El Banco de España saca el hacha de guerra para evitar que haya abusos en la comercialización de los avales del ICO aprobados por el Gobierno para paliar los efectos económicos del Covid-19 en empresas y autónomos, y que están disponibles desde este lunes.
El organismo que preside Pablo Hernández de Cos considera «de vital importancia» para la economía de nuestro país en estos momentos que los avales del Estado aprobados por el Gobierno para facilitar el mantenimiento del empleo y paliar los efectos económicos del covid-19 sean comercializados por las entidades financieras «en estricto cumplimiento» tanto de las condiciones y requisitos fijados en la normativa que los regula como de los criterios de buenas prácticas bancarias.
El aviso llega después de que los mediadores de seguros acusaran a la banca de aprovechar la concesión de las líneas de créditos avalados por el ICO para forzar a sus clientes a vincular estos préstamos con la contratación de seguros del propio banco, según manifiestan los afectados en distintas plataformas y redes sociales.
REVISARÁ LAS BUENAS PRÁCTICAS
Por eso el BdE revisará que las entidades financieras cumplan la normativa y las buenas prácticas bancarias y les pide que la aprobación y difusión en su red de los correspondientes protocolos de comercialización se ajusten a dichas condiciones y que establezcan los sistemas de control interno necesarios para garantizar en todo momento el cumplimiento de los requisitos aplicables. Ya que los va a verificar y efectuará, en su caso, la revisión de operaciones concretas para comprobar su adecuación a la normativa de aplicación.
El supervisor bancario español ha recordado que, sin perjuicio de la atención telefónica y el canal de consultas del ICO, las discrepancias sobre la comercialización de los avales pueden plantearse ante el servicio de atención al cliente o defensor del cliente de la entidad comercializadora.
Precisamente este lunes, el presidente del Instituto Oficial de Crédito (ICO), José Carlos García de Quevedo Ruiz, ha advertido de que las entidades financieras no pueden exigir a las empresas o a los autónomos la contratación de productos o servicios adicionales a cambio de conceder estas líneas de liquidez.
HASTA 100.000€
También ha remarcado que estas líneas, cuyo primer tramo desbloqueado asciende a 20.000 millones de euros pero que se enmarca en un programa de 100.000 millones de euros, no pueden destinarse a refinanciar créditos activos ni para amortizar otros preexistentes.
Asimismo, las entidades asociadas a la Asociación Española de Banca (AEB), CECA y Unacc se han comprometido a asegurar una aplicación rigurosa de las condiciones aplicables a las líneas de liquidez con avales públicos incluidas en el real decreto ley aprobado el pasado 24 de marzo por el Gobierno sobre medidas urgentes en el ámbito económico para mitigar el impacto del coronavirus Covid-19.
