CC.OO. denuncia que el Gobierno está incumpliendo el IV Convenio Único para el personal laboral de la Administración General del Estado (AGE), que entró en vigor en mayo de 2019 tras tres años de negociación, al no aplicar la actualización de las nóminas de 40.000 empleados públicos y el abono de los atrasos acumulados, que supondrían unos 35 millones de euros, argumentando falta de disponibilidad presupuestaria. Por ello, CC.OO no descarta movilizaciones tras el estado de alarma.
La organización sindical denuncia que ni las mejoras retributivas, que venían a iniciar la recuperación después de una pérdida de poder adquisitivo superior al 14% desde 2008, ni otras mejoras laborales comprometidas se están aplicando, lo que supone una «grave vulneración de derechos» del personal afectado, alrededor de 40.000 empleados públicos.
«Después de más de un año, no se ha concluido la adaptación y encuadramiento de los puestos al nuevo sistema de clasificación profesional, algo que debería haber sido prácticamente automático», manifiesta el secretario general de FSC-CCOO en la AGE, José Manuel Vera.
Según Vera, esta ha sido la «excusa» que ha esgrimido hasta ahora el Gobierno para no actualizar las tablas retributivas y abonar atrasos acumulados desde el 1 de enero de 2019.
HACIENDA ESGRIME FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
Por ello, el sindicato lamenta que, tras haber impulsado el avance de ese encuadramiento, se informe de la falta de disponibilidad presupuestaria y acusa al Gobierno de «falta de lealtad con su personal».
La representación de Hacienda ha alegado en la reunión mantenida este martes que la no aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de 2019 y 2020 y la consiguiente prórroga por dos veces de los correspondientes a 2018 hacen «imposible» llevar a cabo las medidas económicas acordadas.
CC.OO. reitera que el Gobierno ha tenido «tiempo suficiente» para habilitar una partida destinada a la mejora salarial plasmada en las tablas retributivas, como se ha hecho con otros colectivos, por lo que manifiesta su «absoluto rechazo» a este «nuevo obstáculo».
En este sentido, defiende los logros alcanzados con la firma del convenio, y lamenta esta nueva «muestra del desprecio del Gobierno por el personal laboral de su propia Administración». «Parece que hay empleados públicos que no son una prioridad, como tampoco lo son los servicios públicos que prestan. Se ha dejado pasar más de año para afirmar ahora que el dinero comprometido se ha usado para otras partidas», denuncia Vera.
De esta forma, CC.OO. exige la inmediata recuperación de este presupuesto, para que el personal laboral vea actualizadas sus retribuciones. «En un momento como el actual, añadir incertidumbre sobre cuándo se pagarán los atrasos de más de un año es un varapalo para estas trabajadoras y trabajadores públicos, y supone una pérdida de confianza en las intenciones del Gobierno», concluye Vera, que no descarta movilizaciones cuando finalice el estado de alarma.
