La patronal de grandes constructoras y concesionarias Seopan ha insistido en la necesidad de cobrar un peaje por circular por la red de autovías del país con el fin de levantar fondos para su mantenimiento y que deje así de depender de las arcas públicas, ante el «mayor gasto social» derivado de la crisis.
«En la actual coyuntura del país, con el incremento del gasto social derivado de la crisis, es un debate que habría que abrir en cuanto se pueda», indicó el presidente de Seopan, Julián Núñez.
Se trata de un peaje que ya se ha articulado en 23 países de la UE y que «permitiría que el mantenimiento de la red de carreteras se financie con los recursos los usuarios de las mismas y no con cargo a todos los contribuyentes», argumentó durante un encuentro telemático de ‘Nueva Economía Forum’.
La patronal constructora insiste así en la necesidad de tarificar la red de carreteras que ya planteó a comienzos del pasado mes de marzo, en vísperas de la crisis.
Seopan propuso entonces poner un peaje por circular por toda la red de 14.130 kilómetros de autovías del país de una media de 0,09 euros por kilómetro recorrido para los coches y de 0,19 euros para los camiones.
Según detalló entonces, estas tasas permitirían, además de levantar un importe al adjudicar la concesión del sistema de peaje, recaudar 4.827 millones de euros anuales por tráfico y otros 4.698 millones en impuestos.
Asimismo, el Estado se ahorraría los 825 millones que actualmente destina cada año a mantener las carreteras con cargo a las ‘arcas públicas’, según los cálculos de Seopan.
No se trata de la primera vez que las constructoras piden cobrar por circular por las autovías, una cuestión sobre la que el Gobierno ha mostrado su disposición a abrir un debate, en busca de consenso político y social, al considerar necesario «garantizar la sostenibilidad futura» de estas infraestructuras.
RECLAMACIONES AUTOPISTAS
Durante su intervención en el foro, el presidente de Seopan se refirió también a las autopistas de peaje del país, que suman unos 2.250 kilómetros de longitud, para indicar que las empresas que tienen la concesión de su explotación no descartan reclamar al Gobierno por el desplome de tráfico registrado por la crisis sanitaria, el estado de alarma y la consiguiente reconstrucción de la movilidad.
No obstante, indicó que dichas reclamaciones se formularán «en su momento, una vez los tráficos se vayan recuperando y se tenga una estimación del impacto real». «No se puede reclamar ahora, porque aún no se sabe qué reclamar», añadió.
Núñez remarcó que, en caso de que las concesionarias tengan derecho a un reequilibrio económico de sus contratos, «no supondría ni un sólo euro de recursos públicos», dado que se puede ‘pagar’ aumentando el periodo de explotación de la vía.
No obstante, el presidente de la patronal indicó que «ya habrá tiempo» de plantear al Gobierno posibles reclamaciones y «tratar sobre consideraciones jurídicas», indicó en relación al pronunciamiento de la Abogacía del Estado indicando que la crisis sanitaria no sería supuesto para reequilibrar cuentas de las concesiones de autopistas.
El debate sobre el peaje de las autovías y las eventuales reclamaciones de la autopistas por la crisis se plantean en tanto la actual estrategia del Gobierno pasa por no alargar la concesión de las autopistas que vencen su contrato de concesión que, de esta forma, levantan el peaje y revierten al Estado.
Tres vías de pago han revertido ya al Estado en los dos últimos años, la AP-1 Burgos-Armiñón, el tramo de la AP-7 que une Tarragona, Valencia y Alicante, y la AP-4 Sevilla Cádiz. El próximo año, está previsto que esto mismo ocurra con la AP-2 Zaragoza-Mediterráneo otro tramo de la AP-7, es que discurre entre Tarragona, Barcelona y el paso fronterizo de La Jonquera.
