Las restricciones a la movilidad decretadas por el Gobierno para contener la expansión del coronavirus no ponen las cosas fáciles a uno de los sectores esenciales y primer eslabón de la cadena alimentaria: la agricultura. Desde el primer momento el objetivo ha sido “no dejar la fruta en los árboles”, recuerda Ramón Espinosa, secretario técnico de Asaja Alicante, y suscribe el colectivo de trabajadores del campo. Para cumplir con este propósito, agricultores y temporeros de toda la geografía nacional echan mano de ingenio para sortear muchas de las dificultades que ocasiona el covid-19. En la provincia de Alicante no faltan los temporeros, pero el transporte para realizar la recolección está generando fuertes quebraderos de cabeza.
Se avecina la recolección de fruta de hueso, fruta dulce y hortalizas. El ministro de Agricultura, Luis Planas, anunció el pasado 7 de abril medidas para la flexibilización de contratación de mano de obra en el campo, que los agricultores esperaban ‘como agua de mayo’. Pasados los días, sobre el terreno, las medidas resultan insuficientes: los temporeros deben llegar a las fincas para poder trabajar. “Gente disponible sí que hay, tanto demanda de empleo española como extranjera con permisos de residencia, pero encontramos serios problemas con las restricciones de movilidad”, afirma Espinosa.
Sin el transporte al punto de recolección la campaña es inviable. Y no se trata tampoco de un problema de distancia. “La campaña del níspero, la más temprana, la hemos conseguido sortear”, prosigue Espinosa, el llamamiento para reclutar trabajadores se ha saldado con éxito en esta zona, “en concreto, junto a la principal comarca productora del níspero, la Marina Baixa, se sitúan localidades como Benidorm, Altea o Calpe, donde residen muchos trabajadores fijos discontinuos del sector del turismo, que se ofrecen para el desempeño de tareas agrícolas gracias a la compatibilización de subsidios”, facilitada desde el Gobierno.
Lo mismo ocurre en el caso de la cereza de la montaña de Alicante, cuya campaña comienza en mayo, tampoco faltan temporeros, “porque vienen los trabajadores que han terminado la campaña de cítricos”, es decir, son los mismos trabajadores que encadenan varias campañas. La cuestión es que, aunque sean trayectos que en muchas ocasiones no superan los 50 km, todos, tienen que desplazarse. El principal hándicap para coger la fruta este año es el transporte.
NUEVAS FÓRMULAS COMO AUTOBUSES ESCOLARES
Dado que las nuevas formas de acceder al punto de recolección implican mantener unas distancias de seguridad, la organización agraria explica que los costes de la mano de obra para el productor se van a duplicar a causa del transporte. La aplicación de estas medidas de carácter sanitario se traduce en autobuses al 30% de su capacidad, es decir, hasta 17 trabajadores en vehículos de unas 50 plazas; dos ocupantes en un coche y tres por furgoneta de nueve plazas. El número de vehículos se multiplica.
Asaja Alicante anticipa escenarios y propone varias opciones para rebajar el coste del transporte y, en consecuencia, garantizar el abastecimiento. Una de estas propuestas para hacer factible la recogida de la fruta es emplear empresas de autobuses escolares obligadas a aplicar un ERTE para “canalizar de forma ordenada” el traslado de personas “y que salgan las cuentas” para los productores. Para ello la organización agraria propone “articular mecanismos para que no se disparen los costes de producción” como por ejemplo, “subvenciones a las empresas de transporte escolar que quieran trabajar, para facilitar el acceso de la mano de obra a los campos”.
Las medidas adoptadas por el Ministerio de Agricultura generan costes inasumibles para los agricultores tal y como están planteadas. Desde Asaja se promueve flexibilizar las distancias de seguridad en los desplazamientos, garantizando el empleo correcto de equipos de protección individual (EPIs) o que el Gobierno destine ayudas para sufragar el gasto en un mayor número de empresas de transporte, que están de acuerdo con la iniciativa.
La idea se presentará por escrito al Gobierno por Asaja y la Asociación Nacional de Transporte de Autobuses con el fin de facilitar una solución.
Si los costes de producción se disparan, este incremento acabará repercutiendo en el precio final que paga el consumidor. Y pese a que el “proceso ahora está lleno de dificultades y no trabajamos en una situación normal”, es imprescindible “garantizar la actividad esencial del abastecimiento” además de “mantener la estructura y clientes del negocio exportador que pone en valor a España como país productor de alimentos, que debe seguir funcionando cuando todo esto acabe”, argumenta Espinosa. El 60% de la producción de cítricos, frutas y hortalizas se destinan a la exportación, tanto dentro de la UE, como de terceros países.
