El Gobierno se ha asegurado la convalidación en el Congreso del Real Decreto Ley que aprobó el pasado 7 de julio para articular medidas de apoyo al transporte ante la crisis valoradas por 1.700 millones, para alargar la moratoria hipotecaria y de alquileres, y para impulsar la promoción de un parque de vivienda pública en renta.
Así se desprende de las intervenciones de los grupos parlamentarios durante el debate de convalidación, que desvelaron los votos a favor de Ciudadanos, entre otras formaciones, si bien con la condición de que se tramite como proyecto de ley.
El instrumento habilitado para compensar a las autopistas de peaje por el desplome de tráfico registrado por la crisis y el confinamiento es el punto que más rechazo generó entre las distintas formaciones, si bien en distinto sentido.
Ciudadanos denunció que la medida, que limita la compensación a exigir en comparación a la que permite el sistema ya existente, generará incertidumbre en el capital privado y obstaculizará el objetivo del Gobierno de impulsar la inversión privada en obra pública mediante contratos de concesión.
«Es así como piensa atraer al capital privado», preguntó la diputada de la formación naranja María Muñoz Vidal al ministro de Transportes y Movilidad, José Luis Ábalos, durante el debate.
De su lado, diputados de Grupo Republicano y el Grupo Plural rechazaron que se compense con la extensión del plazo de concesión a las empresas de autopistas, al estimar que en la mayoría de los casos están amortizadas y que, además, constituye una medida contradictoria con la actual política del Gobierno de no ampliar contratos de concesión una vez llegan a su término.
De esta forma, se traslada a la Cámara Baja el rechazo que la medida ha suscitado entre las propias sociedades concesionarias de las autopistas, que incluso sopesan llevar al Gobierno a los tribunales al considerar que los requisitos que fija ahora para compensarlas por la crisis.
En concreto, las empresas del ramo estiman que constituye un cambio de las reglas de juego a mitad del partido que «vulnera derechos y principios constitucionales, como son los de seguridad jurídica, igualdad de trato y no confiscación de bienes y derechos».
«RESPUESTA PROPORCIONADA»
En su intervención en la Cámara Baja para defender el Real Decreto y solicitar el apoyo a su convalidación, Ábalos recordó el resto de medidas que incluye para mejorar la liquidez de empresas de transporte privadas, estimadas en 663 millones, y de la operadora pública Renfe, a la que permite elevar su endeudamiento en un máximo de 1.000 millones.
Además, amplía plazos de las moratorias hipotecarias y de alquileres ya aprobadas, y regula la concesión de suelos públicos para construir pisos públicos en alquiler.
«Estamos convencidos de que estas medidas permitirán dar respuesta proporcionada a las necesidades de los distintos modos de transporte, además de a importantes necesidades sociales», aseguró el ministro en relación a las iniciativas relacionadas con la vivienda.
