La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) prevé que en la segunda mitad del año se pierdan cerca de 1,25 millones de empleos «siempre que no se produzca un empeoramiento de la situación sanitaria en otoño».
En cualquier caso, advierte de que lo que ocurra en los próximos meses dependerá sobre todo de cómo evolucionen las tasas de reincorporación de los trabajadores protegidos por expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE).
«Gran parte de las empresas que siguen con ERTE están en actividades que suelen tener un comportamiento negativo del empleo en la segunda parte del año», resalta Fedea, tras subrayar que parte de este ajuste ya se ha producido en meses anteriores con la congelación de las contrataciones, «pero no deja de preocupar la posibilidad de que una fracción importante de estas empresas tengan que realizar nuevos ajustes cuando finalice la vigencia de los ERTE».
NUEVOS ESTÍMULOS
La Fundación cree que se deben ir reduciendo de manera gradual las medidas extraordinarias de protección a trabajadores y empresas, a la vez que se introducen estímulos que contribuyan a la vuelta a la actividad, y también aboga por establecer mecanismos que ayuden a evitar el cierre de empresas viables «sin obstaculizar» la necesaria reasignación de recursos hacia las actividades y empresas con mejores perspectivas.
Así lo ha señala en una nueva edición de su boletín de seguimiento de los aspectos económicos de la crisis del coronavirus, donde ha afirmado que España está entrando en una nueva etapa de reactivación que exigirá un «reajuste de las políticas públicas».
Los autores de este informe apuntan que hay una batería de indicadores que muestran ya «de forma cada vez más clara» los efectos de la pandemia sobre las cuentas públicas, «registrándose una fuerte caída de la recaudación tributaria y un significativo aumento del gasto».
También destacan que comienza a observarse una cierta recuperación de la actividad y el empleo, «aunque manteniéndose todavía en niveles extremadamente bajos».
De hecho, resaltan que la tasa de paro efectiva, que incluye el paro registrado, los trabajadores afectados por ERTE y los beneficiarios de la prestación extraordinaria por cese de actividad, se ha reducido en cinco puntos, hasta situarse en el 31% al cierre de junio, gracias fundamentalmente a la reincorporación a sus puestos de trabajo de más de un millón de trabajadores afectados por ERTE.
EL FUTURO DE LOS ERTE
Por otro lado, señalan que la recuperación del consumo refleja también una cierta normalización de la vida cotidiana, «aunque sea en condiciones muy distintas de las existentes hasta hace unos meses.
Desde su punto de vista, muchas de las medidas adoptadas por el Gobierno en las últimas semanas reflejan el necesario cambio de prioridades y comienzan a poner el foco en la reactivación, «aunque no siempre se orientan a facilitar los necesarios ajustes.
Sobre el real decreto de extensión de los ERTEs por fuerza mayor ligados al Covid hasta el 30 de septiembre, Fedea dice que «hubiera sido deseable» que se estableciera una estrategia «clara» a más largo plazo en relación con los ERTE y que recogiese explícitamente la posibilidad de desafectar y reafectar trabajadores a estos expedientes en función de la evolución de la actividad de cada empresa.
«Quizás el principal problema es que el Gobierno sigue sin dar una salida razonable a las empresas cuya situación económica o perspectivas futuras se han deteriorado de tal manera que la reincorporación de toda su plantilla no resulta viable», dicen los autores.
Asimismo, recuerdan que la vía del despido procedente por causas derivadas de la crisis del coronavirus sigue cerrada y «las empresas que no cumplan con el compromiso de mantenimiento del empleo por seis meses, tendrán que devolver todas las exoneraciones de las cuotas sociales, salvo que estén al borde del concurso de acreedores, momento en el que podría ser ya demasiado tarde para resolver la situación».
Respecto a las medidas de apoyo a las empresas, Fedea dice que este tipo de herramientas «pueden contribuir a la recuperación de la actividad y a la preservación del tejido empresarial, ayudando a evitar la desaparición de empresas viables a largo plazo».
No obstante, los autores apuntan que «no está claro que en las nuevas líneas de avales convenga dar prioridad, como se pretende, a proyectos de digitalización y energías renovables, que en muchos casos podrían financiarse en condiciones de mercado y con fondos europeos». «El buen uso de estos últimos es fundamental y para ello convendría comenzar a trabajar lo antes posible en colaboración con los sectores en la preparación de proyectos de calidad y financieramente rentables», añaden.
ADAPTAR LAS LÍNEAS DE FINANCIACIÓN
Por otro lado, creen que convendría empezar a pensar en cómo adaptar las líneas de financiación ya existentes a las diferentes necesidades de los sectores y en qué hacer con aquellas empresas beneficiarias de tales líneas que puedan tener dificultades para devolver los préstamos recibidos».
«El objetivo general tendría que ser evitar la desaparición de las empresas que sean viables y acometer una liquidación ordenada de las que no lo sean», apostillan.
En el caso de grandes empresas de interés estratégico, consideran que el nuevo fondo de apoyo a la solvencia permite la intervención directa del Estado, pero que, para el resto, «cabría considerar la introducción de quitas a posteriori en los préstamos con garantías públicas o el establecimiento de mecanismos concursales especiales que permitan una reestructuración rápida de la deuda».
No obstante, afirman que, en ambos casos, «será crucial» acertar en la elección de mecanismos o criterios que permitan identificar correctamente a las empresas con mejores posibilidades a medio y largo plazo.
