El pasado lunes por la noche el Gobierno mostró algunas de sus intenciones en materia de política económica para el próximo 2018. El Plan Presupuestario remitido a Bruselas, que traza la evolución de los próximos presupuestos, reflejó varias aseveraciones de cara al próximo año: que la economía española se resentirá por la tensión en Cataluña, que la Seguridad Social sigue en reanimación asistida, que gran número de las partidas reducirán su peso sobre el PIB y lo más importante que habrá recortes en educación y gasto social por valor del rescate de las autopistas.
La vorágine catalana lo envuelve todo. Solo la tragedia en Galicia pudo desviar por unas horas la mirada del desafío soberanista. En la economía ocurre lo mismo, nada parece importar más allá de Cataluña. El Plan Presupuestario enviado a Bruselas utilizó con atino la tensión catalana para lanzar el mensaje del Gobierno: la economía, y con ello, los españoles se van a resentir del caos en Cataluña. Por ello, los grandes medios se llenaron de las estimaciones del Gobierno. Por detrás, temas como que los españoles se endeudarán en 25.000 millones para pagar las pensiones, el rescate de las autopistas o el recorte en educación y gasto social no han aparecido.
En 2017 se presupuestan 46.681,68 millones para 2018, se han presupuestado 46.114,44, esto es 567,236 millones menos de presupuesto
Los datos hablan por sí solos en el caso de la educación. En el anexo, cuadro 4b: En 2017 se presupuestan 46.681,68 millones que representan un 4% del PIB de referencia (1,167 billones de euros). Para 2018, se presupuestan 46.114,44 millones que son un 3,8% del PIB de referencia para 2018 (1,213 billones de euros). Por tanto, el Gobierno ha remitido a Bruselas un recorte en el gasto de educación por valor de 567,236 millones.
El recorte presupuestado para 2018 choca frontalmente con una de las promesas estrella del Gobierno, frente a sus socios de Gobierno. “Ya le anuncio, que en el año 2018, pese a que habrá que reducir 5.000 millones de déficit más, éste no afectara ni a la Educación ni a la becas y volveremos a subir las becas de matrícula y estudio», declaró el ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, el pasado mes de septiembre.
Pese a que el marco ha sido enviado con estos datos, la realidad se debe matizar. Se debe explicar, que en muchas ocasiones la cantidad presupuestada no termina siendo la ejecutada. Por ejemplo, pese a que la anterior previsión preveía que el gasto en educación en 2017 rondará los 45.400 millones, los nuevos cálculos ofrecen una cifra superior. La cantidad presupuestada para 2018, sigue por debajo de los 47.137 millones invertidos en 2011, aunque tras el fuerte recorte de 2012 (en cerca de 4.000 millones) la cifra ha ido en aumento desde entonces.
Las cuentas remitidas a Bruselas también esconden un recorte en gasto social en cerca de 1.000 millones, aunque está más escondido. El gasto en protección social en España se compone de tres grandes pilares: el primero y más grande son las pensiones, en segundo lugar el gasto por empleo que incluye políticas activas o gasto por desempleo, y finalmente el gasto social como tal. Si se desmenuzan los datos enviados a Bruselas, se encuentra el recorte encubierto de 1.000 millones, de los cuales una parte importante corresponde al menor coste de las prestaciones.
El bruto del gasto social aumentará en 2018, según las previsiones, en 4.336,96 millones de euros, pasando a suponer de un 16,5% a un 16,2% del PIB. La pregunta es: si aumenta el total del gasto, ¿Dónde está el recorte? La respuesta es fácil, la partida no se incrementa todo lo que debería.
Cómo se ha dicho antes, el gasto social incluye gasto en pensiones y éste no para de subir. En 2016, fueron 135.448 millones, para 2017 se presupuestó 139.647 millones y para 2018, tomando la misma tasa del 3,6% vista los últimos meses, puede irse hasta los 144.674 millones. Esto es, que solo en pensiones el gasto debería aumentar en más de 5.100 millones, incluido el descuento por la reforma de las pensiones, pero el gasto social total solo lo hace en 4.300 millones. Por tanto, el Gobierno ha presupuestado un gasto social que no incluye pensiones de 51.919 millones para 2018, frente a los 52.589 millones que se presupuestó en 2017. La realidad es que desde el 2011, la cifra de gasto social no pensiones no ha parado de caer desde el 38% que representaba del total de gasto en 2011, al 26,5% que representará en 2018.
En 2018 se consumará el rescate a las autopistas
Mientras que de tapado se reconoce en el plan enviado a Bruselas un recorte de casi 600 millones en educación y en gasto social de otros 800 millones, el Gobierno da luz verde al rescate de las autopistas. Las cifras de los recortes, se acercan a los 2.000 millones que ha presupuestado el Ejecutivo para rescatar las autopistas.
El Gobierno incluyó la cifra en el plan remitido a Bruselas, en el que indica que “la evolución del gasto en inversiones en el 2018 está afectada por la cobertura por importe de 2.000 millones de euros para atender la responsabilidad patrimonial derivada de los procedimientos judiciales de las ocho autopistas de peaje que se encuentran en concurso de acreedores”. Además, el ejecutivo añade que la Responsabilidad Patrimonial del Estado ante estas autopistas se “activará” a principios de años.
Pese a todo, el tema del rescate a las autopistas no queda ni mucho menos cerrado. La cifra presupuestada queda muy por debajo de los números que maneja el sector. La Patronal de constructoras y concesionarias de infraestructuras, Seopan, advirtió al Gobierno de que la RPA ascendía a 4.032 millones, más otros 625 por instrumentos financieros que no podrían recuperarse. Por su parte, el Tribunal de Cuentas estimó que esa cifra llegaría a los 3.718 millones.
Por todo ello, la actuación del Gobierno parece más encaminada a ganar tiempo que a cerrar el problema. En los próximos meses, las contiendas judiciales por el rescate de las autopistas seguirán su curso y es probable que el Ejecutivo necesite presupuestar más dinero para cerrar definitivamente el asunto.
