La nocturnidad quedó patente en el mismo momento que se hizo pública la noticia sobre el final de Banco Popular. La premeditación quedó resuelta, debido a los problemas de la entidad y al interés que ya habían mostrado distintas firmas entre ellas el propio Banco Santander para su adquisición. Sólo queda por comprobar la alevosía, que tiene su origen en el ordenamiento jurídico español, italiano y francés, y viene a significar la comisión de un delito “a traición sobre seguro”, en la operación.
La justicia ya actúa para desvelar la tercera en discordia, que como agravante penal, es la clave para desentrañar todo lo que rodeo a la venta de la sexta entidad española. El juez de la Audiencia Nacional, Andreu Velasco, ha admitido a trámite las tres primeras querellas por la ampliación de capital que el Banco Popular llevó a cabo en 2016. Los principales nombres encausados son los dos exdirectores del banco, Ángel Ron y Emilio Saracho, junto con más de una decena de altos cargos que también tendrán que declarar.
El propio juez ha reconocido que abrirá otra causa más, como pedía Anticorrupción, para investigar posibles manipulaciones de mercado o uso de información privilegiada
Además, el propio juez ha reconocido que abrirá otra causa más contra los dirigentes del Popular, como pedía Anticorrupción, para investigar los hechos relativos a posibles manipulaciones de mercado o uso de información privilegiada. La actuación judicial abre la puerta a resolver las grandes cuestiones que quedaron en el aire tras conocerse la operación.
El Banco Popular tenía una característica principal que era el pequeño número de depositantes, pero con cantidades muy importantes. Esto ayuda a entender los vaivenes de los depósitos y estrechar el cerco a posibles relaciones o uso de información fraudulenta. El principal problema del Popular fue la continua sangría de liquidez a través de la pérdida de depósitos. La debacle empieza en abril de 2015 y ya no se detiene hasta su venta, incluso con la ampliación de capital que se llevo a cabo en mayo de 2016 el banco seguía perdiendo liquidez. Incluso se acentúa, algo inusual.
Las grandes dudas que deberá resolver la Audiencia
La fuga de capitales adquiere una mayor velocidad tras la destitución Ron, hasta tal punto que el Popular en 2017 es totalmente dependiente del ELA (sistema de liquidez de emergencia). La primera gran duda, por tanto está relacionada con este movimiento: ¿Qué relación existía entre Ron y los grandes depositantes? ¿Había una relación con información privilegiada? Al romperse esa ‘red’ entre depositantes mayoritarios y la cabeza del banco ¿Se aceleró el proceso de fuga de capitales de manera deliberada?
Está primera duda nos lleva a la segunda: ¿Había intención explícita para tumbar al banco? Banco Popular murió por la fuga de capitales, como explicó el Banco Central Europeo en un informe que hizo público este verano. Dice una de las máximas sobre el dinero que no hay nada más miedoso que un millón de ‘dolares-euros’ por lo que mientras las noticias se sucedían sobre su “endeble situación financiera”, su “posible quiebra” o el posible interés de adquisición de otras entidades, el banco se desangro.
Por tanto, he aquí la segunda gran cuestión que el juez deberá resolver. Puesto que el banco salió a desmentir en repetidas ocasiones las informaciones, éstas no estaban muy distantes de la realidad por lo que queda patente que hubo filtraciones. Pero dichas filtraciones, ¿eran interesadas? ¿Había alguien interesado en que el banco de desangrase? ¿Quién se benefició de ellas? ¿El más beneficiado fue el Santander al adquirir el banco a precio de saldo –pese a la reestructuración que debería hacer posteriormente-?
La última incógnita de la ecuación fue la actuación de los grandes fondos, bancos, empresas o administraciones públicas en la retirada de fondos. Se sabe que al menos cinco entes públicos retiraron dinero del banco en los momentos más complicados de la entidad, ¿coincidencia? Es decir, el banco llevaba mal muchos meses pero la retirada se centro en el peor especio temporal. En general, se achaca a que la caída del rating del banco le impedía a los organismos públicos mantener el dinero en él, así fue el caso de la Sareb. Otros, como el Gobierno de Canarias culpan directamente al banco al expresar que lo retiraron por “seguridad”. Otras empresas y dejaron su cuenta a cero: Red Eléctrica, Adif, Dragados, Enaire o Allianz. El juez deberá estudiar si las retiradas se alinean con una postura conservadora, o hubo movimientos que buscaron deliberadamente tumbar al banco.
Guerra de informes sobre Banco Popular
Los trapos sucios van más allá. Otro caso es la guerra por los informes existentes. Que se sepa hay al menos tres informes sobre la viabilidad del banco, de los cuales uno (el más importante) es secreto. Éste detalla como Deloitte, la encargada de realizar la valoración del banco, estimaba que el valor del Popular era negativo de entre 2.000 y 8.000 millones y a la postre fue el que prevaleció.
El Presidente de la Asociación de Inspectores del Banco de España, Pedro Luis Sánchez, durante su intervención en la Comisión de Investigación en el Congreso calificó el informe de “grosería técnica”. A lo que añadió que “una valoración de entre 2.000 y 8.000 millones negativos es como no decir nada”. Más leña al fuego. Declaraciones que se unen a la petición unánime por todos los grupos políticos de hacer público dicho informe, demanda a la que se ha sumado el propio FROB. ¡Más madera!
La cosa no termina ahí, porque existe un tercer informe (el segundo sería uno medio público realizado por el BCE) que daba una valoración positiva al banco –también realizado por Deloitte- en más de 1.300 millones. La diferencia entre uno y otro era la forma de medir los activos inmobiliarios, uno optimista el otro pesimista. No hay que ser adivino para saber cual ganó. Al final, los activos que se tomaron como tóxicos (en el informe negativo) ya han sido vendidos por el Santander alentando todavía más el debate. ¡Es la guerra! ¡Traed madera! ¡Más madera! Que decían unos genios del cine como los Hermanos Marx.
Despidos sí, pero ¿cuántos?
La última gran duda que rodea la operación es como va a digerir el Santander la estructura de Banco Popular. El número de oficinas que va a cerrar y el número de personal que va a despedir. Se debe recordar que la banca llevo unos años reestructurando costes y sacrificando oficinas y empleados.
El escenario se mueve entre las cifras más conservadoras y las más radicales. Uno de los primeros informes que se han leído es el realizado por RBC Capital que estima que Santander cerrará unas 560 sucursales, para evitar duplicidades. Esto es cercano al 12% de las entidades que suman ambas entidades, que se centrará en sucursales principalmente de Castilla y León y Madrid.
En cuanto al número de despidos, el banco de inversión prefiere no mojarse, y la cifra baila desde el 30% al 70%. No se sabe con certeza el número final, pero la virtud, como repetía Aristóteles, suele ser el medio entre dos extremos. Lo que sí parece más claro es que hasta 2018 no se iniciará el plan de reestructuración.
