Muchos debates tecnológicos que se dan en España no suelen llegar a la población. Al final, las empresas, como eje tractor de la economía se encargan de realizar las cosas, y todos contentos. Pero con la tecnología móvil hay un hándicap: el espectro radioeléctrico es público. Esto supone que deba ser el Gobierno el encargado de su gestión. Y desde el grupo parlamentario de Ciudadanos no quieren que caiga en el olvido todo lo relacionado con el 5G.
Esta tecnología, que suplirá al 4G, y que mejorará prestaciones de latencia y velocidad en las conexiones móviles, debe llegar en breve. Pero esa brevedad se ha puesto en entredicho con las declaraciones del ministro de Agenda Digital, Álvaro Nadal, que esta semana en el ‘Encuentro de Economía Digital’ de Santander ha manifestado que no hay prisa ninguna.
Es relativo. La propia Unión Europea marca unas fechas, en concreto 2020 para que se liciten las frecuencias de espectro donde mejor funciona el 5G. A lo que hace referencia el ministro es que, por ahora, ni hay modelo de licitación ni fechas. Tan solo han lanzado una consulta pública para saber qué opinan los actores implicados, y ya está.
Por este motivo, desde el grupo parlamentario de Ciudadanos han realizado en el Congreso una pregunta por escrito para instar al Gobierno a que aclare cuál será el futuro del 5G, y qué planes hay para desarrollar aspectos relacionados como el internet de las cosas.
Cuánto se gastará… y cuánto recaudará
Así, con las cartas sobre la mesa, el diputado Vicente Ten plantea unas preguntas muy claras en el parlamento:
- ¿Cómo piensa el gobierno incentivar el desarrollo de aplicaciones tecnológicas del internet de las cosas en nuestro país?
- ¿Qué importe piensa destinar el gobierno al desarrollo del 5G y qué partida presupuestaria emplearía para ello?
- ¿Cuál ha sido el resultado de la consulta pública sobre el Plan Nacional de 5G?
Pero la formación naranja debe saber que las respuestas no serán sencillas. Y es más, se podría preguntar sobre otras cuestiones que atañen a la forma en que se subastará el espectro y cómo será la recaudación. Vayamos por partes.
Sobre el incentivo y el gasto, el Gobierno poco puede hacer. Al final son las empresas privadas las que llevarán a cabo la gestión y el desarrollo. Sin ir más lejos, hace unas semanas Merca2 se hizo eco sobre el internet de las cosas comercial que desarrolla Vodafone en España y que, por el momento, iba más lento de lo pensado. Pero se trata de una cuestión privada.
Aquí el Ejecutivo tan solo juega la baza de ser un cliente más y adaptar esa tecnología para mejorar la vida de las personas. Pero tampoco puede hacer una acción directa de inversión y que repercuta en algo.
En cuanto a la consulta, por el momento no ha trascendido, y, en principio, el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda digital deberá hacer públicas las demandas que hayan requerido empresas, organizaciones y patronales. Aunque siempre serán intereses particulares. Donde sí hay que inquirir al Gobierno es en el tipo de subasta y si favorecerá a alguien.
El efecto MásMóvil… y otros casos
Como se trata de una gestión de bienes públicos, el espectro radioeléctrico, en este caso la banda de 700 Mhz, se deberá adjudicar de forma pública, y las empresas tendrán que pujar. Pero aquí hay múltiples escenarios: concurso, subasta o adjudicación directa. Incluso, también dependerá del spectrum cap (límite de espectro) que ponga el Ministerio sobre las frecuencias y que puedan ser otorgadas “a dedo” a los operadores para que haya una mejor competencia, o como reclaman desde Aotec, que todos puedan competir.
¿Pero de cuánto dinero hablamos? En la subasta del 4G de 2011 , el gasto total en frecuencias fue de 1.647 millones. Telefónica (668M), Vodafone (518M) y Orange (437M). Aunque no fue todo íntegro en la banda de 800 Mhz, también se hicieron con lotes superiores. Como Yoigo. Además de adjudicaciones territoriales que ha habido más tarde.
¿Y por qué efecto MásMóvil? Porque el operador amarillo debe ser la alternativa a los grandes, así como el dinamizador del mercado. Pero su posición económica no le permite ir a una subasta directa, aunque para el Gobierno es lo más favorable, puesto que le permite obtener más ingresos. Por lo tanto, lo que Ciudadanos debe controlar al Gobierno es la fórmula que se utilizará para repartir las bandas de frecuencias que mejor se adapten al 5G.
Ciudadanos, vigilante tecnológico
Esta pregunta en el Congreso por parte de Ciudadanos no es una novedad. El grupo ya inquirió al Gobierno de Rajoy el pasado mes de junio sobre la banda ancha y su desarrollo en España. Aunque la situación es similar: son las empresas privadas las que deben encargarse.
Tanto en el desarrollo del 5G como en la banda ancha, son los operadores quienes deben sacar la chequera. Si bien el Gobierno central y las administraciones pueden facilitar la tarea, la única realidad es que las telecomunicaciones dependen de tres gigantes: Telefónica, Vodafone y Orange, que en base a su rentabilidad dirán cuándo se tira cable… y cuando no.
