El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha anunciado movilizaciones en septiembre si el Gobierno no resuelve de manera inmediata la tramitación de las solicitudes del ingreso mínimo vital (IVM).
Así lo ha puesto de manifiesto en unas declaraciones a La Sexta, en las que ha calificado de «inhumano» que se esté discutiendo si falta o no un papel cuando cerca de un millón familias no reciben ninguna ayuda desde el pasado mes de marzo.
Asimismo, ha criticado que se está pensando en cobrarlo en septiembre con carácter retroactivo «como si se pudiera comer con carácter retroactivo en este país». El Gobierno tiene que dar respuesta a esta demanda de las sindicatos –ha recalcado–. Desde marzo, saben que más de un millón de familias no tiene ningún ingreso porque estaban en la economía sumergida. Por eso, ha explicado, UGT ha puesto en marcha una plataforma para ejercer la reclamación ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).
Álvarez ha insistido este jueves en que más de 700.000 personas han solicitado el Ingreso Mínimo Vital y se han resuelto unas 30.000 «con una parte mínima de solicitudes aprobadas que, por cierto, no ha cobrado nadie».
Según datos del sindicato, se han presentado 714.000 solicitudes del IMV, de las que se han resuelto 32.629, 4.148 han sido aprobadas y 28.481 denegadas. Además, 75.000 correspondientes a los anteriores perceptores de la prestación familiar, a la que el IMV sustituye, han sido reconocidas de oficio.
«Pero no tenemos constancia de que haya cobrado nadie», asegura. Según el sindicato, se han denegado cerca de 36.800 solicitudes. «Más de la mitad de los casos se debe a que exceden los límites de renta y/o patrimonio que están fijados como requisitos para obtener esta ayuda contra la pobreza extrema», apunta.
DIRECTORES DE SERVICIOS SOCIALES: «ES UN DESASTRE»
Por su parte, el presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales (ADYGSS), José Manuel Ramírez, ha augurado «más caos» en la tramitación de las solicitudes del ingreso mínimo vital (IVM), que considera un «desastre» y pide que se simplifiquen los trámites.
A su juicio, esto se debe en parte al requisito de presentar el padrón histórico colectivo, que también ha colapsado las secretarías de los ayuntamientos, y a la obligación de que todos los miembros de la unidad familiar estén inscritos en el SEPE.
Además, advierte de que el silencio administrativo es negativo a los tres meses, con lo que los interesados deberán volver a presentar su solicitud. «Se generaría un caos dentro del caos. Esto es un desastre», ha advertido.
Ramírez apunta, en declaraciones a Europa Press, también la posibilidad de que haya pagos indebidos ya que, aunque el ingreso mínimo es compatible con otras rentas mínimas de las autonomías, no ocurre lo mismo al revés. En la misma línea, califica de «inmisericorde» el procedimiento para solicita el IVM en especial para las familias más vulnerables que no siempre tienen capacidad para acceder a la vía telemática.
Por ello, plantea simplificar los trámites de manera que, en lugar de incrementar los efectivos se establezca una «cuasi prescripción facultativa» con el requisitos que el propio ministerio puede ver: declaraciones de la renta, catastro, ayudas públicas y empadronamiento.»Serían requisitos suficientes para hacerlo telemáticamente y lo pueden hacer las máquinas», ha asegurado.
Finalmente, asegura que la plataforma multicanal en la que se prevé la participación del Tercer Sector en la gestión de las ayudas «ha fracasado y lamenta que los convenios con los ayuntamientos están sin firmar. «Se necesitaban 70 millones de euros financiados por la Seguridad Social para que los ayuntamientos actúen de órgano gestor», ha avisado al tiempo que asegura que la expectativa generada por una medida anunciada «como el maná» no ha llegado ni va a llegar.
