Hace 39 años, el 6 de diciembre de 1978, los españoles echaron mano del paraguas y la gabardina para ir a votar. Los colegios electorales abrieron a las 9 de la mañana y cerraron a las 8 de la tarde. Había que votar sobre la Constitución.
En esa histórica cita, estaban llamados a las urnas 26 millones de españoles (la población era de 36 millones). Y no desaprovecharon la ocasión. Al final del día, el 88,5% acudió a votar (un récord todavía no superado). Y el 59% eligió la papeleta del sí, frente al 8% que votó no. La abstención fue del 33%.
Gabriel Cisneros, Miguel Herrero y José Pedro Pérez Llorca (UCD), Manuel Fraga (AP), Gregorio Peces Barba (PSOE), Miquel Roca (CiU) y Jordi Solé Tura (PCE) fueron los artífices de redactar los 169 artículos que, a partir de entonces, regirían el futuro de un pueblo que acababa de dejar atrás 40 años de dictadura. El 27 de diciembre de 1978, el rey Juan Carlos I sancionaba la Constitución en una sesión solemne en el Congreso de los Diputados.
Casi cuatro lustros después, en los que en España ha pasado de todo (crisis del petróleo, incorporación a la UE, escándalos financieros como el caso Kio, reformas laborales, corrupción, intento de secesión…), vuelve a tomar protagonismo. ¿Culpable? La crisis catalana, y la aplicación de su artículo 155. ¿Es necesaria reformarla? ¿O solo darle unos remiendos?
Los ‘pinchazos’ de la Constitución
Para que el vehículo de la Carta Magna ruede de manera efectiva por la carretera del día a día, no sólo hace falta que tenga un buen aspecto exterior, sino que el motor funcione de manera correcta. Y, aparte de los sapos y culebras que han salido de boca de aquellos que no han visto con buenos ojos la ya citada aplicación del artículo 155 en Cataluña, hay otros artículos que bien merecerían algo de chapa y pintura. Centrémonos en aquellos que tienen un componente económico.
Así, y según el artículo 41, “los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad social para todos (…) con asistencia y prestaciones suficientes”. Echemos un vistazo a las listas de espera.
A finales de 2016, y según los datos del Ministerio de Sanidad, la lista de espera media para operarse fue de 115 días. Por comunidades autónomas, a la cabeza estaba Canarias (182), seguida por Cataluña (173), Castilla La Mancha (162), y Extremadura (134). En el lado opuesto de la balanza Melilla (33), Ceuta (37), La Rioja (49) y País Vasco (50). Según la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública, estas cifras vulneran gravemente el derecho a la protección de la salud de la población.
El número de parados (EPA) supera los 3,7 millones cuando la Constitución dice que todos los españoles tienen derecho al trabajo
Demos un salto ahora al artículo 35: “Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo”. Repasemos los últimos datos de la EPA: el número de parados es de 3.731.700 en el tercer trimestre, situándose la tasa en el 16,38%. En el último año ha descendido 2,53 puntos.
Vayamos ahora a las cifras del paro Sepe (antiguo Inem). En noviembre, el número de personas apuntadas era 3.474.281. Y eso que ha bajado desde marzo de 2013, cuando superó los 5 millones. Sin olvidar la alta tasa de temporalidad (por encima del 26%), el desempleo juvenil o los parados de larga duración (muchos de ellos mayores de 45 años).
El recorrido podría continuar por el artículo 47: “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada (…). Se impedirá la especulación”. Durante estas casi cuatro décadas, sobre todo en la época del boom inmobiliario, la cantidad de trámites que había que hacer para que el suelo fuese urbanizable, no sólo retrasó su levantamiento, sino que disparó los precios a cotas elevadísimas.
Desde que el llamado conseguidor en los ayuntamientos, la persona que aceleraba o retrasaba el papeleo, daba el visto bueno a la operación, hasta que era habitable, podían pasar hasta nueve años. Y eso que llegaron a construirse en algunos años más de medio millón de viviendas.
