La vicepresidenta de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha planteado este jueves en el Congreso la posibilidad de contar «en el futuro» con el régimen excepcional de los ERTEs por fuerza mayor, con el fin de «evitar que los ajustes sean siempre por el lado más débil, el de los jóvenes y el de los trabajadores con contrato temporal».
De hecho, ha celebrado que el mercado laboral español «por fin, ha contado con un instrumento de flexibilidad interna de las empresas que puede evitar en el futuro que los ajustes sean siempre por el lado más débil».
Así lo ha manifestado en su comparecencia ante la Comisión del ramo del Congreso, a la que ha acudido para rendir cuentas en la Cámara Baja de las medidas adoptadas por su departamento para hacer frente a la crisis provocada por el coronavirus.
En estos momentos, el Gobierno trabaja con sindicatos y patronal para poder adaptar este mecanismo extraordinario, aprobado para afrontar las consecuencias económicas de la pandemia del coronavirus, al fin de las restricciones contempladas por el estado de alarma.
Con esta flexibilización, ha señalado la vicepresidenta, el Gobierno espera que este régimen de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo «se acomode a las diferentes fases de la desescalada», con el fin de que «no se pierda en las próximas semanas lo ganado en términos de mantenimiento del empleo, protección del tejido empresarial y de las rentas de los trabajadores».
«TIENEN UN COSTE MUY ALTO» PERO DEFIENDE «MEDIDAS EXTRAORDINARIAS»
Calviño ha reivindicado este instrumento como «un sistema flexible» y ha defendido que su uso, con más de 3 millones de trabajadores de unas 530.000 empresas afectados por ERTEs, «es el mejor indicador de su éxito».
En este sentido, ha señalado cómo la caída de la ocupación ha sido, al menos hasta el momento, «muy inferior a la del PIB y muy inferior a la de la crisis anterior, a pesar de ser mucho más intensa la reducción de actividad».
De hecho, en su intervención ha asegurado que el impacto a corto plazo de esta crisis, a nivel internacional, supera al de la crisis financiera iniciada en 2008. La vicepresidenta tercera también ha reclamado poner «en valor» este instrumento, dado que «tiene un coste muy elevado para las cuentas públicas».
«Entre todos, estamos asumiendo los sueldos y cotizaciones sociales de millones de trabajadores que no hubiesen tenido derecho a estas prestaciones en otro caso», ha incidido, defendiendo en todo caso que «esta crisis requiere de medidas extraordinarias y de una fuerte acción colectiva, de la solidaridad y de la responsabilidad del conjunto de la sociedad».
