La Comisión Europea ha pedido a España «cautela» respecto a la derogación de la reforma laboral de 2012 del Gobierno del PP, al considerar que ha sido «positiva» para la creación de empleo tras la última crisis financiera, por lo que ha advertido de que crear «incertidumbre» acerca de una mayor rigidez del mercado de trabajo solo contribuye a «dificultar el sostenimiento del empleo». Además, ha instado a que España distinga las prioridades y principales campos de cara a los nuevos fondos europeos.
Así lo ha señalado el jefe de la unidad de Semestre Europeo, Inversiones Estratégicas Europeas y Cohesión de la Comisión Europea, Miguel Gil, durante su intervención en un evento virtual organizado por la Fundación de las Cajas de Ahorro (Funcas) sobre las recomendaciones específicas de la Comisión Europea para España.
Gil ha destacado que la reforma laboral del año 2012 contribuyó a crear empleo tras la crisis financiera y que, por lo tanto, «ha sido positiva», por lo que cree que crear «incertidumbre» en este momento sobre la regulación del mercado de trabajo «tan solo contribuye a dificultar el sostenimiento del empleo.
Por ello, ha lanzado un «mensaje de cautela» al ser preguntado sobre la posible derogación de la reforma laboral, tras el acuerdo suscrito entre PSOE y Unidas Podemos con EH Bildu, que contemplaba una derogación «íntegra», y la posterior matización desde el PSOE y algunos ministerios circunscribiéndolo solo a los aspectos más lesivos.
De hecho, desde la Comisión Europea recomiendan a España «respaldar» el empleo mediante medidas encaminadas a preservar los puestos de trabajo, con incentivos «eficaces» a la contratación y el desarrollo de las cualificaciones, así como mayor «flexibilidad», ha apuntado Gil.
A pesar de los años de «fuerte» creación de empleo, Bruselas señala que ya antes de la pandemia el mercado de trabajo registraba aún niveles «muy altos» de desempleo y segmentación del mercado laboral, por lo que marca como «prioridad» preservar el empleo en el contexto actual, ya que un aumento significativo del desempleo tendría repercusiones en la ya «limitada» capacidad de los servicios de empleo.
A medio plazo, pide medidas de apoyo en consulta con los interlocutores sociales como la eliminación gradual de los ERTE, la revisión del sistema de incentivos a la contratación para fomentar formas de empleo sostenibles, como está realizando ya la AIReF, y la flexibilización de las condiciones laborales.
Sobre la reforma laboral, avisa de que toda incertidumbre inútil acerca de una mayor rigidez del mercado de trabajo en un futuro próximo «solo contribuirá a dificultar el sostenimiento del empleo en España».
De igual forma, aboga por una mejora de la orientación educativa y profesional y por trabajar para satisfacer la demanda crecimiento de cualificaciones técnicas necesarias para la transición ecológica y digital, incrementando la proporción de estudiantes en ciencias y tecnologías digitales, fomentando el atractivo de la formación profesional y garantizando oportunidades flexibles de reciclaje profesional.
PIDE APLICACIÓN EFECTIVA Y RÁPIDA DE LAS MEDIDAS DE LIQUIDEZ
De igual forma, Gil ha subrayado la importancia de que las medidas de liquidez aprobadas para las pequeñas y medianas empresas, así como para los trabajadores autónomos, sean «efectivas» y «rápidas y se eviten retrasos en los pagos por parte de los intermediarios financieros.
A su vez, ha recomendado dar un apoyo específico a las empresas de los sectores más perjudicados por la crisis, como el turismo o el comercio minorista, así como la salvaguarda de la competitividad de las empresas exportadores y el fomento de la internacionalización, ya que serán «esenciales» para el éxito de la recuperación.
En el plan fiscal, ha explicado que la Comisión Europea ha activado la cláusula general de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) dentro de su estrategia para responder de forma rápida y coordinada a la pandemia del coronavirus, lo que permite a los Estados miembros adoptar medidas para hacer frente a la crisis, dejando al margen temporalmente los requisitos presupuestarios.
A este respecto, ha dicho que por ahora se desconoce cuando se volverá a la situación «normal» en materia del Pacto de Estabilidad, pero ha apuntado que los niveles de deuda serán «mucho más altos» que antes de la crisis y se estudiará la gradualidad e implementación del procedimiento de consolidación fiscal.
En el entorno europeo, ha indicado que si se reclama mayor capacidad de gasto hay que avanzar hacia una mayor capacidad impositiva en la UE, con acciones fiscales que aborden el plástico o la imposición digital, que, «con independencia de cómo sean vistas y la discusión política, a la CE no le queda otro remedio que presentarlas».
MARCO FINANCIERO PLURIANUAL Y FONDO DE RECONSTRUCCIÓN
Igualmente, ha indicado que los nuevos fondos derivados del marco financiero plurianual está previsto que estén disponibles a partir del próximo 1 de enero de 2021, si bien ahora mismo se pueden utilizar los del marco actual o algunos como el de reaseguramiento de desempleo (SURE).
A estos fondos se añade el de reconstrucción de en torno a 750.000 millones de euros propuesto sobre la UE, sobre el que ha detallado que incluirá mecanismos de recuperación y resiliencia para dar apoyo financiero a inversiones y reformas en los Estados miembros.
En este sentido, ha subrayado la importancia de que España, como el resto de Estado miembros, identifiquen y trasladen a la Comisión las áreas prioritarias y las directrices principales de sus reformas para tener acceso a los fondos, subvenciones y préstamos, de forma que España tendrá que presentar un plan, ser convalidado por la CE y luego refrendado por el Consejo, con una monitorización trimestral.
Según el dirigente de la Comisión Europea, el marco temporal de ayudas tendrá que ser revisado cuando la situación se estabilice, y cree que no ha habido una respuesta «asimétrica» entre los Estados miembros, pero ve «evidente» que la posición fiscal de cada uno «no es la misma» y se pueden dar situaciones de «ciertas distorsiones» en la economía por la distinta capacidad de los Estados.
En detalle, ha apuntado que los planes de recuperación deben basarse en las recomendaciones específicas de este año y del ejercicio pasado, y ha explicado que al inicio de cada ejercicio los Estados miembros tendrán que dar unas líneas generales de actuación para ver cómo se procede con los fondos.
Por su parte, el director de Coyuntura y Economía Internacional, Raymond Torres, ha abogado por el diseño de una política de industria moderna y «visión estratégica» con algunos sectores, en lugar del «despilfarro» de multiplicar las ayudas de cada país para ser más competitivos que el país vecino. Además, ha abogado por derogar los aspectos más lesivos de la reforma laboral, como la ultraactividad, con una serie de parámetros.
Además, ha pedido rapidez en la respuesta europea, ya que si el fondo europeo de 750.000 millones no estará disponible hasta 2021, significa que los fondos no se activarían hasta mediados del próximo año, una fecha «un poco tarde respecto a lo que necesita la economía española».
Ambos han coincidido también en la importancia de la lucha contra el cambio climático y el Pacto Verde europeo, ya que puede permitir incrementos de empleo en el corto plazo, así como dar impulso en este marco a la eficiencia energética y el coche eléctrico.
