El Consejo General de Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria ha alertado este martes de que las últimas medidas aprobadas por el Gobierno en materia de vivienda para hacer frente al coronavirus abren la puerta a afectar a la propiedad de titularidad privada incidiendo en el derecho a la propiedad privada.
Así, en un comunicado, ha recordado que esto solo puede hacerse a través de procesos expropiatorios. El presidente del Consejo General de Apis, Gerard Duelo, ha remarcado que la normativa incide de forma directa en el derecho a la propiedad privada y que no se describe cuál es la vinculación de la crisis sanitaria con el colectivo de destinatarios del programa de ayudas.
Duelo ha señalado que «parece que el Gobierno está utilizando el estado de alarma para legislar, por medio de una norma de rango normativo inapropiado, sobre materias que no deberían hacerlo al afectar a un derecho fundamental como es el del derecho a la propiedad privada». Por ello, dice dudar de la constitucionalidad de la medida.
«La aparente habilitación que el Real Decreto-Ley otorga a la norma ministerial para adoptar medidas que afectan de forma clara a un derecho fundamental resulta insuficiente para salvar la inconstitucionalidad que se aprecia y, por otro lado, se escapa claramente a la finalidad del propio Decreto-Ley, que no es otro que abordar las necesidades surgidas como consecuencia directa del coronavirus», ha añadido.
A pesar de ello, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha señalado que el nuevo programa de ayudas al alquiler, que contempla poner viviendas públicas o privadas cedidas a disposición de las víctimas de violencia de género y personas desahuciadas, «no permite la expropiación de viviendas ni de segundas residencias».
