sábado, 23 noviembre 2024

Ocho comunidades autónomas una Mesa de la Automoción

Responsables de Economía, Industria y Empleo de ocho Comunidades Autónomas, entre ellos la consejera vasca de Desarrollo Económico e Infraestructuras, Arantxa Tapia, han enviado este domingo una carta a la Ministra de Industria, Reyes Maroto, en la que piden al Gobierno central «una estrategia común» para el futuro de la automoción, fuertemente afectado por la crisis del covid-19.

El escrito, liderado por Tapia, y al que se han adherido consejeros de Cataluña, Galicia, Comunidad Valenciana, Aragón, Navarra, Castilla y León y Madrid, Comunidades «directamente afectadas por la crisis de la automoción», propone crear una Mesa de la Automoción «pivotada» desde el Gobierno de España y participada por las Comunidades Autónomas más afectadas, y «con la asistencia» del sector industrial.

En la misiva  Tapia, en representación de las ocho autonomías, explica que, «conocedores de los activos» de su respectivas Comunidades y de «las capacidades industriales disponibles para este sector», estratégico en el conjunto del Estado, constatan la «necesidad urgente de una estrategia común que aglutine esfuerzos y recursos con el objetivo de atender el presente y, sobre todo, el futuro de la automoción».

«Urgimos una estrategia compartida que se base en los activos disponibles, aprovechando el esfuerzo inversor realizado por los sectores públicos y privados en materia de I+D, en habilitar espacios de fabricación, así como en la generación de recursos humanos, a través de la formación», explican.

Para las Comunidades, es «necesario aprovechar lo existente» y dotarle de «un nuevo impulso que permita sostener la actividad y el empleo del sector a corto plazo, y mejorar la competitividad futura con una clara apuesta» por el posicionamiento internacional.

Según explican, los ocho responsables autonómicos comparten la conveniencia de crear una Mesa de la Automoción «que esté pivotada desde el Gobierno de España y participada por las Comunidades Autónomas especialmente afectadas», con la «lógica asistencia y participación del sector industrial.

«Entendemos que ha de ser un foro de trabajo que responda de manera urgente a la dinamización de la demanda, a través de medidas de rápido alcance, y la conjunción de una estrategia de medio y largo plazo que defina una hoja de ruta por la que vaya a transitar el desarrollo industrial de la automoción», afirma.

Tras recordar que los instrumentos y las políticas industriales «recaen, en una parte relevante, en los ámbitos autonómicos», aseguran que los ejecutivos autonómicos asumen «una responsabilidad y un compromiso firme con una industria 4.0, una industria digitalizada y alineada con la necesaria sostenibilidad» que hace precisa una política energética «que ayude a mejorar la competitividad industrial». Por ello, solicitan ser «parte activa» en la definición de esa estrategia, «con ánimo colaborativo y constructivo».

FUTURO DOCUMENTO

En este sentido, «a falta de una nueva reflexión compartida», los consejeros avanzan «las bases» para un futuro documento «en el que se recoja la necesaria estrategia». También instan a definir «acciones ejecutables a la mayor celeridad, en línea con lo ya avanzado por otros Estados europeos» en los que se radican «muchos competidores» de las empresas afectadas.

Los firmantes proponen crear un marco de actuación en el sector de la automoción «que dote a las empresas de la máxima predictibilidad en lo que se refiere a políticas públicas» porque «sin seguridad jurídica, sin un conocimiento de la evolución temporal del marco normativo es difícil invertir en un sector tan intensivo en capital». En este aspecto, citan las políticas fiscal y medioambiental y de formación.

También reclaman renovar el parque de vehículos «para reducir las emisiones de CO2 e impulsar la demanda» y establecer «un programa de activación de la demanda, tipo RENOVE vehículos», basado en la neutralidad tecnológica.

«Si solo se fomenta la adquisición de vehículos eléctricos en un momento de gran crisis, se fomentan los desequilibrios sociales en detrimento de las personas con menos recursos. La renovación de la flota de vehículos, aportará, asimismo, una mayor seguridad y contribuir la reducción de la siniestralidad en carreteras», añaden.

El desarrollo de la red de recarga de vehículos eléctricos, el impulso a la I+D+i «para diversificar tecnologías de desarrollo de motores menos contaminantes», como los biofuels, ecocombustibles, hidrógeno, baterías basadas en diversas tecnologías, vehículos híbridos enchufables, nuevos materiales, tecnologías de producción más eficientes y digitales o reciclaje de baterías.

También proponen «una política energética basada en el desarrollo de energías renovables, eficiencia energética y precios competitivos», el desarrollo de una formación profesional y universitaria «adecuada a las necesidades de la industria de la automoción» y «una apuesta clara por las grandes empresas, dada su capacidad de tracción y modernización de toda la cadena de proveedores, su adecuado posicionamiento internacional y su facilidad para adoptar nuevas tecnologías».

IMPULSO A LA I+D+I

Por otro lado, reclaman un impulso a la I+D+i «en torno al vehículo autónomo y conectado», así como a los nuevos modelos de negocio, «en el marco de la apuesta por la digitalización, y extender el 5G a todo el territorio». Por último, demandan «vigilancia a las políticas de dumping fiscal» de países externos a la Unión Europea, «por su impacto en la cadena de valor industrial del sector» y la adopción, en su caso «de las medidas necesarias».

Las Comunidades Autónomas admiten que las medidas a implantar «son urgentes y diversas», requerirán de nuevas inversiones y «será necesario un compromiso para la dotación de recursos económicos vinculados a un Plan Estratégico de Apoyo al Sector de Automoción que no tengan que esperar a los fondos que procedan de la Comisión Europea».


- Publicidad -