Si la construcción del canal de Panamá llevó casi una década de trabajo, la resolución de los diferentes arbitrajes entre las empresas constructoras (unidas bajo las siglas GUPC, con Sacyr a la cabeza), y la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), no le va a la zaga.
A la lentitud que acompaña la resolución de los arbitrajes se ha unido un nuevo invitado no deseado. Y es que la expansión de la pandemia provocada por el covid-19 no ha hecho sino dilatar, de nuevo, los plazos estipulados.
El primero de los arbitrajes pendientes no se resolverá hasta después del verano si no hay nuevos retrasos
El plazo inicial marcado para el mes de junio ha sufrido un nuevo parón por la actual crisis. Se trata del primero de los arbitrajes que Sacyr, la italiana Impregilo, la belga Jan De Nul, y la panameña Urbana (son quienes conforma Grupos Unidos por el Canal de Panamá, GUPC), tienen pendientes en la Corte de Arbitraje Internacional de la Cámara de Comercio Internacional (CCI), con sede en Miami.
Como ha reconocido el propio presidente de Sacyr, Manuel Manrique, los nuevos plazos que se barajan extienden la resolución a agosto o septiembre. Aunque, dependiendo de la evolución de la pandemia, incluso podría dilatarse todavía más.
ARBITRAJES PENDIENTES PARA SACYR
El arbitraje entre el consorcio encabezado por Sacyr y la ACP que está sufriendo demora es el referido al basalto. En un principio debería haber estado resuelto en el verano de 2019. El mismo hacía referencia al basalto y a la calidad del hormigón empleados en las obras. En este arbitraje están en juego 463 millones de dólares (unos 427 millones de euros).
En Sacyr, desde que comenzará el tira y afloja con la ACP, han señalado la importancia de la resolución de este arbitraje. La razón es que puede marcar el camino a otros dos que también están pendientes. La suma, en total, es de unos 5.200 millones de dólares (unos 4.800 millones de euros).
Que el arbitraje del basalto vuelve a alargarse en el tiempo sin duda que influirá también en las fechas en las que el resto de arbitrajes concluyan. En un principio, los dos arbitrajes pendientes, referidos a las compuertas, sobrecostes laborales y los llamados costes de interrupción, entre otros, estaba previsto que concluyeran en 2022 o 2023.
A PARTES IGUALES
Lo que reclaman Sacyr y el resto de sus socios en el consorcio GUPC es el incremento de costes derivado del retraso en las obras del Canal de Panamá. Una dilación en la que se conjugaron diferentes factores como cambios en la normativa aplicada, la aparición de fallas no previstas, o la calidad de la roca basáltica. En este último caso, por ejemplo, la peor calidad hizo que hubiera que buscar otra cantera.
Hay que remontarse a 2014 para fijar la fecha en la que la Autoridad del Canal de Panamá y el grupo constructor encabezado por Sacyr llegaron a un acuerdo para finalizar las obras. Un pacto que venía a decir que lo harían a partes iguales. Eso sí, se ponían en manos del arbitraje para dilucidar quién tenía razón y, así, recuperar la inversión. De momento, y desde Miami, sólo ha habido una resolución. Y cayó a favor de la ACP.
