Facua ha solicitado al Gobierno que modifique la normativa que permite a los operadores de telecomunicaciones bloquear portabilidades argumentando que los usuarios mantienen deudas, con el fin de facilitar que los clientes que hayan incurrido en impagos debido al Estado de alarma puedan conservar sus números de teléfono si deciden cambiar de compañía.
En un comunicado, la asociación explica que el Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo, reconoce a los usuarios de servicios de comunicaciones electrónicas el derecho a aplazar y fraccionar los importes adeudados de facturas que se hubieran presentado durante el estado de alarma. Sin embargo, esta normativa suspende su derecho de conservar sus números de teléfono si deciden cambiarse de compañía mientras mantienen una deuda.
INACEPTABLE
La asociación considera «inaceptable este recorte a los derechos de los usuarios», ya que hasta ahora la existencia de una deuda no impedía que se pudiera realizar un cambio de compañía, y critica que, con esta normativa, el Gobierno está dando poder a las empresas del sector para «secuestrar» la numeración telefónica de un usuario pese al riesgo de que la deuda que lo motive pueda ser falsa.
Asimismo, señala la trascendencia que tiene la conservación del número durante la crisis sanitaria provocada por el Covid-19, donde las comunicaciones telefónicas y online han adquirido una gran importancia para mantener el contacto durante el confinamiento y el Estado de alarma.
Además, incide en que esta suspensión del derecho a conservar la numeración «afecta especialmente a los consumidores más vulnerables y que han tenido mayores dificultades para atender al pago de facturas», al mismo tiempo que critica que el Real Decreto-ley no exige en ningún momento a las operadoras que informen de la limitación de este derecho.
CONTRARIO A LA LEY
Por otro lado, también advierte de que la suspensión de este derecho resulta contrario a lo dispuesto por las distintas normativas sobre esta materia, incluyendo legislación comunitaria, lo que podría conllevar a que el Estado tenga que responder tanto frente a la Unión Europea como ante los propios consumidores por los daños que se les puedan causar por contravenir la normativa comunitaria.
De igual forma, considera que dicha medida no se considera proporcional ni equitativa, teniendo en cuenta que el aplazamiento y fraccionamiento de la deuda benefician tanto al acreedor como al deudor y que las operadoras ya cuentan con medios suficientes para ver satisfecho el pago de los importes adeudados sin tener que recurrir al «secuestro» del número.
Por todo ello, insta al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital a que se modifique el Real Decreto-ley 19/2020 para eliminar la suspensión del derecho a conservar la numeración telefónica en el caso de realizar una portabilidad mientras se mantiene una deuda con un operador.
