Un informe de Foro Regulación Inteligente considera una «anomalía» que en España no se haya permitido la apertura completa de centros de ferretería, bricolaje y reformas durante el confinamiento y el primer escenario de desescalada, frente a la mayoría de los países de la UE y miembros de la OCDE, que han considerado esencial este servicio.
En un análisis en el que se han comparado 38 países de la UE y la OCDE, la institución recoge que en la gran mayoría de esos países han permanecido abiertos desde el principio y, «allí donde se decretó su cierre temporal, se ha establecido su reapertura controlada en el primer escenario de desescalada».
Así, ve la situación de España «una anomalía» en su entorno, «máxime cuando los indicadores sanitarios son ya favorables a una desescalada inteligente que permitiría al sector contribuir a la recuperación económica del país garantizando la salud de trabajadores y clientes», ahondan.
CASI 280 MILLONES DE COSTE
En ese sentido, Foro Regulación Inteligente considera «vital» la mejora del calendario en lo que afecta al sector ya que el cierre total de los negocios tiene un coste fiscal para las arcas públicas de 128,8 millones de euros al mes, teniendo en cuenta que el 18,37% de los trabajadores del sector se encuentra en situación de desempleo y que el 81,63% restante está afectado por un ERTE.
A esto hay que añadir el aporte fiscal que estos 150.000 trabajadores estarían generando de estar activos, 150,5 millones de euros al mes, por lo que el coste para las arcas públicas cada mes que permanecen cerrados estos negocios es de 279,3 millones de euros.
Se trata de un sector que mantiene 8.000 tiendas y emplea a 150.000 personas entre distribuidores y proveedores, produce un nivel de negocio anual de en torno a 9.000 millones de euros de facturación y tiene un impacto inducido de 18.000 millones de euros; es decir, 27.000 millones de impacto directo e inducido en la economía española.
El análisis de Foro Regulación Inteligente considera que las tiendas del sector son las «farmacias del hogar», que «deben tener la consideración de esenciales», ya que venden productos y servicios «de primera necesidad» para garantizar la habitabilidad, seguridad, confortabilidad, higiene y adecuado mantenimiento de los hogares.
Más allá de ello, ha expuesto que sus productos deberían quedar sujetos a descuentos fiscales y ha incidido en que muchas de las tiendas del sector que permanecen cerradas se encargan del suministro para el mantenimiento y seguridad de otras actividades consideradas esenciales, estratégicas o de primera necesidad, incluyendo las de centros hospitalarios u otras empresas.
GRANDES TIENDAS
Por otro lado, el análisis también señala que las grandes tiendas de bricolaje, cuya apertura no está prevista hasta la fase 2, tienen la capacidad, dadas sus características, de atender «de forma fiable y ordenada» a los clientes modulando el flujo de personas y, con ello, garantizando la distancia de seguridad.
Además, tienen más posibilidades para implantar medidas de control de aforo y realizar controles de entrada y salida o mamparas y al tener una mayor plantilla de mayor tamaño disponen de mayor flexibilidad para establecer turnos de trabajo y horarios de apertura más prolongados, lo que reduce la exposición de sus trabajadores y la concentración de clientes. En definitiva, cuentan con una mayor capacidad económico-financiera para adaptarse a un entorno sanitario cambiante.
