La prestación extraordinaria por cese de actividad, una de las ayudas aprobadas por el Gobierno para paliar el impacto económico provocado por el covid-19 en los autónomos, están siendo un auténtico quebradero de cabeza, sobre todo para las mutuas.
Los requisitos estaban claros, tenían derecho a percibirla aquellos que hubieran cerrado su negocio a causa de esta crisis o si su facturación había caído en un 75%. Las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social se encontraron con una avalancha de solicitudes y tuvieron que trabajar hasta los fines de semana para que finalmente se vieran beneficiados 1,4 millones de trabajadores por cuenta propia.
Muchos de ellos empezaron a cobrar el 17 de abril, otros más tarde. Pero el problema llegó después, un error del Gobierno llevó a las mutuas a reclamar nueva documentación a los que ya se beneficiaban de la ayuda y a algunos autónomos les va a tocar devolverla.
JUSTIFICAR INGRESOS
Según explica Raúl González, responsable del departamento jurídico de la asociación Autónomos Unidos para Actuar (AUPA), en un principio se publicó una orden ministerial que tomaba como referencia (para justificar la caída de ingresos del 75%) los seis meses anteriores a la solicitud.
Pero según el BOE se tiene en cuenta “el mes natural anterior al que se solicita la prestación”, y para calcular la cuantía se hace una media de los seis meses anteriores. La prioridad hace dos meses era ayudar a los autónomos a solventar su situación económica, pero ahora que ya están todas las solicitudes reconocidas, las mutuas se han puesto a analizar los casos y han detectado que no todas han seguido el mismo patrón.
Y aquí surge el segundo inconveniente. Si lo que manda es la fecha de la solicitud y se solicita la prestación en abril, la mutua coge como referencia los ingresos de marzo y los compara con los de los seis meses anteriores (septiembre-febrero). Si se pide en mayo, los de abril con los de octubre-marzo. “No es lo mismo tener de referencia marzo, donde solo se facturó 15 días y los cinco meses anteriores fueron normales, a abril, que nadie facturó nada” destaca el de AUPA.
MÁS TRABAJO PARA LAS MUTUAS
Al no seguir las mismas reglas y ante la desigualdad de quienes pidieron la ayuda antes o después, muchas mutuas se han visto obligadas a reclaman a los autónomos explicaciones sobre el cierre del negocio “porque muchos no estaban obligados a hacerlo” o “les es difícil justificar la caída de ingresos”, añade González.
Por ejemplo, un taller mecánico “no estaba obligado a cerrar, pero sin movimiento de coches no tenía sentido” apunta. El de los taxis, es otro tema aparte “si pide la prestación acogiéndose el cese de actividad pierde la licencia administrativa”.
Según Lorenzo Amor, presidente de ATA para este sector es “una ayuda trampa” por el sistema de modulo en el que tributan. “Todo el mundo sabe que del 14 al 31 de marzo los españoles estaban confinados en sus casas y evidentemente el servicio de taxi no ha funcionado y aunque no puedan acreditarlo con libros porque no tienen, no es coherente. Tiene que haber sentido común”.
SIN DIÁLOGO
Todas las asociaciones de autónomos denuncian que no se les ha tenido en cuenta para tomar decisiones. El de ATA reclama que el Gobierno ha abusado del Real Decreto y ha faltado diálogo, por eso se han cometido tantos errores.
El de AUPA denuncia que se canceló una reunión que tenían con el Ministerio de Consumo cuando se decretó el estado de alarma, después les han hecho llegar varias cuestiones al Gobierno pero “ni caso”.
Sin embargo, como representantes de este colectivo no pueden dejar de denunciar que las mutuas están mandando cartas informativas a los autónomos para que presenten más documentación y justifiquen el por qué de la solicitud, dada la inseguridad jurídica que generan las propias leyes del Gobierno.
ALARGAR LOS ERTE Y EL CESE
En medio de todo este caos, los trabajadores por cuenta propia siguen pidiendo que se alarguen los ERTE (mínimo hasta septiembre) para los sectores más afectados, como la hostelería, porque no se van a recuperar salvo que vayan a concurso de acreedores y les permitan despido disciplinario.
Tener a parte de la plantilla en expedientes de regulación de empleo es clave para que muchas empresas puedan comenzar a activarse. “Hacernos cargo de todo el personal de golpe sin hacer caja es imposible”, comentan desde AUPA. Y esperan que el Gobierno “se lo piense muy mucho a la hora de recortar su duración”.
También consideran que se debe otorgar un plazo de al menos un año para devolver las cuantías de las cuotas aplazadas con el fin de suavizar la vuelta a la actividad. Una encuesta realizada por esta asociación cifra en 500.000, los autónomos que se están replanteando su futuro al considerar que, en las actuales circunstancias y con la crisis económica en la que nos hemos vuelto a sumir, no llegarán al 2021.
“Es verdaderamente preocupante” por ello, ven esencial que se otorguen ayudas suficientes, ya que “la sostenibilidad del país pasa por salvar autónomos y empresas” y la prestación (de poco más de 600 euros) no es suficiente y además acaba el 30 de junio.
