La crisis originada por el coronavirus podría impedir casi 1,7 millones de ofertas laborales y posponer cerca de 1,3 millones de despidos, con la posibilidad de que éstos se produjeran «de golpe» una vez superada la emergencia sanitaria, según un trabajo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea).
El estudio, realizado por los profesores Florentino Felgueroso, José Ignacio García Pérez y Sergi Jiménez, estima los efectos de la pandemia del Covid-19 sobre el empleo y los flujos de entrada y salida en el mismo.
Sirviéndose de datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) y de la Muestra Continua de Vidas Laborales, los autores calculan que, en un primer momento, con la declaración del estado de alarma, se vieron afectados cerca de 3,3 millones de trabajadores procedentes en su mayoría del comercio minorista, la hostelería y muchos servicios presenciales.
Posteriormente, al extenderse el confinamiento a muchos otros sectores considerados no esenciales, el número total de empleos afectados por la crisis del Covid-19 ha aumentado hasta los 9,2 millones, si bien a esta cantidad habría que restarle los trabajadores que están prestando sus servicios a distancia o teletrabajando, cuyo número se desconoce.
Además de estos efectos directos sobre la ocupación, Fedea advierte de que la crisis sanitaria afectará también a los flujos de entrada y salida en el empleo, «tendiendo a congelarlos en los sectores afectados por el parón», ya que no podrán contratar trabajadores justo en un periodo de tiempo donde el empleo aumenta con «especial intensidad».
Por otro lado, Fedea señala que las medidas de urgencia establecidas por el Gobierno «tienden a congelar también los flujos de salida del empleo, dificultando los despidos y obligando a la renovación de los contratos temporales«, de forma que la crisis podría impedir la salida al mercado laboral de casi 1,7 millones de ofertas y retrasar en el tiempo unos 1,3 millones de ceses.
De esta forma, los autores avisan de que la crisis «tendrá previsiblemente efectos adversos importantes», aunque en buena medida «indirectos», sobre tres colectivos que podrían no estar bien cubiertos por las medidas adoptadas por el Gobierno: parados de larga duración sin prestaciones; las personas que entran al mercado laboral -que se encontrarán «con un mercado de trabajo muy debilitado o simplemente no lograrán ingresar»-, y los trabajadores de mayor edad, que podrían quedar excluidos del mundo del trabajo de forma permanente.
En este sentido, en el estudio se pide proteger a estos colectivos y para ello entienden que podría ser necesario establecer de manera temporal «una renta mínima de amplia cobertura y duración«, así como reforzar las políticas activas de empleo y mejorar su eficacia.
Asimismo, Fedea reclama la necesidad de mejorar las estadísticas de empleo para hacer posible el seguimiento de la crisis y la efectividad de las medidas tomadas para paliarla. En su opinión, los datos que se publican, que llevan además un decalaje «considerable», no ofrecen demasiada información sobre los mecanismos de ajuste que se están utilizando.
Es el caso, apuntan, de los trabajadores incluidos en expedientes de regulación de empleo temporales (ERTEs), ya que no figurarán entre los parados registrados, pero sí se incluirán en el número de demandantes.
Tampoco se reflejarán en las bajas de afiliación a la Seguridad Social (aunque sí en el número en suspensión), ni aparecerán como desempleados en la EPA al considerarlos ocupados que no han trabajado en la semana de referencia.
