Las grandes energéticas aportarán casi 203 millones de euros en 2020 al Fondo Nacional de Eficiencia Energética, de los cuales la mayor parte corresponderán a Repsol, Endesa, Cepsa y Naturgy, las cuatro compañías que más energía venden en España. Este Fondo permite la puesta en marcha de mecanismos de apoyo económico y financiero, asistencia técnica, formación e información y otras medidas para aumentar la eficiencia energética en los diferentes sectores.
En concreto, Repsol, a través de todas sus filiales, aportará casi 41 millones de euros al fondo, mientras que Endesa contribuirá con unos 27,4 millones de euros, Cepsa, con algo más de 23 millones de euros o Naturgy, con más de 22 millones de euros, según consta en la orden del Ministerio para la Transición Ecológica publicada este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) por la que se establece las obligaciones de aportación al fondo para el próximo año.
Además de estas tres compañías, destaca la aportación al fondo por parte de Iberdrola, con unos 15,9 millones de euros, BP, con unos 13,5 millones de euros, y Galp, con 9,25 millones de euros.
Se trata de un sistema nacional de obligaciones de eficiencia energética en virtud del cual se asigna a las empresas comercializadoras de gas y electricidad, a los operadores de productos petrolíferos al por mayor, y a los operadores de gases licuados de petróleo al por mayor, una cuota anual de ahorro energético denominada obligación de ahorro
La aportación obligatoria al fondo, creado en 2014, se establece, conforme a la metodología diseñada por el Gobierno, en proporción al volumen de ventas de energía. En este caso se ha tenido en cuenta los datos correspondientes a 2018.
En la orden, para el año 2020 se establece un objetivo de ahorro agregado de 262 kilotoneladas equivalentes de petróleo (ktep) o 3.046,51 gigavatios (GWh).
Así, la equivalencia financiera para este ejercicio se establece en 0,789728 millones de euros por ktep ahorrado, o 67.916,58 euros por GWh ahorrado.
En el caso del sector eléctrico, se computa la energía vendida al consumidor final, mientras que en el de los operadores petrolíferos al por mayor se contabiliza la energía vendida al nivel nacional para su posterior distribución al por menor y a consumidores finales durante ese año.
Para realizar la asignación, el Ministerio para la Transición Ecológica ofrece un desglose de la energía vendida por cada empresa, así como su porcentaje sobre las ventas totales. A partir de ese criterio, se reparte entre las distintas empresas el coste total del fondo de eficiencia.
RECURSOS ANTE EL SUPREMO
Este mecanismo de pago obligatorio ha sido muy cuestionado por parte de las empresas comercializadoras, incluso legalmente, por considerarlo un mero instrumento recaudatorio que no garantiza que se alcancen los objetivos de ahorro energético establecidos para el periodo 2014-2020 en España.
Las empresas del sector energético obligadas a realizar estas aportaciones han venido recurriendo ante el Tribunal Supremo, por separado o a través de asociaciones empresariales, las cantidades que se les ha obligado a aportar al fondo en los últimos años.
No obstante, el Supremo ha venido desestimando los recursos de las energéticas y ha respaldado el sistema por el este grupo de cientos de empresas pagan estos más de 200 millones anuales.
