Este jueves ha aflorado la oposición que existe dentro del Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos. Las discrepancias han surgido ante la posible aprobación de una moratoria en el pago de las cuotas del alquiler, tras aprobarse el pasado miércoles el Real Decreto-ley 8/2020 que recoge la moratoria en el pago de las cuotas de la hipoteca.
La vicepresidenta para Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha insistido en que una moratoria en el pago de las cuotas del alquiler, como se ha hecho con las hipotecas para sectores vulnerables, perjudicaría a un gran número de ciudadanos que son arrendadores.
Para Calviño, el 96,4% del parque de vivienda en alquiler en España está en manos de particulares, y solo cerca de un 4% corresponde a los grandes tenedores. De hecho, la vicepresidenta critica que en este caso «no tienes en el otro lado a un banco«, sino a un ciudadano que puede haber alquilado su vivienda y que, por tanto, se vería afectado por una moratoria en el pago.
En declaraciones a MERCA2, el presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios del Colegio de Economistas de Madrid, Julián Salcedo, asegura que “la aprobación de una moratoria para los alquileres es una absoluta necesidad, más aún si cabe que para las hipotecas, pues los ocupantes de las viviendas en alquiler normalmente son mucho más vulnerables que los hipotecados, y sus efectos resultarían desastrosos para la estabilidad social en momentos como los actuales”.
Sin embargo, critica que “no se puede pretender que el pagano de la película sean los bancos, ni los grandes tenedores de vivienda, ni mucho menos los particulares que complementan sus exiguos ingresos con la pequeña renta de una modesta vivienda en la que depositaron los ahorros de toda una vida. Para eso, precisamente para eso, está el Estado, cuando se le necesita verdaderamente, en una situación de excepcionalidad lo más parecido a una guerra, como garante último de los ciudadanos”.
CAÍDA EN LA OFERTA DE ALQUILER
En declaraciones para este medio, el director de Estudios de pisos.com, Ferran Font, asegura que, como expone Nadia Calviño, “esta medida podría conllevar cierta reducción de la oferta de alquiler al traspasarse a la venta, y que detrás de cada contrato de alquiler hay, en la gran mayoría de casos, un propietario particular”.
“Si bien es cierto que todas las decisiones tienen pros y contras, sorprende que un Gobierno tan intervencionista hasta ahora en materia de alquiler no haya entrado a intervenir en el pago de las rentas, ni en VPO, ni en las familias en dificultades o en los alquileres de locales de las pymes que entren en riesgo”, y añade que “si bien es necesario tomar decisiones rápidamente, también lo es que estas sean acertadas”.
TRASLACIÓN INJUSTA AL CIUDADANO
Según ha explicado a MERCA2 el presidente de Alquiler Seguro, Gustavo Rossi, “hay que tener cuidado con la moratoria en el pago del alquiler porque esa renta supone el pago corriente de otro particular”. Y denuncia que es “injusta esta traslación de la responsabilidad del Gobierno al ciudadano”.
Rossi alerta de que el alquiler en España “está entre particulares y no hay que aplicar ninguna medida intervencionista, ya que es un mercado muy sensible que se autorregula”. Además, destaca la solidaridad que se está encontrando entre los clientes de Alquiler Seguro que, en un acto de generosidad, han decidido tomar medidas para favorecer a sus arrendatarios.
Por otro lado, Gustavo Rossi explica que, desde el punto de vista técnico, es inviable aplicar la moratoria de pago en el mercado del alquiler, ya que no es un sector profesionalizado, sino que son particulares que han invertido sus ahorros en una vivienda.
«MEDIDAS DE VERDAD»
Para Julián Salcedo, existen medidas sociales reales, propias de un Estado garantizador de los derechos de todos sus ciudadanos. “Lo demás son medias tintas que tendrán que ir ampliándose paso a paso, hasta que la realidad se imponga”, asegura.
Una de las medidas que propone Salcedo es que “el Estado debe no solo no exigir dotación de provisiones a las entidades financieras por estos impagos de hipotecas, sino suspender el pago de intereses moratorios, y prorrogar el vencimiento de los préstamos hipotecarios, si así lo solicitan los prestatarios, durante el tiempo de duración de la moratoria, habilitando los avales y liquidez necesarios a las entidades».
De igual manera, apuesta por una moratoria para aplazamiento en el pago de los alquileres, por el mismo plazo, sí así lo solicita el arrendatario, de seis meses mínimo, prorrogable hasta un año, concediendo avales el gobierno y las comunidades autónomas, de forma que los propietarios no vean resentirse sus ingresos. El importe de los anticipos podría graduarse desde un mínimo del 50% del alquiler hasta un máximo del 75%, que sería reembolsado sin intereses por el arrendador al normalizarse la situación económica.
AYUDA PÚBLICA
Por otro lado, según ha informado a MERCA2 el portavoz de Facua, Rubén Sánchez, reclaman una línea de ayudas públicas al alquiler dirigidas a usuarios que puedan tener perfiles similares a los que se van a beneficiar de las moratorias de las hipotecas.
“Una moratoria podría causar un perjuicio importante a propietarios que solo tienen una segunda residencia que alquilan, que incluso puede estar hipotecada. Creemos que la vía más factible es una línea de crédito del Gobierno que subvencione la totalidad o una parte de la renta”.
