El pulso soberanista del gobierno catalán sigue su curso. Pese a que el Ejecutivo de Mariano Rajoy parece tener todo controlado, al menos para el 1 de octubre, las tentativas secesionistas volverán. Por ello, cabe preguntarse -en ese tira y afloja sobre quién perderá más ante una posible marcha de Cataluña- qué sucederá con las telecomunicaciones.
Para dar respuesta a la pregunta se deben abrir tres frentes. Primero las ayudas públicas al desarrollo de banda ancha, cómo quedarán y cuántas localidades se verán afectadas. En segundo lugar, la posición de los operadores privados y sus inversiones de red. Por último, qué alternativas hay en Cataluña para el desarrollo tecnológico y de un internet de alta velocidad.
En cuanto a las ayudas públicas, y sin entrar en la polémica sobre la propia financiación del Estado y quién aporta más, la situación en estos momentos es clara. Hace unos meses se aprobó una nueva convocatoria de ayudas para la extensión de la banda ancha de nueva generación a zonas rurales sin conexión de internet de muy alta velocidad (más de 100 Mb/s) por importe de 100 millones de euros para 2017.
Así, a estas nuevas ayudas para el Programa de Extensión de la Banda Ancha de Nueva Generación (PEBA-NGA) podrán optar los operadores de telefonía en régimen de concurrencia competitiva. El objetivo es acelerar la extensión de la cobertura de las redes públicas de comunicaciones electrónicas a aquellas localidades que carecen de la misma.
Las ayudas incluidas en el PEBA desde el año 2013 permitirán dar acceso a internet a muy alta velocidad a 2,8 millones de hogares y empresas de 2.901 entidades de población. En Cataluña esta cifra se sitúa por encima de los 400 municipios, a lo que hay que sumar que algunas localidades tienen diversas entidades singulares dentro de la misma localidad. Por lo tanto, ¿qué sucedería en caso de desconexión? ¿Está preparada Cataluña para dar soporte y ayuda a tantas regiones? Y lo más importante, las empresas que desplegarán la red estarán interesadas en hacerlo.
La pelota en casa de los operadores
La compensación de estas ayudas y el posterior despliegue lo deben de llevar a cabo los operadores. Así, Telefónica, Orange y Vodafone son quienes reciben el aporte económico y luego trabajan. ¿Pero cómo valoran la situación?
Públicamente ningún operador se ha manifestado. Ni sobre las ayudas y cómo concurrirán a ellas; ni sobre la hipotética desconexión de Cataluña. Aunque para ellos se trata de algo esencial. El despliegue de infraestructuras es clave en el negocio de las telecomunicaciones, y eso requiere certidumbre para amortizar la inversión. Parece poco probable que ningún operador fuese a invertir en una región donde no se sabe lo que pasará. Sobre todo en las zonas de difícil acceso, que, precisamente, son las que más ayudas necesitan.
Sin lo grandes, solo hay OMVs
Como todo el procés en sí mismo, la falta de claridad es lo que abunda. ¿Pero qué sucedería si los tres grandes operadores con red, Telefónica, Orange y Vodafone, dieran la espalda a Cataluña?
Las redes ya están. Eso no es problema. Pero Carles Puigdemont debe saber que no hay ninguna compañía en Cataluña que tenga capacidad suficiente para abrir zanjas y meter fibra. Y lo más parecido que tienen es un operador virtual (OMV), Parlem, que incluso quiere abrir su línea de negocio en territorio español.
Así, las cifras son claras. En Barcelona casi 200 municipios se verían en la incertidumbre de no tener ayudas para el desarrollo de banda ancha de muy alta velocidad. Más de 90 en Gerona; y más de 120 entre Lérida y Tarragona. El futuro de Cataluña también se juega en la red.
