Alcaldes, diputados, senadores o autoridades de cualquier ámbito. Todos ellos son susceptibles de recibir por parte de Aena una tarjeta VIP. Gratis y sin cumplir ningún tipo de requisito más que el de aprovecharse de los servicios que este tipo de salas ofrecen en los aeropuertos. Casi 400 tarjetas por año que una empresa pública, con el dinero de los españoles, otorga a sus amigos. Y todo ello sin dar explicaciones ni revelar los cargos. Y lo peor de todo, saltándose a la torera la transparencia y la ética de un organismo público.
Para algunos pasajeros de los aeropuertos españoles la espera siempre es más agradable y tranquila en las salas VIP. Se trata de un lujo bastante asequible para la gran mayoría de los ciudadanos. Un “oasis de calma en los aeropuertos”, como Aena lo vende. Pero desde 2008 es un lujo gratuito para unos pocos. El gestor aeroportuario repartió 331 tarjetas VIP en 2014; 371 en 2015; y 383 en 2016. Por lo que en los últimos tres años se han otorgado 1.085 tarjetas de este tipo.
Fuentes oficiales de Aena aseguran que la validez de las tarjetas no es superior a un año, desde que se emite hasta final de año. Así que existe la posibilidad de repetir de un periodo a otro. Y aunque los datos de 2017 no son públicos todavía, la tendencia parece ir al alza. La cifra podría estar incluso más cerca de las 400 tarjetas en 2017.
AENA repartió 331 tarjetas VIP en 2014, 371 en 2015 y 383 en 2017
¿Quién recibe estos títulos gratuitos? “Las tarjetas VIP se entregan a personas y autoridades de los distintos ámbitos, locales, nacionales e internacionales, en función de las relaciones públicas e institucionales con los que se relaciona por el desarrollo de su actividad”, según Aena, que no especifica ni los requisitos ni las condiciones.
Pero dentro del gestor aeroportuario, no todos están de acuerdo. “Este tipo de tarjetas se reparten a empresarios y políticos, como alcaldes”, explican fuentes cercanas a Aena que denuncian que probablemente haya “enchufados” entre los afortunados que las reciben, más allá de los cargos políticos.
Sin embargo, la cuestión está en la transparencia y ética de una empresa pública que juega con fondos públicos. ¿Debe Aena ofrecer una lista de las personas que reciben estos regalos? Y desde luego, en el eterno dilema de usar dinero de los ciudadanos sin dar explicaciones. ¿Qué coste anual comporta a las arcas públicas estas tarjetas, y los gastos y privilegios que se asocian a ella?
A cuenta del Estado
Aena cuenta con 26 salas VIP repartidas en 15 aeropuertos de la red. Estas salas ofrecen todo tipo de servicios de lujo para los pasajeros. Pero hay que diferenciarlas de la sala de autoridades, de la que disfrutan en exclusividad miembros del Gobierno o de la Casa Real.
Los agraciados de una de las tarjetas VIP pueden disfrutar de un variado catering, una amplia selección de prensa nacional e internacional, revistas, información de vuelos, un servicio de wifi gratuito de alta velocidad sin límite de tiempo, zonas de carga de dispositivos electrónicos… En algunos aeropuertos, existen incluso duchas, zonas de reuniones, áreas de trabajo, área multimedia, zona de descanso, servicio de restaurante o zona infantil. Todo un «oasis de calma».
Pero como es lógico, los pasajeros y usuarios de pie de calle pagan por estos servicios. No son gratis para todos. Y cada aeropuerto tiene sus tarifas. Los precios van desde los 25,40 euros de la sala VIP del aeropuerto de Lanzarote o Gran Canaria hasta los 29,70 euros del aeródromo de Madrid.
Si tenemos en cuenta que el precio medio es de 27,55 euros por acceder a estas salas, la red de aeropuertos de Aena deja de ganar 29.891,75 euros de las 1.085 tarjetas VIP de los últimos tres años. A lo que hay que sumar otro tipo de costes adheridos al uso de estos títulos.
No obstante, fuentes oficiales del gestor han rechazado ofrecer información sobre el gasto que ocasionan estas tarjetas.
¿Dónde está la transparencia?
El senador por las Cortes Valencianas de Compromís, Carles Mulet García, ya dio la voz de alarma en enero de este año. Este solicitó al Gobierno un listado actualizado y nominal de que personas que disponen o habían dispuesto de una tarjeta VIP de acceso gratuito a Salas VIP de Aena en 2015 y 2016. Además del motivo de su concesión.
La respuesta fue la misma que Aena ofrece. “De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) esa información no puede ser aportada sin el consentimiento expreso de cada una de las personas”.
El senador de Compromís lo tiene claro. “Al ser una empresa pública, debería ofrecer, al menos, los cargos de las personas que reciben estas tarjetas. No pedimos los datos personales”, reprocha. Además, critica que sea “un coste que todos los españoles pagan”. De ahí que haya vuelto a registrar nuevas preguntas en el Senado. Todo ello con el fin de conocer las personas que reciben este privilegio.
Pero ya en 2014, otro político denunció esta situación. Eduardo Zorrilla, portavoz de IU en el Ayuntamiento de Málaga, devolvió la tarjeta VIP. Esta le llegó de Aena para usar en el aeropuerto malagueño. Hasta la fecha, es el único que ha reconocido recibir una de ellas. Y el único que lo ha denunciado.
Fuentes de Aena tampoco entienden esta opacidad en la información. “Cómo es posible que una empresa pública pueda ocultar esto”, critican. De hecho, al ser un ente público consideran que al igual que se publica la lista de becados por el Ministerio de Educación a este, debería ocurrir lo mismo en este caso, llegando incluso a apelar a la Ley de Transparencia.
Es necesario recordar que, en febrero de 2015, el Gobierno lanzó una Oferta Pública de Venta (OPV) para privatizar el 49% de Aena y salir a Bolsa. El otro 51% pertenece a Enaire, entidad pública empresarial, adscrita al Ministerio de Fomento.
En definitiva, el de Aena es otro de los muchos casos en los que las arcas públicas son usadas para beneficiar a unos pocos.
