El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pedirá la semana que viene al Congreso de los Diputados una nueva prórroga del estado de alarma, prórroga que durará «aproximadamente un mes» pero que se negociará con los grupos parlamentarios y que puede ser «asimétrica» y terminar antes en unos territorios que en otros.
«Esperemos que sea el último estado de alarma», ha afirmado PEdro Sánchez en una rueda de prensa telemática en el Palacio de la Moncloa, en la que ha insistido en que este camino «es el único posible» y que, con la excepción de las libertades de movimiento y de reunión, «todos los derechos y libertades siguen intactos».
Con intención de que sea la última prórroga, Sánchez ha señalado que la duración se negociará con transparencia con los grupos que han estado dispuestos a negociar, porque «Vox y el PP ya han dicho que no sin conocer la propuesta», aunque ha añadido que esa dirección no será «un capricho político», sino que se basará en el criterio de los científicos, que han dicho que para evaluar el impacto de las sucesivas medidas de alivio se necesitan 14 días.
ESTADO DE ALARMA A LA CARTA
Además, ha puntualizado que el estado de alarma podrá ser «asimétrico, con todas las consecuencias», de manera que podría levantarse antes en algunos territorios, incluso antes de que pase ese periodo aproximado de un mes, porque «el Gobierno no tiene interés en prolongar las restricciones a la movilidad y al derecho de reunión» más allá de los motivos epidemiológicos.
Si el Gobierno de España ve en ese mes que se puede levantar el estado de alarma en todo el territorio o en una parte no tengan duda de que lo haremos», ha afirmado Pedro Sánchez.
En cuanto a la exigencia de ERC de que se cree la mesa negociadora sobre Cataluña, Sánchez ha afirmado que su Gobierno quiere abordar la «crisis política» en Cataluña, que considera una «crisis heredada», pero ha pedido desligar esta reivindicación de la negociación del estado de alarma.
NEGOCIAR REFORMAS LEGISLATIVAS
Pedro Sánchez también ha aclarado que el Gobierno quiere aprovechar esas semanas finales de estado de alarma para negociar con los grupos reformas legales, por ejemplo de la Ley General de Salud pública, para ver cómo se puede «gobernar» la situación y «mantener a raya el virus» una vez terminado el estado de alarma.
Si lo aprueba el Congreso, el nuevo periodo de alarma también será distinto en que, a partir de ese momento, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, será el mando único en este nuevo período de un mes, bajo el sistema de coordinación con las autonomías que se ha denominado cogobernanza.
Así, decaerá la competencia que hasta ahora tienen delegada, también en el marco del estado de alarma, los ministros de Defensa, Transportes e Interior, en lo que Pedro Sánchez ha llamado «una desescalada institucional». Por el mismo motivo, ha asegurado que también regirá la «cogobernanza» con las comunidades autónomas.
El presidente ha recordado que los hechos han demostrado que no se podía confiar en la inmunidad comunitaria y defiende la necesidad de limitar la movilidad y los contactos sociales: «A esa lógica responde la desescalada».
«DEPENDERÁ DE LA DISCIPLINA SOCIAL Y LA UNIDAD INSTITUCIONAL»
«No dependerá del criterio político, dependerá de la disciplina social, del grado de unidad institucional que despleguemos en las próximas semanas y de que antepongamos el criterio de la salud pública a otra serie de criterios», ha avisado, aprovechando para hacer un llamamiento a «arrimar el hombro» y dejar atrás discrepancias.
Los ritmos, ha insistido, «los marca la ciencia». Así, ahora se está comprobando el impacto de las salidas de los menores de 14 años, y la próxima se evaluará el de los paseos y las salidas para hacer deporte.
Para Pedro Sánchez, la necesidad del estado de alarma está avalada por el estudio de seroprevalencia, cuyos primeros resultados muestran que «un porcentaje muy menor», apenas del 5 por ciento de la población española, ha estado en contacto con el virus.
Estamos aún en un escenario de vulnerabilidad», ha advertido, recalcando que no tendría sentido permitir que un residente en Madrid pueda desplazarse a su segunda residencia en Murcia o en Almería.
