El sentido común explica que un bono social, en este caso el eléctrico, debe servir para ayudar a las personas más desfavorecidas. A través del mismo, el Gobierno deb buscar proteger a dichos consumidores vulnerables. Eso es la teoría. La práctica, es totalmente distinta, al menos en España. Quizás no le interese al Partido Popular, quizás sea presión de las eléctricas o un tipo de racionamiento. La realidad es que el bono social eléctrico en España, ya sea el antiguo o el recién aprobado es muy limitado y de difícil acceso.
Lo primero es que se trata de un extravagante engranaje en el que se dispersan los requisitos. Los hay por renta, hasta cuatro distintos. Los hay sin renta, para familias numerosas o pensionistas. Todo ello aderezado con un engorroso calculo para cada uno de ellos y con un máximo limitado.
La consecuencia directa de dicha maraña es un sinsentido que todavía no se ha corregido. Por ejemplo, una pareja en el que uno de los dos trabaje a tiempo parcial con un sueldo de 400 euros, y el otro trabaje por el mínimo profesional (707 euros) no podría acogerse al bono. El límite para beneficiarse un 25% está en los 11.300 euros conjuntos anuales. Por otro lado, un matrimonio con tres retoños y un salario combinado de 80.000 o 90.000 euros, sí podría beneficiarse de un descuento del 25%.
El desatinado sistema no culmina ahí. En el caso de matrimonios con un hijo, el máximo conjunto apenas sobrepasa la posibilidad de que ambos estén cobrando el SMI para poder beneficiarse del bono. Esto es, dos sueldos de 707 euros y un hijo a cargo y aún así rozaría el límite para acceder. En el caso de dos hijos, el tope anual sube hasta los 18.798.
Obviamente, los bonos sociales son para aquellos que realmente lo necesitan pero quizás se apure demasiado con dichas cifras. Más si se tiene en cuenta, que España tiene el dudoso honor de tener uno de las facturas más caras de Europa.
La clara intención de esconderlo
Más allá de cifras, lo realmente sangrante de la situación del bono social es el oscurantismo que lo envuelve. Es como si pareciera que el Gobierno quiere que la gente no se aproveche de él. Esto es, que el bono este en funcionamiento y no se le pueda reprochar pero conseguir que la menor gente posible se suscriba al mismo.
El primer elemento que delata esa falta de interés del Gobierno del PP es la prestación destinada al pago del bono. El coste total asignado del nuevo bono es de 236 millones de euros, pero –como reconoce el propio Gobierno- si el bono llegará a todas las familias que realmente cumplen los requisitos el coste superaría los 400 millones. Por lo tanto, el Ministerio de Energía confía en que solo una de cada dos personas se acoja al bono.
Los datos de participación en el bono social, que en el anterior fueron inferiores al 50%, ponen de manifiesto el segundo gran elemento que delata la falta de interés del Gobierno. El Ministerio de Energía podría llevar a cabo una serie de cambios para que todos aquellos que pudieran, que las condiciones ya son suficientemente duras, se beneficiaran. Pero no parece interesar.
El primer elemento, es la no aplicación automática, esto es, que deben ser los usuarios los que se den de alta en el servicio. Aunque parezca una nimiedad, en realidad tiene una gran importancia. Estudios importantes, por los que se han concedido Premios Nobel de Economía, como el último de Richard Thaler, ponen de manifiesto la importancia de ese pequeño cambio. Un ejemplo, es la donación de órganos en la que España es líder mundial. ¿Saben por qué? Por el hecho de que en España es automático, aunque puedes darte de baja de manera muy sencilla, al contrario que en muchos países.
El cambio de voluntario a automático no es el único. El Ministerio de Energía no lleva a cabo campañas publicitarias para informar a aquellos más despistados. Tampoco permite que las comercializadoras lleven a cabo sus propios planes publicitarios, está prohibido. La única vía de información es una nota informativa que se envía a los hogares y que apenas llega a leerse.
