Quizá contagiado por el optimismo que respira el sector fotovoltaico y las expectativas previstas en el marco del PNIEC (Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030) para la industria solar, un representante del Ministerio para Transición Ecológica (MITECO) anunciaba la semana pasada, en un evento profesional organizado por Soltec y UNEF, que «de inmediato se pondrán en marcha los primeros convenios de la transición justa en las zonas afectadas por el cierre del carbón». El interlocutor era Antxon Olabe, asesor en el gabinete de la vicepresidenta y ministra Teresa Ribera, y también al frente de la Estrategia para la Descarbonización del Ministerio.
Desde el MITECO confirmaban a MERCA2 que la cosa no era exactamente así y matizaban las palabras de Olabe: “en los próximos días se firmarán los protocolos de actuación en las comarcas por el impacto del cierre de minas de carbón o el cese de la actividad de las centrales térmicas”. Estos protocolos suponen “el paso previo a la puesta en marcha de los convenios” y se firman con las Comunidades Autónomas donde se ubican estas áreas perjudicadas. Los convenios y los protocolos previos no son lo mismo.
Por tanto, ni se han precipitado los acontecimientos, ni se ha avanzado en los plazos. De hecho la ministra Ribera expuso el 19 de febrero, durante su comparecencia en la comisión del ramo en el Congreso, que los convenios de transición justa para las zonas afectadas por los cierres de las centrales térmicas estarán listos “en dos meses”.
Olabe recordaba que las medidas contra el impacto negativo en estas zonas sensibles al cambio de modelo energético “representan una de las grandes prioridades políticas y van a marcar la agenda” del Gobierno, pero lo cierto es que los plazos no se han movido.
TRANSICIÓN MÁS LENTA QUE JUSTA
Si bien desde el MITECO se traslada que los convenios de la transición justa serán una realidad, como muy tarde en junio, fuentes sindicales no creen que antes de septiembre se vaya a firmar alguno de estos acuerdos. “Si en Asturias -una de las zonas más afectadas- se firmase en septiembre ya sería un éxito”, informan fuentes consultadas por MERCA2.
Los protocolos que se suscribirán los próximos días marcarán los plazos, formalizarán los procedimientos para presentar proyectos y la manera de canalizar las aportaciones recogidas en el proceso de participación pública abierto a todos los actores implicados. Pero estos documentos representan sólo la antesala del convenio en sí mismo, que deben contener proyectos concretos – acciones, presupuestos, cronogramas, empleo y posibles fuentes de financiación-.
Expertos del sector preguntados por MERCA2 han afirmado que todavía se están ejecutando ayudas correspondientes a los Fondos Mineros 2013- 2018 destinados a mejoras en equipamientos como actuaciones de eficiencia energética en viviendas de municipios mineros o mejoras de redes en polígonos y zonas industriales. Esta línea de ayudas invierte unos 100 millones de euros en 70 proyectos en Asturias.
Las mismas fuentes aseguran que, al estar en ejecución estas primeras ayudas, también se está retrasando la llegada de otras asignadas, por valor de 250 millones de euros para el período 2019-2023, en el contexto del Acuerdo Marco de la Minería.
“Casi un año sin Gobierno y todavía con presupuestos prorrogados” comentan fuentes sindicales, “los planes inscritos en la transición justa registran más que un retraso, y así debemos expresarlo, porque decir que se anticipan o que van en plazo sólo contribuye a generar falsas expectativas en las zonas afectadas y a provocar frustración.”
CONVENIOS DE TRANSICIÓN JUSTA
Estos pactos o convenios están planteados por el MITECO para aquellas comarcas donde la transición energética y ecológica pueda suponer dificultades para la actividad económica y las empresas. Estos convenios articularán un plan de acción orientado a generar proyectos integrales de desarrollo territorial que garanticen el empleo a medio y largo plazo, y dinamicen la transición hacia un nuevo escenario productivo.
El objetivo del Gobierno con estos convenios es animar y canalizar la participación de los diferentes actores implicados: empresas, organizaciones sindicales, universidades, centros educativos, asociaciones y organizaciones ambientales no gubernamentales así como las distintas Administraciones, donde las entidades locales están llamadas a desempeñar un papel fundamental. Este planteamiento permite la combinación de participación social y profesionalización del proceso.
Para la realización de Convenios de Transición urgentes el Gobierno ha habilitado 130 millones en líneas de ayuda para el marco 2019-2021.
HORIZONTE 2030
Para el representante del MITECO la transición justa es una pieza clave para completar con éxito el nuevo puzle energético. La generación y consumo de renovables pero, sobre todo, la reducción de emisiones, primero, y la anhelada descabonización de la economía, después, conlleva la necesaria clausura de una fuente de energía fósil antaño estratégica para España, el carbón.
En este sentido, durante su intervención el foro sobre proyectos solares, Olabe ha destacado “la penetración extraordinaria de la fotovoltaica en el PNIEC” y señalaba que “lo mejor valorado por la UE es que hayamos pasado en 10 puntos al objetivo de energía renovable consumida para Europa (32%), hasta un 42% muy relevante”, indicaba.
Del 74% de generación eléctrica con renovables marcada por el PNIEC para 2030, “la fotovoltaica aportará una parte fundamental”, ha comentado el asesor del MITECO. “Entre 2021 y 2030 vamos hacia una España completamente neutra y hay que hacer un barrido del escenario actual con una penetración enorme de renovables para alcanzar la neutralidad”.
Según Olabe, el stop and go se ha terminado en las renovables, “tendremos que ver cómo hacemos de España una potencia fotovoltaica”, concluye.
