El organizador o el minorista de viajes combinados que hayan sido cancelados por motivo del coronavirus podrán entregar un bono al consumidor tras la «aceptación por parte de este», modificando el real decreto del 31 de marzo que no establecía la obligatoriedad de la aceptación por parte del cliente.
Esta modificación, publicada este miércoles en Boletín Oficial del Estado dentro del real decreto del 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19, establece que el organizador podrá entregar un bono para ser utilizado dentro de un año desde la finalización de la vigencia del estado de alarma y sus prórrogas, por una cuantía igual al reembolso, siempre que esta modalidad sea aceptada por el consumidor.
Transcurrido el periodo de validez del bono sin haber sido utilizado, el consumidor podrá solicitar el reembolso completo de cualquier pago realizado, que deberá ser abonado en un máximo de 14 días.
Por tanto, también se modifica el plazo de 60 días desde la fecha de resolución del contrato, si el consumidor así lo solicitaba, o desde que los proveedores de servicios hubieran realizado el reembolso del que el organizador o minorista disponía para efectuar la devolución del dinero, tal y como determinaba el anterior real decreto.
Además, se elimina del artículo la opción de que «si solo algunos proveedores de servicios efectuaran la devolución al organizador», o la cuantía fuera parcial, «el consumidor o usuario tendrá derecho al reembolso parcial correspondiente a las devoluciones efectuadas».
Esta modificación se produce para cumplir con la normativa europea, un reglamento que el real decreto del 31 de marzo no cumplía.
La Confederación Española de Agencias de Viajes (Ceav) ha transmitido al Ministerio de Consumo su disconformidad con la medida, ya que los bonos habían «aliviado en parte la presión que sufrían las agencias de viajes» durante esta crisis, por lo que han solicitado al Gobierno que apruebe una línea de crédito ICO específica para sufragar «las tensiones de tesorería que esta decisión va a conllevar» para las agencias de viajes, en unas condiciones con aval del estado al 100%.
De su parte, la Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas (Acave) ha exigido al Gobierno una solución «urgente» ante el cambio de normativa que supondrá «un perjuicio incuantificable» para las agencias, ya que tendrán que asumir reembolsos que los proveedores se están negando a realizar, «incumpliendo la normativa vigente.
En este sentido Acave ha recordado que ya ha presentado 40 denuncias ante Agencia Europea de Seguridad Aérea por el incumplimiento por parte de las aerolíneas del Reglamento europeo 261/2004.
