Este domingo se cumplen tres años desde que Banco Popular fue resuelto por la Junta Única de Resolución (JUR) y adquirido por Banco Santander al simbólico precio de un euro en la madrugada del 7 de junio de 2017. Popular ya ha desaparecido como entidad jurídica y está totalmente integrado en el grupo Santander, pero los distintos frentes legales abiertos a raíz de su resolución apenas han avanzado.
Los juzgados españoles siguen resolviendo cientos de demandas civiles de accionistas que perdieron todo su dinero, al tiempo que la Audiencia Nacional acaba de iniciar la ronda de interrogatorios a los testigos del procedimiento penal que investiga las presuntas irregularidades que motivaron la caída del banco.
Banco Popular llevó a cabo en 2012 una ampliación de capital de 3.000 millones de euros y cuatro años después realizó una segunda que justificó en la obtención de importantes beneficios y cobro de dividendos. Durante todo este tiempo, sus gestores vendieron una imagen de solvencia económica y patrimonial, pero los beneficios se convirtieron en pérdidas y los dividendos nunca llegaron.
Además, la crisis del banco desató una fuga de depósitos y una crisis de liquidez que culminó con la resolución de la entidad el 7 de junio de 2017 por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) en ejecución de la decisión de la JUR, un procedimiento sin precedentes en la Unión Europea que provocó el descontento entre miles de accionistas y bonistas que perdieron todo el valor de sus inversiones.
En estos tres años se ha presentado un aluvión de recursos y acciones contra las resoluciones de la JUR y del FROB y reclamaciones contra Popular y Banco Santander. Las demandas contra los antiguos gestores versan sobre las supuestas irregularidades contables de los últimos ejercicios y la falta de veracidad de los folletos para las ampliaciones de capital, mientras que a las autoridades de resolución se les cuestiona el modo en que se llevó a cabo el procedimiento.
Por un lado, varios inversores han presentado recursos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea contra la decisión de la JUR, que además este año decidió que no compensará a los accionistas y acreedores de Banco Popular, al considerar que un procedimiento normal de insolvencia hubiera tenido mayores costes para los afectados que la resolución.
En cuanto al procedimiento penal que se desarrolla en España, la Audiencia Nacional está investigando las presuntas irregularidades que llevaron a la caída de Popular. La instrucción del caso había entrado en la fase de testificales cuando entró en vigor el estado de alarma por la pandemia, por lo que fue paralizada.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 José Luis Calama retomará en otoño las declaraciones testificales de la presidenta del Banco Santander, Ana Botín, del vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE) y exministro de Economía, Luis de Guindos, y del presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Sebastián Albella.
Respecto a la vía civil, hay ya cientos de sentencias en los juzgados españoles de primera instancia que han declarado nula la compra de acciones del Popular por falsedad contable. En segunda instancia, los datos del Centro de Documentación Judicial (Cendoj) recogidos por Fieldfisher Jausas indican que desde 2018 las Audiencias Provinciales han dictado 145 sentencias, de las que el 76% falló a favor del consumidor y el 10% lo hizo parcialmente a favor.
El citado estado de alarma por el Covid-19 también suspendió los plazos de prescripción y caducidad, por lo que el plazo para reclamar las principales acciones de Banco Popular, que vencía este 7 de junio, se ha extendido hasta el 28 de agosto de 2020.
¿EL NUEVO ‘CASO BANKIA’?
La mayoría de los jueces españoles subrayan en sus fallos que existía una «notable diferencia» entre la verdadera situación patrimonial y financiera de Banco Popular y la expresada en el folleto de la ampliación de capital, lo que ha motivado que varios despachos de abogados hayan resaltado las similitudes del procedimiento con el ‘caso Bankia’, que sigue a la espera de sentencia en el juicio por la salida a Bolsa de la entidad en 2012.
«La CNMV concluye en su informe de 28 de mayo de 2018 que el folleto de ampliación de capital de 2016 no representaba la imagen fiel de la situación económico-patrimonial del banco. Que se minimizaron los riesgos y se ocultó el deterioro de los activos. Y el Banco de España señala en un informe de 8 de abril de 2019 que el folleto pecaba de un optimismo contrario a la prudencia exigible. Más contundencia no se puede, estamos ante un ‘caso Bankia’ 2», señala el socio director de Navas & Cusí, Juan Ignacio Navas.
De la misma opinión es el socio de Lean Abogados Rodrigo Vilallonga Elorza, quien considera que ha quedado acreditado que la información de los folletos no se ajustaba a la realidad y que los estados financieros y contables de la entidad no eran correctos, pues presentaban una imagen de solvencia y fortaleza equivocada.
«Todo ello nos hace confirmar lo que ya hace tres años presumíamos: el ‘caso Popular’ se ha convertido en un nuevo ‘caso Bankia’. El tratamiento jurídico que se está dando a los asuntos de la entidad liquidada hace dos años empieza a ser prácticamente igual al que vimos en los procesos judiciales que se tramitaron contra la antigua caja madrileña. Poco a poco se va haciendo más y más evidente que los inversores fueron engañados y que la Justicia está claramente dispuesta a darles la razón», ha señalado el socio de Lean Abogados.
