivel grupo, estas tarjetas suponían un 1,15% de la inversión crediticia total de Bankinter al finalizar el año pasado (60.400 millones de euros). A cierre del primer semestre de este año, cuando la inversión crediticia era de 63.600 millones de euros, las tarjetas revolving ocupaban una presencia de 0,94%.
“Cada vez somos más activos en préstamos y menos en revolving” explica la entidad. “Tenemos un crecimiento controlado” y desde la decisión del Supremo, el interés se ha ajustado al 20% en el que se estableció el precio del dinero.
LEJOS DE SUS RIVALES
Sin embargo, su porcentaje sigue siendo muy superior al del resto de entidades, que tampoco quieren desprenderse de estas tarjetas de pago aplazado. De hecho, todas apuestan por ellas, tal y como explicaron en las presentaciones de finales de julio. Solo Bankia cree que después de la sentencia del Supremo, “es menos atractivo” potenciar este producto, por ello, su peso “es minúsculo”, del 0,4%.
También la presencia en cartera de las revolving en CaixaBank, Sabadell, Santander o BBVA es del 0,3%. Una cifra “muy marginal”, pero que debe seguir estando porque los españoles tienden a usar la tarjeta de crédito o débito con frecuencia, según justifica el Banco Santander.
En CaixaBank quieren seguir ofreciendo a los clientes estas tarjetas porque “es muy cómodo”. Pero “debe venderse bien, con transparencia y los límites que marca la ley”. Sobre todo, porque si no hay revolving “hay sustitutivos”, detallan. De la misma forma, el Banco Sabadell que tienen una cartera de en torno a 1.000 millones, seguirán comercializándolas como complemento al negocio de pagos.
