Erik Larson para Bloomberg
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos inició la retrasada retribución a las víctimas del esquema Ponzi de Bernard Madoff, recurriendo a un fondo de 4.000 millones de dólares (3.439 millones de euros) creado a través de acuerdos con algunos de los clientes más antiguos de la estafa y su banco, JP Morgan Chase.
El Fondo de Víctimas de Madoff devolverá 772,5 millones de dólares (663,8 millones de euros) a más de 24.000 víctimas en todo el mundo, y será el primero de una serie de retribuciones. Los pagos se convertirán en el mayor de los fondos confiscados en la historia del programa de compensación de víctimas del Departamento de Justicia, según un comunicado de la agencia el jueves.
Casi nueve años después del arresto de Madoff, los inversores aún tratan de recuperar el dinero de un fraude que borró 17.500 millones de dólares (15.040 millones de euros) en capital y más de 40.000 millones de dólares (34.395 millones de euros) en ganancias inexistentes que las víctimas creyeron que estaban en sus cuentas. Algunos han recuperado más de 10.000 millones de dólares (8.598 millones de euros) de otro fondo supervisado por la corta de quiebras a través de un proceso separado.
El fondo creció en 1.700 millones de dólares después de un acuerdo de confiscación en 2014
“Bernie Madoff cometió uno de los fraudes más grandes y devastadores de la historia”, sostuvo Joon H. Kim, abogado estadounidense en funciones en Nueva York. “Esta oficina no sólo enjuició al propio Madoff y a otros que ayudaron a perpetuar su crimen, sino que ha mantenido su compromiso de recuperar el dinero para sus víctimas”.
Administración del Fondo.
El administrador del fondo, Richard Breeden, dijo que el Departamento de Justicia había aprobado más de 35.000 peticiones alegando pérdidas por más de 6.500 millones de dólares (5.589 millones de euros). Encontró un objetivo para retribuir los recursos antes de fin de año. Un plazo similar para el final de 2016 se perdió.
Breeden negó aproximadamente 24.000 peticiones a principios de año, según su sitio web. El administrador ha aceptado reclamos de inversores en los llamados fondos alimentados que colocaron su dinero en Madoff, mientras que el proceso supervisado en el tribunal no lo hace. En el proceso judicial, los fondos alimentados deben presentar reclamos y después retribuir lo recuperado a sus propios clientes, muchos de los cuales no sabían que su dinero había sido depositado en Madoff.
El fondo de compensación fue creado en 2012 para pagar a miles de víctimas de Madoff después de que los Estados Unidos incautó 2.400 millones de dólares (2.063 millones de euros) del patrimonio de uno de sus mayores inversionistas, el difunto Jeffry Picower. El fondo creció en 1.700 millones de dólares (1.461,8 millones de euros) después de un acuerdo de confiscación en 2014 con el banco de Madoff, el JP Morgan Chase, que fue acusado de hacer la vista gorda ante la estafa.
Muchas de las víctimas pagadas por el fondo no pudieron obtener reclamos en el caso de bancarrota debido a que los fondos alimentadores han desaparecido y están siendo liquidados en el extranjero. Sin embargo, algunos fondos subordinados han pagado a sus clientes con el dinero que obtuvieron del proceso de bancarrota, supervisado por un fideicomisario, Irving Picard.
El representa Vern Buchanan dijo que consideraría unir a toda la delegación para presionar al Departamento de Justicia si el dinero no empezaba a fluir
La firma de Breeden acumuló 38.800 millones de dólares hasta fines de 2016, según el Departamento de Justicia en respuesta a una solicitud de Bloomberg. La divulgación generó críticas por parte de víctimas y expertos legales respecto a que el proceso demoraba demasiado, particularmente porque a Breeden se le paga del fondo de víctimas.
La demora llamó la atención de al menos un miembro del Congreso, un republicano de Florida cuyo estado fue duramente golpeado por el mayor esquema Ponzi en la historia de la nación.
El representante Vern Buchanan, cuyo distrito incluye Sarasota, dijo en septiembre que consideraría unir a toda la delegación del Congreso de Florida para presionar al Departamento de Justicia si el dinero no comienza a fluir a fines de 2017.