¿Problema? Que muchos de ellos acabaron adquiriéndose para especular, no para vivir. Otros compraban suelo para luego revenderlo. Y otros que se quedaban esperando para que engordara su precio. Asimismo, muchos consistorios optaron por el sistema de subasta frente al de concurso. De esta manera el precio del suelo se inflaba más.
Fruto de todo ello fue que el suelo acabó suponiendo el 50% del precio final de la vivienda, cuando en 1983 era sólo el 20%. Por no hablar de los desahucios. En el segundo trimestre de 2017 fueron 16.859.
Reparto poco justo
El artículo 31 de la Constitución dice que “todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos según su capacidad económica mediante un sistema tributario justo y progresivo (…)”. Dicho de otra manera, los que ya tienen una cierta edad recordarán un anuncio que decía que “Hacienda somos todos”. Le faltaba la coletilla ‘unos más que otros’.
Ya lo decían los abuelos: siempre ha habido ricos y pobres. Y, por poner un ejemplo, el IVA es para todos igual. Comprar un litro de leche tiene el mismo gravamen para una jubilada que malvive con la pensión mínima que para cualquiera de los banqueros.
El sistema impositivo ha ido sufriendo una serie de reformas cuyo fin no ha sido otro que el de construir un Estado democrático. Nadie dijo que fuera barato, pero la carrera por recaudar ha sido excesiva durante los últimos cuarenta años.
Otro dato relevante es que, desde los años 90 del pasado siglo XX, las Comunidades Autónomas tienen la capacidad de legislar sobre los impuestos. Desde entonces, el pasar por caja ante el fisco puede tener una factura diferente dependiendo de la zona en la que se viva. En algunas, determinados impuestos han desaparecido, o son cero, mientras que en otras hay que rascarse los bolsillos, sí o sí. Por poner un ejemplo, el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, para una herencia de 800.000 euros, en Madrid supone 1.500 euros, y en Andalucía, 165.000 euros.
¿Más artículos? El 39: “Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia (…) y la protección integral de los hijos (…)”. España es de los países de Europa que menos gasta en ayudas a la familia y en protección social.
Según Unicef, y si nos fijamos en los países desarrollados, estamos a la cola en igualdad económica infantil. De hecho, ocupa el puesto 22 sobre un total de 41 países. Sólo dedicamos un 0,5% del PIB a prestaciones monetarias para familias e infancia. ¡El peor de la UE!
O el 44: “Los poderes públicos promoverán la ciencia y la investigación científica y técnica en beneficio del interés general”. Gastamos el 1,19% del PIB, lejos de la media de la UE que está en el 2,03% (según Eurostat).
España es de los países de Europa que menos gasta en ayudas a la familia y en protección social
O el 50: “Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad”. ¿Adecuadas y actualizadas? Si así fuera, no hablaríamos de pobreza energética. De esas personas que no tienen para pagar la calefacción en invierno.
Otra cosa es la llamada tasa de sustitución, o reposición, es decir, la diferencia entre el último sueldo y la primera pensión, que se está reduciendo. Ahora está en el 82%. Hay expertos que no dudan en señalar que llegará al 50%. ¿Desaparecerán? No. Pero no serán iguales.
¿Más madera? El 40: “Los poderes públicos promoverán las condiciones (…) para una distribución de la renta regional (…) más equitativa”. ¿El cupo vasco? O el 27: “Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza”. ¿Es por eso que en Cataluña hay quien dice que se está adoctrinando?
Son sólo algunos ejemplos de cómo se incumplen algunos artículos de la Constitución. No son todos los que están, ni están todos los que son. Una cosa es la teoría (que sobre el papel es impecable) y otra la práctica. ¿Culpa de la Carta Magna? Más bien de las diferentes Administraciones que no han hecho todo lo posible para que no haya voces que aboguen por su reforma.
