El Banco de España ha descartado este lunes el escenario que planteó hace unas semanas de una recesión más breve y moderada provocada por el Covid-19 y ahora estima una duración de la perturbación más larga de lo inicialmente anticipado, por lo que augura que el confinamiento provocará una contracción «muy severa» del PIB de entre el 9,5% y el 12,4% este año, con una recuperación en 2021 insuficiente para alcanzar el nivel previo, registrando un avance económico de entre el 6,1% y el 8,5%.
Así lo ha señalado el gobernador del organismo supervisor, Pablo Hernández de Cos, durante su comparecencia ante la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital del Congreso para exponer su diagnóstico sobre las medidas implementadas para hacer frente a la crisis del Covid-19 y la evolución de la economía, en la que ha indicado que se descarta el escenario proyectado en abril de una recesión más breve y moderada, al constatarse que será más prolongada e intensa.
Por ello, el organismo ha empeorado el escenario base de la perturbación económica que provocará el Covid-19, ya que en abril auguraba una caída de entre el 6,6% y el 13,6% para el conjunto del año y ahora eleva el descenso a entre el 9,5% y el 12,4%, debido a que se constata un impacto «muy abultado» y las caídas más benignas pronosticadas recientemente son «poco realistas».
No obstante, mejora el pronóstico para el próximo año, al augurar un alza de entre el 6,1% y el 8,5%, frente a la horquilla de entre el 5,5% y el 8,5% inicial.
Hernández de Cos ha advertido de que lo que se ha confirmado en las últimas semanas es que la recuperación «no estará exenta de dificultades, sin que se puedan descartar escenarios más desfavorables que los considerados actualmente», al tiempo que ha avisado de que el shock será de mayor intensidad cuanto más dilatado sea el período en el que se necesiten mantener las restricciones de actividad y con más riesgos de que los problemas de liquidez de «muchos» agentes económicos den paso a situaciones de insolvencia.
Dado que el número de semanas a las que afecta el cierre de actividad es muy superior en el segundo trimestre al del primer trimestre, prevé una aceleración significativa de la caída del PIB, aunque si las incertidumbres se despejaran los próximos meses cree posible un repunte de la actividad ya en la segunda mitad del año, en función de la evolución de la enfermedad y posibles rebrotes.
Según ha explicado, la crisis del coronavirus supone una situación «inédita» caracterizada por «una magnitud de la perturbación elevadísima» con los retrocesos del PIB «más abultados en tiempos de paz», por el carácter temporal de la crisis y su globalidad, además de que será «más larga de lo pensado inicialmente», sin descartarse cambios estructurales en la economía española.
MAYOR IMPACTO EN ESPAÑA QUE EN OTROS PAÍSES
En este sentido, ha apuntado que algunos factores de la economía económica hacen que el impacto económico de la crisis sea más agudo en España, como el mayor peso de los sectores afectados por la crisis, que en España representan alrededor del 25% del PIB, como el turismo, hostelería, transporte y comercio minorista; el reducido tamaño empresarial, con un 90% de empresas con menos de diez trabajadores y una mayor temporalidad laboral.
Asimismo, ha apuntado que los escenarios macroeconómicos permiten estimar que el coste presupuestario de la crisis será «muy alto» por el doble efecto de las medidas paliativas adoptadas y, sobre todo, de la acción de los estabilizadores automáticos, que conducirán a un déficit público «muy elevado» este año, con su consiguiente traslación al endeudamiento del conjunto de las administraciones públicas.
En el escenario de caída del PIB más moderada, la ratio de deuda pública sobre el PIB se elevaría hasta alrededor del 115%, cifra similar a la proyectada por el Gobierno español, la Comisión Europea, el FMI y la AIReF, y en el adverso superaría incluso el 120% del PIB. Con la recuperación económica proyectada para 2021, la ratio se estabilizaría en torno a los niveles de 2020 o se reduciría «ligeramente».
En este sentido, ha hecho hincapié en que el reto del déficit y la deuda es de una magnitud «muy significativa», ya que estima que España entró en la crisis sanitaria con un déficit público estructural de en torno al 3% del PIB y el incremento de la deuda previsto por la crisis provocará también un aumento de la carga de intereses.
A esto se suma que es «altamente probable» que la demanda de servicios públicos, en particular de los sanitarios, vaya aumentar, junto al alza «significativo» del gasto en pensiones y el relacionado al envejecimiento poblacional, junto a algunas medidas anunciadas que elevarán el nivel de gasto de manera «permanente», como la renta mínima.
LAS MEDIDAS SUPONEN UN GASTO DIRECTO DE TRES PUNTOS DE PIB
Además, ha cifrado en 3 puntos de PIB el impacto directo de las medidas implementadas (algo más de 30.000 millones de euros), sin incluir los avales.
A su juicio, es «deseable» que se introduzca una ampliación temporal de los mecanismos implementados hasta la fecha para proporcionar liquidez a las empresas en aquellos sectores que se verán afectados por la crisis durante más tiempo.
Con carácter general, ha señalado que el ritmo de vuelta a la normalidad diferirá entre los distintos sectores productivos y empresas, por lo que la respuesta de la política fiscal también «deberá adecuarse a esta realidad», con el doble objetivo de preservar el tejido productivo más afectado por la crisis y contener el impacto de estas actuaciones sobre la situación de las finanzas públicas.
PIDE UNA ESTRATEGIA DE REDUCCIÓN DE DÉFICIT Y REFORMAS
Pese a las previsiones de deuda y déficit, ha indicado que volver a una tendencia de reducción del endeudamiento «no es en absoluto imposible» si se acomete una revisión «exhaustiva y rigurosa» de los distintos capítulos presupuestarios de gasto para identificar las áreas en las que existe margen para una mejora de eficiencia, si bien la respuesta debe venir por la reducción del déficit estructural, lo que «aconseja preservar los recursos destinados a capítulos como la educación y la investigación.
El gobernador del Banco de España ha tildado de «insuficiente» la respuesta dada a nivel europeo y ha incidido en que la «severidad, la temporalidad y la globalidad» de la perturbación demandan en una primera fase que las acciones sean «contundentes, acotadas en el tiempo y coordinadas».
«Parece razonable repartir entre el conjunto de la sociedad los costes que una parte de la ciudadanía ya está soportando de una forma muy directa», ha indicado Hernández de Cos, quien cree que en el corto plazo «no cabe una retirada prematura de las medidas fiscales de emergencia» porque «aumentaría el riesgo de que el crecimiento económico sufriera daños más duraderos».
Sin embargo, ha pedido una agenda de reformas «ambiciosas», como la revisión de incentivos fiscales y regulatorios, la mejora del capital humano, el gasto eficiente en I+D+i o regulación del mercado de trabajo, y el diseño «temprano» de una estrategia de reducción de los desequilibrios fiscales a implementar cuando finalice la urgencia de la pandemia.