Este miércoles 25 finaliza el plazo para que las empresas interesadas en el contrato de teleasistencia a mayores de la Comunidad de Madrid presenten su oferta por, como máximo, dos de los tres lotes en los que se ha dividido el territorio de la comunidad: zona metropolitana este, zona metropolitana oeste y zona periférica.
Y, según las condiciones del pliego del concurso, las compañías interesadas tendrán que hilar muy fino en cuánto ofrecen por dar este servicio porque la parte económica pesa hasta en un 80% de la puntuación. «Y el otro 20% está también relacionado con la oferta económica», explican fuentes empresariales. El valor estimado del contrato es de 34 millones de euros hasta 2019.
Al mismo tiempo, también mañana concluye el plazo de presentación de ofertas del concurso de asistencia a mayores a domicilio, dividido en dos lotes, uno máximo por empresa oferente. En este caso, el peso de la parte económica es del 70% del total. El valor estimado del contrato es de 279 millones de euros en tres años (2017-2019).
De esta forma, el Gobierno de Cristina Cifuentes ha convertido los contratos de asistencia a mayores en una simple puja económica entre empresas, que deberán centrar su batalla en reducir al máximo los costes para poder hacer una buena oferta para ganar este contrato millonario.
65 puntos frente a 10
En el caso del contrato del servicio de ayuda a domicilio (SAD), de los 70 puntos sobre 100 que pesa la oferta económica un total de 65 puntos dependen de que las empresas reduzcan el precio por hora diario base del contrato y los otros cinco puntos de si reducen el precio por hora en festivo.
En cambio, en este mismo contrato solo se premia con diez puntos sobre 100 las mejoras que las empresas oferentes puedan hacer respecto a las mejoras técnicas (grúas o camas articuladas), o las mejoras en el ratio de personal.
Las mejoras en el precio del concurso contarán 65 puntos sobre 100, mientras que las mejoras técnicas o de personal solo pesan diez puntos
En cuanto al otro contrato en liza, el de teleasistencia, la parte económica pesa 80 puntos de 100 mientras que, por ejemplo, las mejoras en medios materiales y técnicos solo sirven para sumar 12 puntos. Si la empresa quiere reducir los 15 días legales para tener instalados los terminales tendrá cuatro puntos extra.
Ley de Contratos Públicos
Las características de este contrato lanzado a finales de septiembre nada tiene que ver con las normas para la contratación pública impuestas por Bruselas y que acaba de adoptar el Congreso español hace una semana, el pasado jueves. El periodo de interinidad que vivió España de más de un año, hasta que Mariano Rajoy fue investido presidente con la abstención del PSOE, obligó a retrasar esta ley.
Sin embargo, pese al retraso, compañías públicas como Adif ya estaban restando peso a la parte económica para primar la parte industrial como forma de acabar con las bajas temerarias, los molestos modificados posteriores, y las peleas judiciales entre contratista y adjudicatario. No es el caso de Cifuentes y del contrato de asistencia a mayores que mañana cierra su plazo de presentación de ofertas.
