Fedea (Fundación de Estudios de Economía Aplicada) cree que los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) han jugado un papel «esencial» en la protección de los trabajadores durante la fase inicial del covid-19, pero afirma que sería necesario adaptar su regulación de cara al proceso de reactivación que ahora comienza.
Así se desprende de un estudio publicado este jueves, donde los autores identifican cuatro prioridades. Desde su punto de vista, se debe clarificar en qué condiciones los ERTE por fuerza mayor se podrán transformar en ERTE por razones económicas, así como facilitar tales transformaciones, «que deberían ser automáticas».
En este punto, también ven necesario aumentar la flexibilidad del sistema, permitiendo la adaptación rápida de los ERTE a la situación de la empresa y a posibles rebrotes de la pandemia.
Por otro lado, creen que también es una prioridad el diseño de un sistema de incentivos que fomente la reincorporación de los trabajadores a un ritmo acorde con el interés general. «Ya se han tomado algunas medidas en este sentido y podría ser aconsejable reforzarlas, quizás elevando gradualmente el coste de los ERTE para las empresas según vayan mejorando las condiciones para su actividad», añaden.
MANTENIMIENTO DE EMPLEO
Para Fedea, la tercera prioridad es la revisión del requisito de mantenimiento del empleo y la penalización por su incumplimiento, que ambos «son más estrictos que en otros países europeos y pueden dificultar ajustes necesarios en muchas empresas y llegar a comprometer su continuidad».
Por último, insta al diseño de incentivos para la movilidad y la re-cualificación de los trabajadores, «en particular en aquellos sectores en los que la actividad no se recuperará por completo mientras no haya una vacuna».
Respecto a la puntualidad en los pagos de compensaciones por la suspensión de contratos o la reducción de las horas de trabajo, Fedea cree que se ha errado inicialmente, hasta encontrar una vía para agilizar las transferencias a los trabajadores.
Además, ha apuntado que los mecanismos de refuerzo de la productividad de los sectores afectados por los ERTE con programas y fondos especiales para la formación durante el período de inactividad también «han sido insuficientes» y que los últimos cambios han generado confusión que puede derivar en «un alto grado de inseguridad jurídica si no se aclara bien la aplicación de las exoneraciones y las diferencias entre ERTE por fuerza mayor parciales y completos».
LO DIFÍCIL VIENE AHORA
Pese a todo, ha remarcado que los ERTE por fuerza mayor han ayudado a amortiguar «el primer golpe de la crisis del coronavirus», aunque considera que «lo difícil viene ahora», que es «conseguir que el mayor número posible de las personas incluidas en ERTE puedan reincorporarse a sus empleos y que el resto consiga otro empleo».
El Gobierno ya ha tomado algunas medidas, como la desvinculación de la duración de los ERTE por fuerza mayor del Estado de alarma. Sin embargo, queda la importante tarea de definir el marco que regulará las ayudas a partir de julio y que debería permitir la reincorporación gradual de los trabajadores, compaginando un nivel adecuado de protección con incentivos a la movilidad para los trabajadores cuyo puesto de trabajo no se puede garantizar», ha añadido.
