La Comisión Europea ha adoptado este viernes la modificación en las reglas sobre ayudas públicas que permitirá a los gobiernos entrar en el capital de empresas afectadas por la pandemia, pero estas compañías tendrán prohibido repartir dividendos a sus accionistas hasta que el Estado se haya desvinculado completamente de las mismas.
Bruselas lleva semanas intentado aprobar esta excepción en su legislación sobre ayudas públicas pero las consultas que ha desarrollado con los Estados miembros durante este tiempo ha retrasado su adopción formal.
Finalmente, la normativa incluirá una serie de salvaguardias para «evitar distorsiones de la competencia en el mercado único». Además, abre la puerta a que los países añadan otras condiciones «para favorecer la transformación ‘verde’ o digital de sus economías o evitar la evasión fiscal».
En materia de gobernanza, prohibirá a las compañías nacionalizadas repartir dividendos o aprobar recompras de acciones hasta que el Estado haya salido completamente de su capital. En la misma línea, existirá una «limitación estricta» de la remuneración de los directivos hasta que se haya amortizado el 75% de la inversión estatal. Así, por ejemplo, quedarán prohibidos los bonus.
Las recapitalizaciones sólo tendrán lugar si «no hay disponible otra solución adecuada» y los gobiernos sólo podrán intervenir «para evitar el sufrimiento social o fallos de mercado debido a pérdida masivas de empleo, la salida de una compañía innovadora o sistémica o el riesgo de disrupción de un servicio esencial».
La ayuda debe limitarse a garantizar la viabilidad de la empresa y «no debe ir más allá de lo necesario para restaurar la estructura de capital que tenía el beneficiario antes del brote de coronavirus».
En la misma línea, el Estado debe resultar «suficiente remunerado» por los riesgos asumidos en la recapitalización y el mecanismo para garantizarlo debe «incentivar» a la empresa o a sus propietarios a adquirir las acciones que previamente había comprado el gobierno.
Además, las compañías que sean recapitalizadas y los gobiernos deben establecer una «estrategia de salida», en particular en el caso de grande sociedades. Si la salida del Estado está en duda seis años después de la nacionalización en el caso de empresas cotizadas y hasta siete para el resto, tendrá que trasladarse a la Comisión Europa un plan de reestructuración.
Por otro lado, las empresas recapitalizadas no podrán utilizar la ayuda estatal para apoyar la actividad económica de otras sociedades asociadas que estén en dificultades ya antes del 31 de diciembre de 2019.
Las excepciones que Bruselas ha ido aprobado a las normas de ayudas públicas europeas estarán vigentes hasta diciembre de 2020, pero las correspondientes a recapitalizaciones de empresas gozarán de un periodo superior, hasta junio de 2021.
