El 7 de junio de 2017, el Banco Santander compraba el Banco Popular por 1 euro, después de que la Junta Única de Resolución (JUR) optase por la resolución de la entidad. El sexto banco de España dejaba a más de 300.000 accionistas y titulares de deuda subordinada sin su dinero, tres años después el panorama no ha cambiado mucho.
Tanto los accionistas como los bonistas del Popular podían acudir a los tribunales desde el principio, su exposición a la entidad está valorada en aproximadamente 2.000 millones de euros y así ha sido. La decisión de la JUR inundó de demandas todos los despachos de abogados de España, que en mayor o menor medida, llevan algún caso.
Sin embargo, muchos bufetes se han tomado su tiempo en presentar demandas porque la información del Banco de España o la CNMV en relación al banco “salía a cuentagotas” tal y como explican desde Rúa Abogados a MERCA2.
El despacho, que asesora a más de 9.000 inversores minoristas, prefirió esperar. Algunas de las primeras sentencias presentadas por otros despachos se desestimaron porque las cuentas del banco no reflejaban su imagen fiel, así que no actuaron hasta hace poco más de un año. El objetivo final de los demandantes es poder recuperar al menos una parte de su capital.
EL AÑO MÁS IMPORTANTE
En Rua Abogados insisten en que este tercer aniversario de la resolución de la entidad es “especialmente relevante” para los afectados, pues las principales acciones a ejercitar prescriben.
Hay una diferencia entre las acciones adquiridas en la ampliación de capital de 2012 y 2016, y las acciones adquiridas fuera de las mismas, esto es, en el mercado secundario, por eso el plazo para reclamar es diferente.
En el caso de las primeras, es de cuatro años y en el segundo, de tres. Ambos plazos comienzan a correr desde que los afectados tuvieron conocimiento de que la información de la entidad no reflejaba su imagen fiel, y esto fue el 7 de junio de 2017.
Sin embargo, la situación excepcional de las últimas semanas como consecuencia del coronavirus ha suspendido todos los plazos de prescripción y caducidad. De manera que la fecha límite para los accionistas del Popular se ha trasladado al 28 de agosto.
Pero desde Rúa creen que, sin perjuicio de la ampliación del plazo, la opción con más garantías para los afectados que todavía no han iniciado sus reclamaciones es interrumpir la prescripción. Y esto se hace al iniciar una reclamación ante los tribunales o presentando una reclamación extrajudicial, aclarando qué cantidad y títulos tenían. “El tiempo apremia y si no inician reclamaciones, al menos que conserven el derecho a reclamar”, añaden.
AFECTADOS
Este bufete asesora a la Plataforma de Accionistas Afectados de Banco Popular, el origen de colaborar con ellos viene de antes, ya eran los asesores de los afectados por los bonos del banco antes de la quiebra. Pero tras ella pusieron en marcha una nueva colaboración, ya que muchos bonistas representados también era accionistas.
Con ellos, todos los que han sido titulares de acciones del Popular a partir del 2012 pueden reclamar con independencia de la fecha de adquisición. En poco más de un año han presentado más de 3.000 demandas y hasta el momento el índice de éxito es de más de un 93%.
“Las expectativas son bastantes buenas, ya tenemos sentencias que anulan las compras hechas el último día y la última semana antes de quebrar, que es donde más se dudaba. La respuesta de la justicia ha sido satisfactoria”.
En la última semana han recibido 500 llamadas de personas que aún no ha reclamado. Aún hay muchos afectados que no han hecho nada o han decidido esperar, pero recuerdan “si no la interrumpen, la reclamación prescribe”. Ya han reclamado unos 20 millones de euros y durante el confinamiento han ido presentado demandas que aún no se han tramitado, aunque en el inicio de la desescalada se ha reanudado todo. Igualmente, destacan que esto llevará su tiempo.
JUSTICIA EN LA CÚPULA
Paralelamente, la Audiencia Nacional admitió a trámite varias querellas contra los dos últimos presidentes del Popular, Ángel Ron y Emilio Saracho en octubre de 2017, además de sus consejos de administración, el socio auditor de las cuentas y la firma PwC, por varios delitos societarios.
El magistrado abrió dos piezas separadas, en una investiga al equipo de Ron por la ampliación de capital de 2.500 millones de euros de 2016, y una otra sore los 108 días de Saracho al mando.
En el marco de esta causa, que investiga las presuntas irregularidades que llevaron a la resolución del Banco Popular, ya han declarado como testigo en la Audiencia Nacional el exgobernador del Banco de España, Luis María Linde y la expresidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Elvira Rodríguez.
En marzo estaba citado el actual presidente de la CNMV, Sebastián Albella. En abril, el exministro de Economía, Luis de Guindos y en mayo la presidenta del Banco Santander, Ana Botín. Pero se ha retrasado al próximo 17 y 30 de septiembre, y 8 de octubre respectivamente a causa del covid-19.
