Maria Tadeo para Bloomberg
Los prestamistas que contienen su aliento sobre la agitación secesionista española pueden dormir tranquilos.
El gobierno central garantizará el pago a todos los acreedores de la administración regional catalana, de acuerdo a un funcionario del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Independientemente de lo intentos de los separatistas catalanes de celebrar un referéndum ilegal para alcanzar su independencia este domingo, el Ejecutivo se asegurará que los bancos, los proveedores y funcionarios públicos sigan recibiendo sus pagos a tiempo.
Esta garantía es importante para mantener la economía regional más grande de España en funciones a la hora de pagar una deuda que asciende a más de 75.000 millones de euros. La continuidad es crucial para las principales calificadoras de riesgo, dado que España garantiza la deuda de sus 17 regiones. De todos modos, está previsto que S&P Global Ratings considere la calificación soberana de la nación.
El gobierno catalán que busca su propia soberanía supervisa una economía que comprende una quinta parte de la producción total de la nación. Se ha dado un plazo de 48 horas para declarar una república una vez que el domingo se imponga el voto por el “Sí”, aunque los funcionarios regionales han sido contradictorios durante los últimos días.
Las disputas relativas a los impuestos y la deuda son centrales en la lucha entre los separatistas catalanes, con sede en la región gobernada desde Barcelona, y el gobierno central en Madrid, a 500 kilómetros en la zona central del país.
En septiembre, el Ministerio de Hacienda tomó el control de los pagos quitándoselo a las autoridades catalanas cuando éstas dejaron de proveer informes semanales sobre el gasto. La medida facilita a Madrid impedir que se deje de usar el dinero público para una votación que fue declarada inconstitucional.
Las autoridades catalanas han cooperado con las de Madrid en la realización de todos los pagos
A pesar de la intervención de Hacienda, las autoridades catalanas han cooperado con las de Madrid para garantizar que se realicen todos los pagos, según un funcionario del Ministerio. Los controles se mantendrán durante el tiempo que la administración catalana desafíe la ley, según el funcionario citado en anonimato.
La propia agencia tributaria catalana de Barcelona solicitó en 2017 convertirse en intermediaria entre los contribuyentes locales y la autoridad fiscal del gobierno central, que ha prometido reembolsar a los contribuyentes por las multas incurridas si el dinero no fue devuelto a Madrid.
En caso de que alguno de esos pagos de impuestos sea retenido, la autoridad central recurrirá directamente a esos contribuyentes, de acuerdo con el funcionario del Ministerio.
A pesar de la turbulencia política, los mercados han estado tranquilos. El diferencial de rendimiento entre los bonos de referencia a 10 años de España y otros títulos públicos similares se sitúa en 115 puntos básicos en Londres, en comparación con su cierre promedio de seis meses de 118 puntos básicos, y el Banco Central Europeo compra más de 5.000 millones de euros de deuda pública española cada mes en un programa de estímulo.
La sugerencia de renegociar la deuda no es nueva en el debate separatista. Se repitió este mes cuando el Parlamento regional aprobó una ley que decía que las obligaciones económicas y financieras de una nueva independencia catalana se establecerán por los “términos acordados” con la nación, en lugar de ofrecer una garantía de pago completa.
Esa ley del 8 de septiembre, que es una hoja de ruta para la transición a una república independiente, fue rápidamente suspendida por alta corte.
