«Indignación», «inoportunas» o «en desacuerdo» son algunas de los reproches utilizados por la presidenta de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH), Olga Delgado Sánchez, para referirse a las palabras del presidente del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos (CGCOF), Jesús Aguilar, durante su intervención en la Comisión de Reconstrucción Social y Económica del Congreso de los Diputados. Y que, además, ha enviado directamente al presidente de la misma, Patxi López. A lo largo de su comparecencia, Aguilar llegó a calificar hasta como «inútil» el desplazamiento para la dispensación de medicamentos en los servicios hospitalarios. Una aseveración que ha levantado a todo el sector tanto por ser poco representativas como por hablar en nombre de dicho colectivo.
En principio, utilizar el término inútil sobre una actividad que viene regulada como necesaria, y probablemente indispensable, por un real decreto es insólito. En concreto, se trata del Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. Pero, quizás no se refiera a la primera acepción del término, no útil, sino a la segunda: «Dicho de una persona: que no puede trabajar o moverse por impedimento físico». Lo cual todavía sería mucho peor, porque entonces reflejaría que no conoce el funcionamiento del colectivo farmacéutico hospitalario.
De hecho, el impedimento físico por exigencias del guión, por la pandemia, no ha evitado que muchos profesionales hayan podido realizar con soltura su trabajo. Así, la propia presidenta Delgado explica en su escrito a López que «los Servicios de Farmacia Hospitalaria han acercado el tratamiento a 119.972 pacientes, de una muestra de hospitales que suponen el 39,5% de los centros públicos y el 0,6% de los privados, pudiendo suponer por tanto hasta 300.000». Además, expone como “se ha realizado en el 87% de las ocasiones hasta el domicilio del paciente, con una consulta por medios telemáticos”.
¿AGUILAR DESCONOCE LA LEY O LA ACTIVIDAD DEL SEFH?
Unas consultas que, obviamente, «tienen un impacto positivo en los resultados relacionados con el manejo clínico y la adherencia a los tratamientos de las enfermedades» como refleja Delgado. Al fin y al cabo, no se trata de la toma de una simple aspirina, que aun así siempre se debe seguir las instrucciones del farmacéutico (como dice el anuncio), sino de medicamentos que requieren una particular vigilancia, supervisión y control, según la calificación otorgada por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.
En definitiva, que uno puede desconocer alguna de las innumerables leyes en España, pero lo que a todas luces parece más grave es ignorar la labor de los profesionales que representas. Más si cabe, cuando, además, compareces en primera plana pública y hablas en su nombre y, además, afirmas que los españoles «han perdido accesibilidad a los medicamentos e igualdad sanitaria efectiva», como hizo Aguilar. Por ello, Delgado explica al propio presidente de la Comisión de Reconstrucción que «no nos sentimos representados en sus palabras».
LOS PROTOCOLOS INEXISTENTES
Aunque, el problema no acaba en el hecho de que Aguilar se permitiera el lujo de atacar la consideración técnica, a la que ampara una ley, sino que habló de los protocolos de coordinación entre la Farmacia Hospitalaria y la Farmacia Comunitaria. Unas normas que en realidad no existen, según expresa la propia Delgado en su carta a López: «Manifestamos que desconocemos los protocolos de coordinación entre la Farmacia Hospitalaria y la Farmacia Comunitaria a los que hace referencia en su comparecencia, pues en ningún momento se nos ha consultado, convocado o solicitado para ello».
Por todo ello, la desafortunada intervención de Aguilar ha levantado indignación en el colectivo de los farmacéuticos hospitalarios, que suponen cerca de 3.800 trabajadores, ha revolucionado todo el sector. Porque en el fondo del asunto se ha intentado vender una cohesión y una actuación centralizada que no ha existido en ningún momento. De hecho, la intención de la Delgado no es solo desligar al colectivo que representa de las palabras del presidente del CGCOF, sino comparecer «para nuestra voz pueda ser oída (…) con el fin de transmitir las actuaciones que desde la declaración del Estado de Alarma se han venido realizando, así como las propuestas que tenemos para seguir contribuyendo a la salud y protección de nuestra población».
LAS MASCARILLAS FALSAS ADQUIRIDAS A UNA TIENDA DE REGALOS
Las polémicas palabras de Aguilar añaden más pólvora a la deficiente gestión de Aguilar durante la pandemia. De hecho, este periódico destapó meses atrás como el Consejo General de Farmacéuticos adquirió hasta 240.000 mascarillas no homologadas que, además, repartió entre los profesionales. Hasta el punto, de que se informaba directamente que “desde el Colegio queremos facilitar, en la medida de lo posible, el acceso a material de protección”.
Pero, la decisión más que una solución se convirtió en un verdadero problema por varios motivos: el primero, y más evidente, es porque expuso a los farmacéuticos españoles frente al virus asegurando que entrega un material seguro, cuando no lo era. El segundo, por el importante despilfarro de dinero, dado que el desembolso fue muy alto (con un precio de 2,25 euros la unidad, que supuso un coste total superior a los 650.000 euros) para unas mascarillas que directamente no servían para mucho.
