El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un real decreto ley de medidas económicas que contempla la moratoria hipotecaria para inmuebles afectos a la actividad turística, por lo que otorga un periodo de moratoria de hasta 12 meses para las operaciones financieras de carácter hipotecario suscritas con entidades de crédito.
De esta moratoria podrán beneficiarse los trabajadores autónomos y las personas jurídicas con domicilio social en España que estén atravesando dificultades financieras como consecuencia de la crisis del coronavirus. Los préstamos que hayan sido objeto de impago total o parcial de alguna de sus cuotas desde antes del 1 de enero de 2020 quedan excluidos.
Durante la moratoria solo se abonarán intereses de la deuda hipotecaría, sin amortizarse el capital. El plazo de amortización se extendería hasta 12 meses más, o el importe aplazado se redistribuiría entre las cuotas restantes sin modificar la fecha de vencimiento.
Si el inmueble fuese objeto de un contrato de arrendamiento, el beneficiario de la moratoria hipotecaria deberá conceder al arrendatario una moratoria en el pago del arrendamiento de al menos un 70% de la cuantía de la moratoria hipotecaria, siempre que el aplazamiento o la condonación no se hubiera pactado antes entre las partes.
El Gobierno ha aprobado en total tres medidas para el sector, incluidas en el Real Decreto Ley de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo. Estas ya están integradas en el ‘Plan de Impulso al sector turístico’ presentado el pasado 18 de junio por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
MÁS DE 200 MILLONES
Así, además de la moratoria, el Gobierno ha aprobado la puesta en marcha del sistema de financiación de proyectos para la digitalización y la innovación del sector. El programa tendrá un presupuesto de 216 millones de euros para el ejercicio de 2020 y se prevé la concesión de un máximo de 1.100 préstamos para cada ejercicio presupuestario, con una base media por préstamo de 200.000 euros.
Se podrán financiar los gastos de personal, costes de instrumental y material inventariable, costes de investigación contractual, conocimientos técnicos y patentes adquiridas u obtenidas por licencia de fuentes externas en condiciones de plena competencia y gastos generales suplementarios.
Asimismo, se ha aprobado los ‘Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos’, un instrumento cuyo objetivo es impulsar el desarrollo de los destinos rurales y de interior apoyando la inversión en actuaciones de impulso, adecuación y mejora de los destinos turísticos con el fin de aumentar su sostenibilidad.
El impulso de estos destinos se hará mediante el aprovechamiento de los recursos a través de equipamientos turísticos, el desarrollo de productos atractivos, su promoción y el apoyo a la capacidad operativa de los entes que gestionen los destinos.
La Conferencia Sectorial de Turismo aprobará cada año las propuestas de planes de sostenibilidad turística presentadas por las entidades locales que mejor cumplan los criterios de selección establecidos en el programa. En el primer ejercicio se propone la dotación de una partida de 23 millones de euros.
Además, la disposición adicional cuarta del Real Decreto-ley incluye una medida del Ministerio de Trabajo y Economía Social por la que las empresas dedicadas al turismo, el comercio y la hostelería que entre julio y octubre generen actividad en estos sectores, contarán con exoneraciones del 50% de las cuotas a la Seguridad Social de los trabajadores fijos discontinuos que incorporen o mantengan su ocupación.
